MANIFIESTO A LA NACIÓN
La Patria y el pueblo de México se encuentran ante el grave peligro de ser despojados de los bienes energéticos que le corresponden y que han sido base de su desarrollo desde que en 1938 Lázaro Cárdenas expropiara a las compañías petroleras. Sí las potencias imperialistas, la oligarquía mexicana y su clase política vende patrias, representada por el PRI, el PAN, logran su cometido: modificar los artículos 27 y 28 constitucionales, se cancelaría toda posibilidad de desarrollo nacional independiente y de justicia social.
A pesar del robo, el saqueo, la corrupción, la malversación de la renta petrolera y el desmantelamiento al que PEMEX ha sido sometido durante los gobiernos del neoliberalismo, la renta petrolera es hoy la principal fuente de ingresos del Estado y el principal sostén de sus políticas sociales.
Permitir, hoy, las modificaciones constitucionales planteadas en la iniciativa de reforma energética presentada por el ejecutivo implicaría dejar al país en condiciones totales desamparo, de dependencia frente a las potencias internacionales y más temprano que tarde se llevaría al país a la quiebra pues el uso de sus recursos naturales quedaría al capricho y conveniencia de agentes privados.
Modificar la Constitución, significa regresar a los tiempos anteriores a la expropiación petrolera realizada por el General Lázaro Cárdenas en 1938, cuando las empresas extranjeras lo dominaban todo para sus propios intereses. Significa, ni más ni menos, quitar el carácter de estratégico para el Estado mexicano a la industria petrolera y energética. En el fondo se trata de una contrarreforma que traiciona los ideales de mujeres y hombres que han luchado por darnos un país más justo y equitativo.
Modernizar la industria petrolera y energética para orientarla al fortalecimiento de nuestra soberanía no requiere modificar la Constitución para desplazar al Estado del conjunto de actividades de su cadena productiva. Quien así lo asegure está tratando ingenuamente de hacernos creer una monumental mentira surgida de la demagogia gubernamental y de sus repetidores en los medios de comunicación.
Procurar el mejoramiento de la calidad de vida de las y los mexicanos, con base en un modelo de desarrollo independiente, sustentado en la productividad de los trabajadores del campo y la ciudad, en la permanente búsqueda de la igualdad y en el ejercicio de los derechos sociales plasmados en la constitución requiere, más que nunca, de luchar por el respeto de la Constitución para que el petróleo y la electricidad se fortalezcan como el motor indispensable de nuestro desarrollo económico. Se requiere, al paso, revertir las privatizaciones parciales que ya están operando, acabar con la corrupción, la impunidad y administrar la industria nacional con sentido patriótico y bajo vigilancia ciudadana.
Tenemos que advertir, además, que ante la previsible disminución de los ingresos gubernamentales por el traspaso de lo que queda de la renta petrolera, el gobierno pretenderá recuperar esos recursos mediante una reforma fiscal que entre otras medidas, incremente los precios de los servicios y bienes producidos por el sector energético, aumente el IVA y, además, lo aplique a medicinas y alimentos.
Si el mal gobierno y sus aliados logran imponer los cambios a la Constitución, estarían condenando a las generaciones presentes y futuras a vivir en condiciones de mayor pobreza, hambre y miseria, el Estado estará renunciando a las herramientas con las que cualquier Gobierno responsable y patriótico quisiera contar para buscar el mejoramiento de las condiciones materiales de vida de sus ciudadanos, en aras de una vida digna como establece el texto constitucional.
A este inmoral despojo, se añade la grave situación de emergencia en que vivimos por la inseguridad y la violencia que provoca la complicidad del crimen organizado con autoridades locales y federales, y que tiene al país sumido en una guerra absurda por así convenir a los intereses del gobierno norteamericano y el gobierno mexicano, en contubernio con la oligarquía de ambos países.
Por todo lo anterior es necesario convocarnos:
A defender los recursos y las riquezas de la nación en el entendido de que constituyen la base de la independencia y la autodeterminación;
A impedir que se consumen los despojos a la Nación que pretende hacer el Gobierno que hoy sirve a los intereses de la reacción y el imperialismo; a rechazar el aumento del IVA y cualquier otro intento por despojar al pueblo de sus ingresos económicos a favor de las trasnacionales locales y extranjeras. Hoy más que nunca hay que defender el espíritu social y patriótico del texto de constitucional de 1917 e impedir los cambios a los artículos 27 y 28.
A que mujeres y hombres, jóvenes y adultos, trabajadores, amas de casa, estudiantes, pueblos y comunidades indígenas, intelectuales, artistas, campesinos, migrantes, maestros, militares, jubilados, toda y todo ciudadano amante de nuestra Patria, que, por encima de filiaciones políticas y de creencias ideológicas y religiosas, y al margen de protagonismos y de actitudes de soberbia, nos unamos todos en defensa de la Nación. Los llamamos a realizar estas protestas en un marco de la resistencia civil y la desobediencia pacífica para impedir que el gobierno consiga sus criminales pretensiones.
A implementar toda nuestra creatividad para luchar de manera conjunta y solidaria. A organizarnos desde la sociedad civil para promover la discusión, propagar información y promover el análisis acerca de los intereses que existen detrás del discurso de gobierno, a manifestarnos en nuestras comunidades, fábricas, centros educativos, instituciones de gobierno, colonias, barrios, plazas públicas para hacerle ver al Gobierno que este pueblo está dispuesto a hacer escuchar su voz y a impedir que el interés de unos cuantos domine por sobre el interés popular. A respaldar todos los esfuerzos por crear frentes, comités y coordinaciones unitarias en defensa del petróleo y otras reivindicaciones.
A hacer nuestras las luchas que hoy dan los maestros, electricistas, mineros, las y los trabajadores de Mexicana y todos aquellos que defienden su empleo. A luchar contra la violencia hacia las mujeres y a exigir justicia y castigo a los responsables de feminicidio y de trata de personas. A sumarnos a las luchas por reactivar el campo mexicano, a quienes luchan contra los megaproyectos y defienden sus culturas, sus territorios y sus bienes naturales; a quienes se enfrentan a la imposibilidad de mantener una vida digna debido a tarifas de servicios básicos que se lo impiden; a quienes luchan por la libertad de los presos políticos y contra la impunidad en los casos de desapariciones forzadas; a quienes se solidarizan con los migrantes centroamericanos, a los estudiantes en busca de oportunidades para estudiar y a quienes de diversas maneras lucha por la dignidad del pueblo.
En las actuales circunstancias, surgen voces reaccionarias, prepotentes y autoritarias que pretenden acabar con el diálogo, el derecho de manifestación, de expresión, de pensamiento y de reunión, utilizando como único argumento la violencia, a ellos les decimos que este pueblo consciente de sus derechos no tolerará salidas represivas. Llamamos a las fuerzas armadas a no dejarse arrastrar por los afanes entreguistas de quien hoy mal gobierna al país.
A la articulación de todas y todos, desde sus organizaciones y en sus territorios pero encontrándonos en la lucha, fortalecerá nuestras posibilidades de impedir que el gobierno consiga sus criminales pretensiones. De la suma de esfuerzos y de las iniciativas que todas y todos activemos hoy, depende el futuro de nuestra patria y de sus jóvenes. Luchemos en unidad.
Es el gobierno el que incumple la Constitución y el que amenaza violentar su espíritu y letra. Es él quien quiere empobrecer más a los mexicanos. Que le quede claro al gobierno de la traición nacional y a sus aliados, que al poner en riesgo la supervivencia del país con sus contrarreformas, ellos también ponen en entredicho su permanencia al frente del gobierno de la república. Que le quede claro al mal gobierno: la Patria no se vende, se ama y se defiende.
México DF, 31 de agosto 2013.
