Eje VIII. Juvenicidio y guerra contra la juventud

VIII.I Introducción

El país se encuentra en emergencia. Como se ha evidenciado en los ejes anteriores vivimos bajo un Estado incapaz de brindar una vida digna a sus habitantes, producto de más de 60 años de políticas al servicio de los intereses extranjeros recrudecidos por más de 30 años de libre comercio. Esto ha traído de manera sistemática la pérdida de la soberanía el desvío del poder a favor del mercado internacional y la intensificación de la neocolonización del país. Hemos mostrado en esta acusación el panorama de desmantelamiento de la economía y la cultura nacional, que se vive con la destrucción de las fuentes de trabajo, la educación pública, la libertad de expresión, el medio ambiente y en conjunto del tejido social. Se ha demostrado en ejes anteriores cómo el gobierno simula promover el “mejoramiento” del país con una fuerte campaña de megaproyectos que traen como consecuencia la privatización de los espacios públicos y los recursos naturales en el campo y las ciudades, donde en vez de crecimiento se viven estragos como la pérdida de empleos, sobreexplotación laboral, migración, la falta de acceso a la educación, a la salud y la vivienda, discriminación, censura, represión, devastación ambiental y afecciones a la salud.

La voracidad del modelo neoliberal mexicano antes descrito, muestra su cara más devastadora y cruda en la violencia. Esta se presenta de manera sistemática desde los años 60, pero aumentó de manera exponencial a raíz de la estrategia de seguridad militarizada funcional al estado, fundamentada en las políticas de seguridad al servicio de Estados Unidos.

VIII.II La guerra contra la juventud en general

VIII.II.I Antecedentes históricos de la guerra contra las drogas: Guerra contra el narcotráfico, Guerra contra jóvenes

La guerra contra el narcotráfico, diseñada en los años setenta en EE.UU. por el ex Presidente Richard Nixon y profundizada por Reagan, tuvo desde sus orígenes el objetivo de reprimir a la juventud rebelde. En este periodo histórico, el presidente llegó al poder con muchos flancos débiles, con protestas sociales masivas en las calles, sobretodo en las ciudades. La guerra en Vietnam había generado un movimiento estudiantil radical y fuerte, una contracultura florecía entre la juventud que rechazaba la cultura dominante, la población Afro-Americana se levantaba en defensa de sus derechos civiles y se gestionaron movimientos revolucionarios, igual que en México y otras partes del mundo en esta etapa de la historia global que se identifica con el año de 1968.

El modelo de “guerra” contra el narcotráfico de 1971 tuvo como fin criminalizar a la juventud problemática para el gobierno, especialmente a las poblaciones que más desafiaban el sistema, afros, latinos y pobres en general. La economía no proporcionaba a esta población el empleo digno que reclamaba. Crecía la desigualdad social, junto con los anhelos de cambio. La guerra contra las drogas fue un intento de distraer la atención de los problemas internos y presentar el uso y tráfico de sustancias prohibidas como la amenaza externa número uno para la sociedad.

A cuatro décadas de distancia, la estrategia ha sido alarmantemente exitosa. De 1980 a 2008, la población encarcelada cuadruplicó, a 2.3 millones de personas–con un millón de afroamericanos1, que ahora son, junto con los latinos, el 58% de la población carcelaria. La mayoría está en prisión por delitos relacionados con las drogas, y entre los jóvenes este es la causa principal muy por encima de otros delitos. La guerra contra las drogas y el encarcelamiento de jóvenes ha sido una manera eficaz de evitar estallidos sociales en una sociedad en donde hoy en día el 1% de la población posee el 40% de la riqueza nacional. El blanco de la estrategia de represión preventiva ha sido claramente la juventud.

Por otro lado, ha sido un fracaso estrepitoso en el objetivo presentado por las autoridades, que es disminuir el tráfico y el consumo de sustancias prohibidas. Los informes anuales de EEUU muestran que el consumo de drogas se modifica pero no ha bajado y en el caso de algunas drogas, está incrementando. No hay indicios de éxito en reducir el abastecimiento, a pesar de las acciones multimillonarias como Plan Colombia y Plan México (Iniciativa Mérida).

El otro “logro” de la guerra contra las drogas en EEUU ha sido la criminalización moral, por decirlo de alguna manera, de los y las jóvenes pobres. Al insinuar que una persona tenga vínculos con la droga es suficiente para aislar a la persona socialmente, y restar credibilidad y simpatía social por los justos reclamos de empleo, justicia y derechos humanos de grupos enteros de jóvenes. En este proceso, los medios masivos de comunicación juegan un papel fundamental, al fortalecer el racismo y la discriminación por edad, creando entre la gente miedo de la juventud y sobre todo de los pobres y minorías.

VIII.II.II Estrategia de seguridad y guerra en México

Durante la inauguración del Foro de Inversiones y Cooperaciones Empresarial Hispano Mexicano el 6 de diciembre de 2006, -a tan sólo 5 días de haber asumido el poder ejecutivo- Felipe Calderón utilizó por primera vez la palabra guerra: “Tengan la certeza de que mi Gobierno está trabajando fuertemente para ganar la guerra a la delincuencia, de que se aseguren y respeten los derechos de cada quien, los derechos de propiedad y de inversión, de que se combata sin tregua la corrupción y se resguarden los derechos patrimoniales de vida y de libertad de todos”. Como muestra de lo anterior, el gobierno federal mexicano lanzó inmediatamente el “Operativo Conjunto Michoacán”, con el que inaugura la guerra contra la delincuencia organizada.2

México no tiene la infraestructura para poder encarcelar a sus jóvenes rebeldes de la misma manera que lo hace EE.UU. y no tiene en la práctica las mismas garantías, así que en nuestro país la imposición del modelo de guerra contra las drogas ha tenido otras vías de aplicación pero la misma finalidad de control social. Desde 2006, el despliegue de las fuerzas armadas en territorio mexicano ha sido un elemento indispensable en la estrategia de guerra contra las drogas. Tómese en cuenta que el despliegue del ejército para este fin es una práctica que está prohibida o muy restringida en muchos países, entre ellos Estados Unidos, debido a la probabilidad de abuso de poder.

eje_viii_mapa_iMapa 1: Conflictos violentos en 2013 (Nivel nación). Fuente: Conflict barometerer 2013, elaborado por el Heidelberg Institute for Internatonal Conflict Research.

Desde entonces la militarización del país ha traído las tristes consecuencias que hoy están a la vista: más de 100 000 muertos (véase la gráfica 1); alrededor de 30 000 desaparecidos; más de 1.65 millones de desplazados internos por la violencia3; violaciones de derechos humanos; incremento en crímenes de género; acoso a los y las migrantes en territorio nacional; corrupción y colusión; deterioro del estado de derecho (Véase mapa 1).

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Gráfica 1: Defunciones por agresiones (2001-2012). Fuente: Base de datos de defunciones del INEGI.

Debido al desastre que ha implicado la guerra para México, en su candidatura Enrique Peña Nieto se deslindó de la estrategia de seguridad del entonces líder del Ejecutivo, Felipe Calderón, pero como presidente la ha perpetuado, y ha omitido hablar de la situación de seguridad nacional del país en complicidad de los medios masivos de comunicación.

El Estado mexicano no ha modificado la estrategia de seguridad, a pesar de los costos sociales y políticos que ha generado; debido a que la guerra contra el crimen organizado opera como un mecanismo de control social y no un mecanismo de combate a la delincuencia.

Este tipo de política de seguridad nacional del gobierno mexicano, en gran medida no ha cambiado, debido a la subordinación a los intereses económicos y políticos del país vecino, Estados Unidos.

La militarización -ya sea por parte del Ejército, la Marina o la nueva Gendarmería, o incluso la policía militarizada- asegura que haya fuerzas represivas en zonas críticas del país, que han abierto la puerta a nuevas relaciones entre el Estado y los poderes fácticos, con alianzas complejas entre fuerzas de seguridad, un mayor número de grupos criminales, e intereses económicos.

Entre los años 1996 y 2010, la totalidad del sistema nacional de seguridad pública consumió una suma estratosférica de dinero: 194, 500 millones de pesos. Este monto -equivalente al 30% de la fortuna de Carlos Slim- alcanzaría para reconstruir el devastado Haití; alcanzaría para la construcción de 620 mil viviendas de interés social; serviría para pagar ocho años el presupuesto de la UNAM o para construir nueve líneas del metro capitalino.

VIII.II.IIII El papel de los Estados Unidos y el TLCAN en la guerra en México

Las leyes prohibicionistas en Estados Unidos crean un gigantesco mercado negro calculado en $38 mil millones de dólares solo entre México y EEUU. Este mercado clandestino permite el flujo de cuantiosos recursos al crimen organizado, sin ninguna posibilidad de regulación, control o beneficios sociales.

Para el capitalismo la existencia de una economía subterránea tiene ventajas financieras y políticas. Por un lado, la criminalización de la droga permite una situación de vulnerabilidad y hostigamiento permanente contra la juventud frente a las fuerzas represivas del estado, y asegura que muchos de ellos pasarán tiempo tras las rejas. En la política exterior, la guerra justifica la intervención extranjera.

Por otro lado, la cantidad de dinero que fluye sin transparencia o control ha sido un factor, según economistas, en salvar el sistema financiero global de la crisis de 2008, en proveer liquidez a los bancos y como motor de movimientos especulativos de alto nivel. Los bancos transnacionales no sólo aceptan el dinero del narco, promuevan nuevas y más sofisticadas maneras de lavar el dinero y asegurar que fluya en el sistema financiero “legítimo”.

Las formas de intervención extranjera estadounidense han cambiado con la globalización de las corporaciones y de las élites internacionales (piensen en el modelo de negocios de Slim, los ex -y futuros- presidentes mexicanos formados y recibidos en las universidades de EE.UU. y presidiendo las mesas directivas de las grandes transnacionales, etc.). Normalmente ya no es necesario pagar el precio económico y político de enviar tropas a América Latina. Gobiernos como el de Peña Nieto hacen el trabajo sucio de “seguridad nacional” de EE.UU. y de asegurar el acceso a recursos naturales y mano de obra para las empresas internacionales. La “seguridad nacional” es un modelo que no asegura la seguridad del Estado ni mucho menos de la población, se orienta a la seguridad de los grandes poderes económicos.

México, laboratorio del libre comercio, se volvió también el laboratorio de estas nuevas formas de intervención bajo el pretexto de la guerra contra las drogas en 2007. En este año, a menos de un año después de que Felipe Calderón lanzara la guerra en nuestro país, el entonces presidente de EE.UU., George W. Bush anunció la Iniciativa Mérida (IM), que sigue siendo el eje de la política EEUU en el país siete años después. La IM, según el primer texto, abarca el contraterrorismo, la lucha contra el narcotráfico y la seguridad fronteriza, aunque se conoce más por la guerra contra las drogas.

Las raíces de la más reciente estrategia se encuentran en el TLCAN. La integración económica regional de México, EE.UU. y Canadá no es tanto la integración de tres naciones y economías, como un plan que corresponde a los intereses del súper-poder en medio y que pone los recursos nacionales a la disposición del sector privado transnacional. Por eso, el regocijo en EE.UU. con el paquete de reformas de Enrique Peña Nieto que atentan contra la soberanía y el bien común de México. Las reformas son el sueño de Wall Street desde el inicio de las negociaciones del TLCAN y representan todo lo que no pudieron conseguir en la etapa inicial, empezando con la privatización de PEMEX.

Como se ha dicho, el TLCAN creó las nuevas condiciones para la inversión en el país, a pesar de que su nombre hiciera énfasis en el comercio. Con estas nuevas condiciones muy favorables, transnacionales han comprado enormes extensiones de tierra, han tomado control de procesos productivos enteros, y con la más reciente expansión de las industrias extractivistas -sobre todo la minería y pronto la extracción de petróleo- han logrado quedarse con concesiones de uso de suelo en todo el territorio nacional mexicano.

Los nuevos y posibles inversionistas y los gobiernos que promuevan las inversiones tenían un problema: ¿Cómo proteger las nuevas inversiones en México- no frente al narco, porque en 2006 el narco no presentaba una amenaza económica de mayor impacto a los empresarios- sino frente a la resistencia del pueblo? La primera respuesta fue el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. La segunda fue la militarización y creación de un estado policiaco en nombre de la guerra contra el narcotráfico con el apoyo fundamental de la Iniciativa Mérida.

Los profundos cambios en uso de suelo y control de rentas y recursos que implican las reformas estructurales y los tratados de libre comercio no han sido fáciles. En todo el territorio nacional, han encontrado resistencias. En cuanto se intensifican las cambios, crece la resistencia de pueblos indígenas que no quieren ser desplazados de sus tierras sagradas, de campesinos que quieren seguir siendo campesinos, de barrios que rechazan ser centros comerciales.

Los conflictos por territorios que ha generado el modelo de guerra contra el narcotráfico se presentan como pugnas entre bandas criminales pero esta explicación oculta un conflicto más de fondo, entre los intereses del pueblo mexicano plasmados en la Constitución y los intereses del gran capital (incluyendo los del crimen organizado). En Colombia, el desplazamiento por conflictos ha dado lugar a la invasión de inversionistas transnacionales a tierras indígenas y campesinas con megaproyectos de palma, minería, y otros. Honduras sigue el mismo camino bajo el gobierno heredero del golpe de estado y la ruptura institucional de 2009. En México la correlación entre la presencia de las fuerzas armadas y un alza en la violencia y la expulsión lleva a la conclusión de que existen lugares en que al Estado le interesa propiciar la violencia y desplazamiento de la población local.

Hasta ahora el gobierno de EE. UU. ha enviado $2 mil millones de dólares en equipo, entrenamiento y servicios a México en la Iniciativa Mérida. El monto, no es despreciable, es una manifestación de una modificación en la relación en que la seguridad de los intereses de EEUU es primordial y la intervención, aunque no directamente militar, se ha profundizado en todos los niveles. Mientras tanto el objetivo se presenta como el de fortalecer el Estado de derecho y desmantelar al crimen organizado. Los resultados han sido todo lo contrario.

La guerra contra el narco en México ha permitido un grado de intervención del gobierno de EE.UU. en los asuntos de seguridad nacional de México y en las vidas cotidianas de sus ciudadanos que no tiene precedentes comparables en la historia de nuestro país. El gobierno de Felipe Calderón tras el fraude electoral que lo puso en la presidencia de la república en 2006 permitió la entrada de agencias de seguridad, de inteligencia, de espionaje, además de un número no conocido de empresas privadas de seguridad bajo contratos gubernamentales, estilo Blackwater.

Actualmente las tendencias señalan una modificación del discurso de “la guerra contra las drogas”, pero no un cambio drástico en la estrategia de seguridad. En EE.UU., la contradicción entre el discurso moralista de mano dura contra las drogas, y el fracaso, represión e hipocresía de las leyes prohibicionistas está logrando romper el consenso social en torno al modelo anti-narcótico. Dos estados han legalizado la mariguana y 19 la permiten para usos medicinal. En países de América Latina el cuestionamiento al modelo militarizado de guerra contra las drogas se extiende en este contexto.

En respuesta, las autoridades y de manera notable del Pentágono han introducido términos como “narco-insurgencia” y “narco-terrorismo” para fortalecer el argumento a favor de las políticas represivas y la militarización en el continente. A pesar de que no existen evidencias de una amenaza terrorista internacional desde la región, se prepara un discurso para justificar la Doctrina Bush de hegemonía estadounidense en la región.

Se vive un momento de muchos peligros en el país. Hace falta información y más espacios para discutir y compartir. En esta emergencia nacional el futuro del país está en juego, y este futuro es responsabilidad y patrimonio de las y los jóvenes. La guerra contra el narcotráfico es una guerra del sistema contra la juventud; en disputa están los recursos de la nación y la vida misma.

VIII.III La Economía Criminal en México

La economía del narcotráfico busca cubrir la demanda de consumo de drogas de los países desarrollados, como es el caso de Estado Unidos. Dicha producción de droga se lleva a cabo en los países subdesarrollados; el tráfico de droga a los países consumidores asegura una rentabilidad y tasa de acumulación de capital. En este sentido el narcotráfico se ha convertido en un negocio globalizado (por encima del armamentismo y de los hidrocarburos). Ello a su vez abre a los grandes narcotraficantes la posibilidad de un alto grado de concentración y centralización de poderes económicos; de expansión y racionalización de las organizaciones y operaciones; de influencia y control crecientes sobre economías y sociedades nacionales.4

El sistema de la economía criminal es capaz de corromper al sistema policial, de procuración de justicia, judicial, carcelario, a los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal, al Ejército, medios de comunicación, partidos políticos, empresarios, políticos, organismos de la sociedad civil, miembros de las iglesias o periodistas. Su poder corruptor solamente tiene el límite de su propio poder económico extraordinario, que se amplía y reproduce de manera geométrica.5

La economía del narcotráfico combina operaciones legales e ilegales. Por una parte, la operación ilegal, constituye y desarrolla el narcotráfico como empresa nacional/transnacional, con la mayor autonomía posible en la obtención de la materia prima, su procesamiento, el transporte y la comercialización. A su vez se inserta en la economía legal de la sociedad y principalmente del sistema político, beneficiando a grupos dominantes y elites dirigentes de los Estados. En el caso latinoamericano la economía criminal se ha diversificado en las inversiones económicas legales como: propiedades inmobiliarias del campo y la ciudad, explotaciones agropecuarias, construcción, comercio, servicios, recreación, deportes e industrias.6

La economía criminal en el caso mexicano ha tenido un auge indiscriminado a partir del desmantelamiento de la economía nacional y la pérdida de la soberanía que se agudizó con la firma y entrada en vigor del TLCAN en 1994.

Para el año 2010 en nuestro país la economía criminal ya superaba los ingresos generados por el petróleo, las remesas y el turismo. Además, estudios realizados en 2007 estimaban que en ese entonces el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) en México corresponde al ingreso del narcotráfico en la economía mexicana.7

Por otra parte, a nivel mundial, del negocio del narcotráfico se obtienen aproximadamente 2.1 billones de dólares de ganancias anuales, que equivalen al 3.6% del PIB mundial, según declaraciones de Antonio Antonio Mazzitelli, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.8

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó que en el sistema financiero mexicano se registra un excedente de 10 000 millones de dólares al cierre del 2011, que presuntamente provienen de actividades ilícitas.9 Según datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP) el 41 % del dinero blanqueado proviene del narcotráfico, 33 % del tráfico de personas, 20 % de la piratería y 6% del fraude.

A pesar de la ola de violencia producto de la guerra contra el narcotráfico, el flujo de inversiones extranjeras en México se ha mantenido elevado desde 2006. Según los datos del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), la Inversión Extranjera Directa (IED) en México ha aumentado y fluctuado a la alza desde el año 2000. En 2006 la IED fue de 20 888.6 mmd y en 2007 fue de 32 229.7 mmd. De 2008 a 2009 bajó de 28 278 mmd a 17 502.5 mdd debido a la crisis internacional. Para 2013, la IED fue de 39 171.6 mdd, el valor más alto registrado de inversión extranjera en México (Véase gráfica 2). Por lo tanto podemos asumir que el estado de guerra contra el narco no ha afectado los intereses de los inversionistas extranjeros, por el contrario, ha creado escenarios de control de la población y “limpieza” de los territorios.

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Gráfica 2: Inversión Extranjera Directa. Fuente: Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE).

VIII.III.I La economía criminal, la incorporación de la juventud y la niñez en sus filas

La diversificación de la economía criminal en México en el ámbito ilegal abarca diversos rubros como son: el tráfico de inmigrantes, trata de personas, venta y compra de armas, lavado de activos, drogas, etc. En este sentido, la trata de personas, ya sea para fines sexuales o laborales en condiciones de esclavitud, matrimonios forzados, tráfico de órganos y adopciones ilegales, representa la segunda fuente de ingresos de la delincuencia organizada, lo cual se refleja con un ingreso anual de 42 millones de dólares. Según la UNICEF y la Comisión de Derechos Humanos del DF, existen 70 00010 niñas y niños víctimas de diversas modalidades de trata de personas, de los cuales 30 000 niñas y niños tienen la edad de entre 10 y 14 años.11 Cifra que coloca a México como el país que lidera la trata de menores en América Latina.12

Por otro lado, según datos del 2011 en México existían aproximadamente 3 millones de niños entre 5 y 17 años que trabajan, 870 000 de ellos tienen menos de 13 años13. Se habla que nuestro país se ubica en el 34 lugar de los 164 países que tienen esclavitud moderna con aproximadamente entre 98 000 y 110 000 esclavos.14

El narcotráfico contribuye, en efecto, a la generación y a la expansión del empleo y del ingreso, y a una cierta mejora relativa de vida para un número considerable de grupos y sectores, por las actividades, inversiones y consumos que los narcotraficantes realizan directamente en sus actividades lícitas e ilícitas y por los efectos amplificadores que inducen en otras ramas y sectores de la economía nacional. Además que a la falta de oportunidades de los jóvenes que representamos el bono demográfico más alto de la historia del país, las filas del narcotráfico significan una oportunidad falsa de subsistencia para millones de jóvenes y niños.

En el 2013, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a través de las Cámara de Diputados declara que existen aproximadamente medio millón de personas en México están involucradas en el narcotráfico.15 La mayoría de las personas involucradas en el negocio de las drogas son jóvenes. Se calcula que entre 30 000 y 50 000 personas que participan en este negocio son menores de edad16, y según estudios la guerra contra el narcotráfico ha dejado alrededor de 30 000 niños y niñas realizan trabajo esclavo17 para diferentes cárteles de la droga.

VIII.III.II Estrategia de seguridad como causa de la diversificación en la economía criminal

Una característica central de la estrategia es la decapitación de las organizaciones criminales: la detención o abatimiento de quienes ejercen el liderazgo en los cárteles del narcotráfico o en organizaciones dedicadas a la extorsión o la venta de protección ilegal.

La política sistemática e indiscriminada de captura y abatimiento de capos durante la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón cambió las expectativas de los mandos medios de las organizaciones: jefes de plaza y jefes de sicarios. Frente al aumento de riesgos que significó trabajar para las grandes organizaciones criminales, muchos prefirieron abandonarlas para fundar sus propios negocios a nivel local. Estas nuevas empresas criminales se incorporaron exitosamente a los mercados de protección ilegal que emergen en contextos de violencia.

Cada vez que un capo es capturado o abatido se diluyen los contratos informales entre las cúpulas criminales y los mandos medios. Esto impacta en la distribución de las utilidades y en las relaciones de poder en las que se finca la cohesión interna de esos grupos. Las organizaciones criminales pueden tener relevos planeados de liderazgo, pueden transitar, sin dividirse, por la captura o la muerte de un líder importante. Pero cuando este tipo de eventos ocurre de manera repetida, la probabilidad de que se registren escisiones es significativamente alta.

El proceso de fragmentación de los cárteles se agudizó durante los años cuarto y quinto del sexenio de Calderón. La frecuencia de las capturas y los abatimientos detonó una dinámica de divisiones que alcanzó su punto culminante en 2011, cuando se registró la existencia —récord— de 16 cárteles activos (véase cuadro 2). La detención de Alfredo Beltrán Leyva y los abatimientos de Arturo Beltrán Leyva, Ignacio Coronel y el supuesto asesinato de Nazario Moreno, propiciaron y exacerbaron el proceso de fragmentación18.

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Cuadro 2. Cárteles en México (2006-2012)

Cuando los grupos criminales se encontraban unificados poseían una estructura económica que se abastecía en su mayoría del tráfico de drogas (principal fuente económica de los carteles). A través de la fragmentación las organizaciones criminales pierden su estructura de flujo económico y entonces deben competir con los demás grupos, que en la mayoría de los casos implica confrontaciones armadas. Para ello se necesitan ingresos, los cuales provienen de “negocios” alternos que antes no eran “necesarios” como el robo, la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas, entre muchos otros delitos, y su objetivo poblacional principal es la clase trabajadora, que no cuenta con los vínculos políticos que les permitan acceder a la justicia.

VIII.IV Deshumanización, normalización de la violencia en los jóvenes y niños

VIII.IV.I El uso de la violencia por el estado mexicano

La situación de violencia que existe en el país es una violencia fomentada y conveniente al Estado mexicano, el cual declaró la guerra contra el narcotráfico sin importar los muertos, desapariciones y demás fenómenos que provocaría tal guerra.

La guerra en contra del narcotráfico, aunada a la corrupción en los tres niveles de gobierno, así como en los poderes políticos del país, hace que la población mexicana está inmersa en un ambiente de desconfianza y deshumanización que normaliza la violencia y justifica su uso indiscriminado.

La violencia como vía de combate al crimen organizado es una estrategia fallida del Estado, aunque también le es conveniente, ya que justifica las desapariciones y asesinatos de miles de jóvenes víctimas en esta encrucijada que ha cobrado miles de vidas y desaparecidos, guerra declarada por el mismo estado mexicano al crimen organizado en 2006 y que continúa hasta estos días con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Estas son algunas de las palabras declaradas en 2010 por el entonces presidente Felipe Calderón:

Desde el primer día de mi Gobierno, hemos combatido con fuerza y con determinación al crimen organizado(…) Sé que una preocupación entre los mexicanos son los hechos violentos y las muertes que se reportan cotidianamente. (…) Y como dije desde el primer día, ésta es una lucha que costará tiempo, que costará recursos; que costará, por desgracia, vidas humanas, como las que desafortunadamente hemos perdido de esos valientes policías, soldados y marinos, quienes se han sacrificado por el bienestar y la seguridad tuya y de todos los mexicanos. 19

VIII.IV.II Reproducción del miedo para la normalización de la violencia

La reproducción de la violencia y la construcción social del miedo son claves en esta guerra, son formas de dominación de la población, principalmente de los jóvenes y niños. El mensaje es claro, “los miles de muertos y desaparecidos no importan, lo que importa es la guerra”. Son los llamados daños colaterales. El uso de la violencia para el Estado mexicano es un mal necesario.

En un estado de excepción como son las guerras, la violencia permea al conjunto de la vida social y se expresa en todos los ámbitos. Junto a las expresiones de violencia simbólica, como violencia naturalizada en la cotidianidad, se encuentra el crecimiento de la violencia en los ámbitos públicos, donde se despliega con gran impunidad el feminicidio, el juvenicidio y demás delitos de exterminio a la población mexicana.

El nuevo Estado militarizado se presenta como el “salvador”, sin embargo, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado sólo “encarcela a la sociedad”. Nos vigila; limita los espacios públicos; invade la privacidad; impone leyes antiterroristas a imagen y semejanza de la Ley Patriótica; discrimina; fomenta el “no te metas”, que acentúa la distancia de unos con otros.

El miedo construye escenarios de riesgos en la subjetividad colectiva y altera la vida cotidiana mediante la angustia, el temor y una sensación de peligro latente. Ante el temor de la sociedad, y como forma de fomentar la fragmentación social y el individualismo, de erosionar la vida comunitaria y la solidaridad, el sistema genera imaginarios de exclusión: guetos, barrios amurallados en fraccionamientos con seguridad privada.20

Por otro lado, el papel de los medios de comunicación es fundamental en la reproducción de la violencia y el miedo en la sociedad mexicana. Es común encontrarnos con noticias de decapitados, ejecuciones extrajudiciales, desaparecidos, calcinados, fosas clandestinas, violaciones, torturas y demás actos de violencia como una nota más en las noticias del día. Aunado al proceso de desensibilización ante la violencia y su normalización que genera el amarillismo y la nota roja. La convivencia con la muerte, la sangre y la violencia es el día a día de cualquier mexicano en la actualidad y cada vez más se acrecienta esta situación. Esto significa normalizar la situación de violencia que vivimos en lugar de tener un posicionamiento crítico a la guerra y el estado de excepción obligado en el que vivimos los mexicanos.

Las series televisivas exaltan la figura del narcotraficante poderoso como una aspiración de vida de los jóvenes. Nos venden el papel de la fortuna fácil y rápida omitiendo las consecuencias de la guerra y las implicaciones de la economía criminal, así como la omisión de la corrupción en los niveles de gobierno y en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo.

VIII.IV.III Casos emblemáticos de deshumanización

Debido a la guerra y la violencia cotidiana que vivimos en el país a causa de la estrategia de seguridad nos encontramos con un fenómeno importante: la deshumanización de la sociedad y principalmente de los jóvenes y niños que se encuentran ante un presente y futuro sombrío de violencia y sangre en su día a día.

La deshumanización la entendemos como un proceso en el que un grupo de personas es despojado de su características humanas, de valores, razón y sentimientos. En el caso mexicano este fenómeno se ha desarrollado principalmente en los jóvenes y niños, los cuales hemos sido despojados de nuestras características humanas en el marco de la guerra contra el narcotráfico. Ejemplo de la descomposición social y humana son los casos emblemáticos de dos personajes cooptados por el narcotráfico. Nos referimos al caso de Santiago Meza López, “El Pozolero” y Edgar Jiménez Lugo “El Ponchis”, conocido como “el niño sicario”.

Santiago Meza López, ”El Pozolero”, llamado así dentro del narcotráfico porque se encargaba de fragmentar en pedazos y deshacer los cuerpos de los enemigos de su cartel en una solución de ácido en el contexto de tráfico de droga de Tijuana hacia Estados Unidos.

Santiago Meza se incorporó a las filas del narcotráfico a los 19 años de edad, aceptó en el momento de su detención haber disuelto por lo menos 300 cuerpos en sosa cáustica durante nueve años. Declaró que: “¡Mi única función era deshacerme de los cuerpos!”, consideraba esta acción como un “trabajo normal”: “me pagaban 600 dólares semanales y me proporcionaban los “ingredientes” para “el pozole”21.

Al igual que el caso de Santiago, nos encontramos con otro caso similar que refleja la descomposición social de la que somos víctimas los jóvenes mexicanos. Edgar Jiménez Lugo, “El Ponchis”, también conocido como el niño sicario, es un niño incorporado en esta ola de violencia al narcotráfico a la escasa edad de 11 años. El Cártel del Pacífico lo levantó para después de entrenarlo bajo un régimen militar con el fin de adiestrarlo para torturar y asesinar, pagándole $1 500 pesos a la semana22, le asignaban trabajos para degollar y cortar órganos genitales de rivales en el mercado de la droga.

El caso del niño sicario y “El Pozolero” son claros ejemplos, al igual que muchos otros, de jóvenes cooptados por el crimen organizado que evidencian la descomposición social y la deshumanización que provoca la situación de violencia que vivimos diariamente los jóvenes y niños en el país, aunado a la falta de oportunidades y expectativa de condiciones de vidas óptimas para cualquier ser humano. Los casos mencionados son casos emblemáticos que reflejan que los jóvenes y niños mexicanos potencialmente somos ocupados como fuerzas destructivas en la reproducción del sistema dominante que se agudiza con el tráfico de mercancías ilícitas hacia los Estados Unidos, en marco de la estrategia de seguridad subordinada a este país vecino.

El Consejo Nacional de Población (Conapo, 2010) estima que en México viven 31.7 millones de niños menores de 15 años, 6.7 millones habitan en condiciones de alta marginación y se calcula en más de 100 000 infantes en situación de abandono en el país. México ocupa el tercer lugar en maltrato infantil, al reconocerse la existencia de medio millón de niños entre 12 y 14 años que trabajan en condiciones infrahumanas.23

¿Cual es el futuro y el presente que ofrece el estado mexicano a los niños y jóvenes en nuestro país ante este panorama? Dada la situación solamente más exterminio a los jóvenes y niños en las filas del narcotráfico y en la milicia como un número más en los daños colaterales de la guerra.

VIII.V Juvenicidio

En el Artículo 6 del Estatuto de Roma, se define al genocidio como diversos actos que son perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, entre los que están: “a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

En el Artículo 7 del mismo Estatuto se define como crímenes de lesa humanidad a: “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género (…) u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o salud mental o física.”

VIII.V.I Violencia legal e ilegal en contra de los jóvenes, funcional para el Estado mexicano

La violencia contra los jóvenes en la república mexicana de los últimos 50 años ha sido un objetivo, una herramienta y una consecuencia de las políticas de estado al servicio de intereses económicos internacionales, principalmente de los EE.UU., como lo mencionamos anteriormente. El uso de la violencia y el terrorismo a través de actos de barbarie, masacres y genocidios, crímenes y desapariciones y desplazamiento de población constituyen parte fundamental de su cultura de dominio y sometimiento poblacional y territorial. 24

Para que las fuerzas políticas que participan en las decisiones nacionales de la guerra contra el narco (Estado, Delincuencia y su combinación) puedan llevarla a cabo necesitan de un flujo constante de personas necesitadas de trabajo, sin otras oportunidades, con capacidad de trabajar bajo condiciones de precarias jornadas extensas sin derechos laborales, que fácilmente son considerados “desechables” por su abundancia, es decir la juventud y generaciones futuras de la población mexicana.

VIII.V.II Guerra contra los jóvenes. El resultado es sangre y más sangre

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), en el sexenio de Felipe Calderón se registraron más de 121 mil muertes violentas relacionadas con el narcotráfico, aproximadamente una muerte cada 30 minutos. Un informe presentado en marzo de 2014 en el Senado señala que en la guerra contra el narcotráfico, de 2006 a 2012, en nuestro país se produjeron más muertes que en los conflictos de Irak (2008-2009), Sri Lanka (2010-2011) y Libia (2012). 25

A una semana de su Segundo Informe de Gobierno, Enrique Peña Nieto registra más muertes que su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa, durante el mismo periodo, según un comparativo de cifras. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante los primeros 20 meses de gobierno peñista, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014, se registraron 57 mil 899 averiguaciones previas por homicidios doloso y culposo, mientras que en los primeros 20 meses de administración calderonista (1 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2008), la suma fue de 43 mil 694; es decir, el gobierno priista supera al panista con 14 mil 205 homicidios tanto culposos como dolosos.26

En 2011 de los 35 millones de jóvenes con los que contaba el país, más de un millón ya habían sido reclutados por el crimen organizado. De los casi 30 000 muertos vinculados al narco hasta ese año, 1 200 eran menores de edad. Del total de homicidios en 2010, 35% fueron cometidos por jóvenes de entre 18 y 24 años; al mismo rango de edad correspondió el 29% de las violaciones, 40% de los robos y 20% de la portación ilegal de armas. 27

Del total de defunciones por agresiones registrado en 2012 más del 40% eran menores de 30 años (véase gráfica 3). El rango de edad que más presenta casos de defunciones es el de 20 a 24 años, con 3 870 muertos, seguido del de 25 a 29 años con 3 792 casos. Para 2011 el año más violento del sexenio calderonista- el rango de edad con más defunciones por agresión fue éste último, el de 25 a 29 años, con 4 125 asesinatos, seguido del de 20 a 24 años, con 3 812 casos.

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Gráfica 3: Defunciones por agresiones de acuerdo al rango de edad (2012). Fuente: Base de datos de defunciones del INEGI.

VIII.V.III Casos representativos de guerra en contra de la juventud.

A continuación se mencionan sólo algunos casos emblemáticos, en 2008 Ciudad Juárez fue la urbe más violenta de México acumulando 1 600 homicidios del total de 6 000 que se registraron en el país durante ese año. 28 De enero de 2008 a septiembre de 2009, 132 niños y adolescentes menores de 18 años fueron asesinados en el estado de Chihuahua.29 En Juárez fue donde se comenzó a acuñar el término de juvenicidio.

El 3 de septiembre de 2009 fueron asesinados 17 jóvenes y otros 5 resultaron heridos en un ataque perpetrado por un grupo de hombres armados en el centro de rehabilitación llamado “El Aliviane”, ubicado en la colonia Bella Vista en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El 31 de enero de 2010 14 jóvenes, de entre 15 y 20 años, son asesinados y 14 son heridos -3 de ellos morirán como consecuencia de la agresión- en una fiesta de estudiantes en Villas de Salvárcar, también en Ciudad Juárez, Chihuahua.30 El gobierno federal apresuradamente intentó relacionar los hechos con un ajuste de cuentas entre bandas rivales de narcomenudistas. 31 Los familiares de las víctimas de la agresión insistieron en que muchos eran estudiantes.32 El Frente Nacional contra la Represión sostuvo que los responsables no son grupos de sicarios sino de paramilitares, escuadrones de la muerte que operan en la ciudad. 33 Posteriormente el gobierno federal tuvo que retractarse de las declaraciones debido a la presión de los familiares y de la sociedad civil indignada por los hechos.

A partir de esta masacre se registraron tres matanzas más en el norte del país -tan sólo en el mes de octubre- con un saldo de 42 muertos. El 23 de octubre, un grupo de encapuchados vestidos de negro y con armas de alto poder llegó en un convoy de siete vehículos a una fiesta en la colonia Horizontes del Sur en Ciudad Juárez, acribilló a balazos a 14 jóvenes y dejó heridos a 20. Entre los muertos había ocho mujeres, una embarazada. Dos niños de siete y 11 años resultaron heridos. Vecinos denunciaron que tres minutos después de la matanza una patrulla de federales pasó por el lugar sin prestar auxilio. Dos días después, otro comando ingresó al centro de rehabilitación para adictos El Camino, en Tijuana, Baja California, y fusiló a 13 internos. El 27 de octubre, encapuchados provistos con rifles de asalto AK-47 y AR-15 asesinaron a 15 jóvenes en un centro de lavado de autos en Tepic, Nayarit.34

La importancia de Ciudad Juárez en la ola de violencia vivida en el país se debe a la situación de desmantelamiento producto del agotamiento del modelo de industrialización maquilera, el cual ha hecho que tan sólo entre 2008 y 2009 se pierdan 75 mil empleos en esta frontera. Los salarios reales en esta industria, que en 1992 alcanzaban 3.1 mínimos, ahora trabajosamente llegan a 2, prácticamente sin prestaciones adicionales. La tasa de crecimiento poblacional en Juárez, que en la década de los 90 rondó 4.3 por ciento anual, cayó a sólo 1.5 en el periodo de 2001-2005 y se ha tornado negativa en el quinquenio pasado.35 Esta tormenta de violencia iniciada en esa urbe fronteriza se fue extendiendo en todo el país a partir de la aplicación del TLCAN.

El 28 de marzo de 2011, Juan Francisco Sicilia Ortega de 24 años, hijo del poeta Javier Sicilia, es encontrado muerto en un vehículo junto con seis cadáveres en Temixco, Morelos. Los cuerpos tenían cinta canela enrollada en el cráneo, la cara, las muñecas y tobillos. Las investigaciones preliminares arrojan que en el móvil del múltiple homicidio predominan las hipótesis de la casualidad y un ajuste de cuentas del narcotráfico. Este hecho suscita la indignación nacional que se articula en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. 36

La catástrofe de violencia que se vive en el país dejó ver el escenario de exterminio en San Fernando, Tamaulipas en agosto del 2010, donde se hallaron 72 cadáveres en una fosa clandestina. Los cuerpos pertenecían a 58 hombres y 14 mujeres de diferentes nacionalidades: Ecuador, Guatemala, El Salvador, Brasil y Honduras que buscaban llegar a Estados Unidos. La versión de las autoridades señala que las víctimas fueron retenidas por Los Zetas para unirse a sus filas y al negarse fueron asesinados. Uno de los migrantes que presenciaron la masacre logró escapar y avisar a elementos de la Secretaría de Marina sobre el secuestro y homicidio de migrantes. El manejo del caso por parte de las autoridades fue de total desinterés, trasladaron los cuerpos en un camión de carga sin el menor respeto por los cuerpos de los fallecidos y se archivó el caso de inmediato. En agosto de 2010 en el 2011 fueron localizadas otras fosas clandestinas donde exhumaron 193 cuerpos, informó la entonces procuradora General de la República, Marisela Morales.

A pesar de la falta de investigaciones serias por parte de las autoridades nacionales, las circunstancias reportadas por organizaciones independientes indican que muchas muertes de jóvenes en el contexto de la guerra se deben a ajustes de cuentas entre grupos criminales.

Como se mencionó previamente, este tipo de violencia ha multiplicado desde el inicio de la guerra, con la fragmentación de los cárteles y la pelea interna por los mercados de la droga, instigando batallas para el control de plazas y territorios. Aún en el caso de que sean asesinatos entre miembros del crimen organizado, no exime de la culpa al Estado, primero por su obligación de garantizar la paz y la seguridad, segundo por la manera en que propició esta guerra, y tercero por la falta de oportunidades de vida (acceso a la educación y el empleo) que ponen a los y las jóvenes en riesgo de reclutamiento voluntario o forzado, o de simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.

En México más de 7.5 millones de jóvenes mexicanos no encontramos oportunidades de estudio ni de empleo formal, una situación estructural que limita las perspectivas de vida, esperanzas y desarrollo humano.

Actualmente existen varias formas de violencia del Estado contra nosotras y nosotros los jóvenes que se han agudizado en el contexto de la guerra contra el narco. Las formas principales son: ejecuciones extrajudiciales (asesinatos por parte de las fuerzas del Estado sin proceso jurídico), represión y tortura (asesinatos, ataques y/o desapariciones forzadas que tienen características de persecución por razones políticas), y “limpieza social” (ataques, desapariciones y/o asesinatos de individuos y grupos marginados, como poblaciones callejeras, prostitutas, vendedores ambulantes; según reportes desde Ciudad Juárez y otros lugares del país estos delitos se realizan por el simple hecho de ser jóvenes.

Todas estas formas de violencia implican graves violaciones de derechos humanos y se dirigen en contra de la juventud. El Relator informa que existe documentación de la muerte de 994 niños y niñas en la guerra contra el narco solo entre los años 2007-2010. Los traumas psicológicos, las heridas, la destrucción del tejido social y del núcleo familiar tienen altos costos sociales que se viven y se reproducen por generaciones.

Nos han negado un futuro y un presente, nos han criminalizado, menospreciado y empujado a la exclusión. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el país existen 19 millones de jóvenes sin escuela y un total de 7. 5 millones de jóvenes que están excluidos del trabajo y de la educación. La única salida que nos plantean para esta situación es la guerra y la violencia.

En el 2010 existen cifras que revelan aproximadamente 14 mil adolescentes de entre 13 y 17 años forman parte de 521 pandillas que operan en 86 colonias, en el estado de Chihuahua. Para 2012 el periódico Excelsior reporta que 70 mil jóvenes y adolescentes se encuentran trabajando dentro del crimen organizado. En este año, 2014, el periodista Javier Valdez Cárdenas, autor de Los morros del narco: historias reales de niños y jóvenes en el narcotráfico mexicano, aporta la dramática cifra de que alrededor de 300 mil jóvenes, menores de 18 años, están siendo reclutados por el narco, y habla de que cerca de un 30% de ellos son asesinados, incluso por los mismos integrantes de las células que los incorporan a la delincuencia. 37

VIII.VI Presentación de casos

VIII.VI.I Casos particulares de la guerra contra la juventud

A causa de la estrategia de guerra emprendida por los gobiernos neoliberales nacionales, impulsada por instrucciones internacionales (principalmente del gobierno de los EEUU), la juventud nacional tiene un saldo de asesinatos del 2006 a la fecha de aproximadamente 120 mil personas, de los cuales 85 mil son hombres y mujeres de menos de 29 años (70% del total de homicidios en cifras oficiales), estos homicidios provienen de jóvenes presentes en todos los grupos involucrados: a) jóvenes de la sociedad civil no involucrados en conflictos armados; b) jóvenes en los cuerpos de seguridad, y por último, C) jóvenes en los grupos delincuenciales.

VIII.VI.I Jóvenes de la sociedad civil no involucrados en conflictos armados.

VIII.VI.I.I Jóvenes civiles asesinados resultado de la militarización del país

Entre el descontrol y el fuego cruzado entre cuerpos de seguridad y grupos delincuenciales, se encuentra atrapada la sociedad civil, dentro de ella, las y los jóvenes son un blanco común considerados “daños colaterales”, fáciles de vincular a la delincuencia organizada “sembrando” pruebas. Ejemplos de lo anterior son los casos de Gerardo García López de 27 años, y Ramón Ramírez Landin de 47, civiles que fueron asesinados por el Ejército al pasar por la vía pública en el puerto de Acapulco, Guerrero donde sucedió un enfrentamiento armado, sin que hubiera señalamiento alguno. La evidencia del ataque fue modificada por los militares y continúa hasta hoy impune. Otro lamentable ejemplo es el caso de los dos jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados por el Ejército fuera de las instalaciones de la universidad en el estado de Monterrey, el 19 de marzo del 2010, fueron acusados de ser miembros del crimen organizado incluso con la burda siembra de armas. Hasta la fecha continúa impune y su imagen criminalizada.

VIII.VI.I.I.II Jóvenes civiles asesinados y desaparecidos por los cuerpos de seguridad oficiales al servicio de la delincuencia organizada

A causa del descontrol producto de esta guerra, son miles los casos en los que jóvenes son asesinados y desaparecidos a manos de cuerpos de seguridad descaradamente al servicio de los grupos de delincuencia organizada, significando un brazo armado legitimado para cometer los actos más barbáricos y atroces en el marco de la impunidad. Como evidencia de ello se encuentran casos como los de la desaparición forzada de Melchor Flores Hernández y Gustavo Castañeda Puentes ambos de 27 años de edad, quienes fueron privados de su libertad y desaparecidos el 25 de febrero del 2009 a manos de elementos de la policía municipal de Monterrey, los cuales entregaron a los jóvenes a grupos de delincuencia organizada. Hasta la fecha no se tienen resultados de la búsqueda a pesar de haber tenido múltiples reuniones con el procurador de Nuevo León, Adrián Emilio de la Garza Santos, dos reuniones con el entonces Presidente Constitucional Felipe Calderón, reunión con senadores, y con los candidatos presidenciales de los tres partidos políticos, entre ellos el hoy presidente Enrique Peña Nieto.

En el caso de la desaparición forzada del joven Pedro Morales González,este fue sacado por la fuerza de su automóvil por la policía estatal de Michoacán y al resistirse fue herido de bala. Hasta la fecha se desconoce su paradero. Su familia continúa la búsqueda a pesar de las trabas y omisiones de los tres niveles de gobierno.

Otro ejemplo donde se observa el profundo nivel de colaboración entre el Estado y la delincuencia organizada es el caso de la desaparición de Jorge Mario Moreno León en el estado de Sonora. Mario fue privado de su libertad y desaparecido por cuerpos policiacos municipales. A causa de esto su padre, Nepomuceno Moreno Núñez, inició una investigación por cuenta propia -como en la gran mayoría de los casos- llego a encontrar los nombres y ubicaciones de los integrantes del grupo delincuencial responsable; Nepomuceno entregó esta información directamente a las manos al presidente Felipe Calderón Hinojosa. Un mes más tarde fue asesinado a plena luz del día en su estado natal.

La situación de profunda colusión del gobierno con los grupos delincuenciales se encuentra distribuida por todo el país. En la ciudad de Monclova, Coahuila, fue desaparecido el 10 de noviembre de 2009 Héctor Rangel Ortiz, quien salió de la ciudad de Querétaro. La última vez que se tuvo comunicación con él, refirió la presencia de dos patrullas de la policía municipal de Monclova. Hasta la fecha no se tiene información de él. A lo largo de los años de búsqueda, la familia ha recibido constantemente amenazas provenientes de la delincuencia organizada, el gobierno estatal (principalmente el de Querétaro) y el federal.

De manera reciente, se encuentra el bárbaro ataque a 46 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, con un saldo de 3 normalistas asesinados y 43 desaparecidos, a manos de la policía municipal de Iguala, el Ejército y el supuesto “Cartel Guerreros Unidos”. Este hecho ha sido posible debido al nivel de colusión y omisión de los responsables de la seguridad en el país y a la impunidad de los autores intelectuales de las masacres. Sin importar la cara en turno de los puestos de gobierno local y estatal, el origen de los terribles acontecimientos provienen de una estructura federal antidemocrática, represora y con intereses políticos y económicos extranjeros contrapuestos a las necesidades de la población.

VIII.VI.I.I.III La delincuencia organizada al servicio de personas vinculadas a puestos políticos

Víctor Castro Santillán de 22 años fue asesinado el 21 de abril del 2010 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Víctor fue un destacado estudiante de la carrera de psicología en la UNAM, músico concertista de guitarra y políglota, que se encontraba de intercambio en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UNAL). En la afueras de esta universidad fue privado de su libertad para después ser asesinado a golpes por integrantes de la delincuencia organizada, contratados por otro estudiante de nombre Marcelo Laguarda Dávila, hijo de un prominente hombre de negocios y ex funcionario en el Estado de Coahuila, Alfonso Laguarda Aguirre, ex contralor del municipio Ramos Arizpe, Coahuila en el 2007. Aunque el autor intelectual se encuentra preso, debido a la posición política de su padre se amenaza con promover amparos para que salga libre, así mismo otros de los colaboradores y cómplices para el asesinato, salieron libres únicamente con una reducida multa.

VIII.VI.I.II Jóvenes civiles desaparecidos a causa de la criminalización de la drogadicción

La criminalización de las drogas permite una situación de vulnerabilidad y hostigamiento permanente contra la juventud, por parte de las fuerzas represivas del estado y a las criminales quienes se valen de la dependencia de algunos jóvenes para su cooptación o secuestro. Un ejemplo de esto es el caso de tres jóvenes: Eder Adair Islas Villagómez, Héctor Vega Lemus y Elvis Axell Torres Rosete, quienes fueron desaparecidos en un centro de rehabilitación de adicciones en el Estado de México, con la participación de los directivos y empleados del centro. Hasta la fecha los tres jóvenes no han sido localizados a raíz de un proceso de investigación negligente e ineficaz por parte de las autoridades.

Los grupos delincuenciales poseen redes que buscan producir dependencia en los jóvenes para después ser cooptados con mayor facilidad, en un marco social generado por la criminalización del Estado, donde se fomenta el aislamiento y miedo de los jóvenes. De esta manera muchos encuentran “protección” y “aceptación” dentro de la delincuencia. En este sentido, entonces podemos decir que son las políticas públicas ineficientes del Estado las que orillan a los jóvenes hacia las filas de la criminalidad.

VIII.VI.I.III Jóvenes desaparecidos por la delincuencia sin acceso a la justicia por la manipulación de pruebas por parte de los organismos de procuración de justicia

En la gran mayoría de los casos el acceso a la justicia es nulo debido a la vinculación o temor de las autoridades hacia los grupos de delincuencia organizada, esto entorpece o detiene los procesos de investigación a través de la simulación en la búsqueda y en la entrega de resultados falsos, como es el caso de la desaparición de Jesús Israel Moreno Pérez en la localidad de Chacahua, Oaxaca, a manos de un grupo criminal. Durante la búsqueda e investigación por la desaparición de Israel destaca la forma en la que las autoridades del orden del procurador y subprocurador de justicia del Estado de Oaxaca fabricaron una serie de montajes y simulaciones con los que intentaron cerrar la investigación, incluyendo la falsificación de una autopsia y acta de defunción en ausencia de un cuerpo. A la ineficacia de instituciones de procuración de justicia, se suma la injerencia

VIII.VI.I.IV Simulación de resultados mediante el encarcelamiento de jóvenes inocentes

Ante el afán de demostrar que la estrategia de guerra está generando resultados, los cuerpos policiacos y militares detienen presuntos delincuentes, entre los que se encuentran una gran cantidad de inocentes (en su mayoría jóvenes), que son utilizados como “chivos expiatorios”, es decir, juzgados en sustitución de los verdaderos criminales. Los injustamente enjuiciados se enfrentan entonces al tortuoso e ineficiente proceso penal que aun en ausencia de pruebas, se les envían a prisión por años y en muchos casos ni siquiera se les ha dictado sentencia. Ejemplo de lo anterior es el caso de Juan Antonio de Jesús López Solís de 27 años, quien el 26 de agosto del 2013 fue llevado prisionero acusado de robo vehicular cuando regresaba de su trabajo en Gómez Palacio, Durango, dejando solos a su esposa de 27 años y a su hijo de apenas 1 año. Otro ejemplo es el de Eduardo Zamora Martínez de 30 años, quien fue acusado de violación sin ninguna prueba y detenido en diciembre del 2013 y obligado a confesar bajo tortura su culpabilidad. Esto son ejemplos de personas que hasta la fecha siguen privados de su libertad y que el hecho que los volvió objetivos del abuso de las autoridades fue el ser jóvenes.

VIII.VI.I.V Omisión y entorpecimiento de la búsqueda de justicia por parte de instituciones educativas

Aunado a la absoluta negligencia de las autoridades, se suma el entorpecimiento e indiferencia de instituciones con poder de convocatoria, presencia política y social relacionada con la vida de los jóvenes, entre las que destacan las universidades públicas y privadas. En los casos de desapariciones y asesinatos de integrantes de la comunidad universitaria, las instituciones educativas como la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey, han mostrado desinterés en la utilización de su presencia política para la exigencia de justicia hacia el estado y en varios de los casos se han empeñado en esconder pruebas y con ello han retrasado las investigaciones. Esto es posible por la ausencia de protocolos e interés de los altos funcionarios y autoridades universitarias; que no actúan ni se pronuncian ante casos de desaparición u homicidio de sus estudiantes.

Lo dicho anteriormente se puede evidenciar en los casos de Adriana Eugenia Morlett Espinosa, Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, Víctor Castro Santillán, Jesús Israel Moreno Pérez. Mujeres y hombres estudiantes de diversas licenciaturas de la comunidad universitaria en la UNAM, quienes vieron truncada su vida a causa de la violencia en el país, y para quienes el acceso a la justicia no ha sido posible. Las universidades a través de sus directores y rectores tienen la posibilidad de exigir a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia, sin embargo, en su mayoría prefieren evitar “escándalos”, dejando de contribuir en el beneficio de la sociedad. En el caso de la UNAM esta postura viola el artículo 3° de su Estatuto General, el cual precisa que “El propósito esencial de la Universidad, será estar íntegramente al servicio del país y de la humanidad de acuerdo con un sentido ético y de servicio social.”

VIII.VI.I.II Jóvenes de los cuerpos de seguridad oficiales

VIII.VI.I.II.I Jóvenes integrantes de los cuerpos de seguridad del estado desaparecidos y asesinados por la colusión y omisión de sus mismas instituciones

En la búsqueda de la aceptación social de la estrategia de guerra, los gobiernos de Calderón y Peña Nieto han buscado la forma de simular resultados positivos de sus decisiones. Para ello se valen de la figura de los policías caídos como héroes en el “cumplimiento de su deber”, cuando en muchos casos son enviados en desigualdad numérica y de armamento, siendo presa fácil de los grupos delincuenciales. Este es el caso de Luis Ángel León Rodríguez, integrante de la extinta Secretaría de Seguridad Pública federal, que estuvo a cargo de Genaro García Luna. Luis Ángel desapareció en el estado de Michoacán en compañía de otros seis policías de la institución y un civil el 16 de noviembre del 2009, quienes viajaban sin la provisión de medios ni recursos para su traslado por parte de la policía federal. Se atribuye la desaparición a grupos delincuenciales, cuando fue responsabilidad de las instituciones.

Dentro de las muertes y desapariciones de los integrantes de las fuerzas armadas, hay un sin número de casos en los que las declaraciones oficiales no han podido ser comprobadas y que atentan contra la imagen pública y el honor del desaparecido, como es el caso del marino Paolo César Antonio Cano Montero de 26 años de edad, quien desapareció en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán el 29 de octubre del 2010, tras ser enviado por la institución. Al llegar se comunicó con su familia informándoles de su arribo. A partir de esa fecha no volvieron a tener comunicación él. A los cinco días de la desaparición, sus familiares se comunicaron para pedir información sobre su paradero y se les dijo que Paolo había desertado. Hasta la fecha no se sabe nada de él, y ninguna institución de justicia se ha hecho cargo de llevar a cabo una investigación seria que genere resultados.

VIII.VI.I.III Jóvenes en las filas de la delincuencia organizada

VIII.VI.I.III.I Reclutamiento forzado por las grupos de delincuencia organizada

El reclutamiento forzado no es nuevo en el país. En estados como Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, y el Estado de México, desaparecieron entre los años 2006 a 2012, más de 26 mil 500 personas. De acuerdo a los comités de familiares de desaparecidos, en un número importante de casos se comprobó que las víctimas –casi todos jóvenes entre los 15 y 35 años- habían sido secuestradas mediante diferentes métodos, y eran obligados a servir a la delincuencia organizada.

Lo mismo eran obligados y obligadas a ser sicarios, a trabajar en los campos de cultivo de droga, en los centros de procesamiento, en el área doméstica, o en el servicio sexual.

Todos los casos mencionados tienen lugar en un vacío en la justicia, creado por el conjunto de omisiones, negligencia, indolencia y desinterés de múltiples instancias de procuración de justicia y organismos de defensa de derechos humanos, a nivel local, municipal, estatal y federal. De esta manera se obliga a los familiares de las víctimas de la violencia necesitados de verdad y justicia, a realizar las búsquedas e investigaciones por sí mismos, con los gastos económicos y el riesgo que esto representa. Y por lo que han sido asesinados también los familiares ante sus exigencias, como en el caso de Nepomuceno Moreno y Maricela Escobedo entre muchos otros casos.

El fenómeno del narcotráfico y en general del crimen organizado y del común, no puede entenderse si no se subraya el punto de partida analítico central que refleja un problema estructural, donde la economía y política están articulados, tanto a nivel microsocial como macro a través de dimensiones cambiantes: en conductas y valores individuales y colectivos cotidianos y de emergencia, en distintas formas de agrupación y cohesión o desintegración de la sociedad, en diversos sectores de bienes y servicios de la economía, así como en diferentes gobiernos sean municipales o estatales o el federal, y en las instituciones del estado mexicano. 38

Los resultados de la estrategia de guerra emprendida por el presidente Felipe Calderón, continuada y recrudecida por Peña Nieto, están lejos de ser lo que sus campañas publicitarias intentan difundir. El verdadero resultado sin duda más devastador es el saldo de muertes principalmente jóvenes el cual asciende a cerca de 180 mil asesinados, cabe resaltar que en los primeros 20 meses del gobierno de Peña Nieto van 57 mil 899 homicidios dolosos; son 14 mil 205 más que en el mismo periodo de Calderón39. A pesar de estos datos el gobierno de Enrique Peña Nieto continúa su campaña de “disminución en la incidencia delictiva”, “homicidios a la baja”, o como dice el secretario Osorio Chong, que “la violencia se ha reducido a su mínima expresión”, y en tanto, el INEGI ya no reporta el total de homicidios dolosos, a la par aumentan los “accidentes”, evidencia de la manipulación de la información.40

Sin embargo hay otros saldos también negativos los cuales son imperceptibles u ocultados: las miles de viudas, niños huérfanos y las personas traumatizadas psicológicamente a consecuencia de la guerra. Además de los millones de pesos gastados durante estos dos sexenios en la seguridad pública nacional, en detrimento de otras seguridades como la social y la laboral para todos los mexicanos.

VIII.VII Consecuencias para las generaciones futuras

La guerra contra la juventud ha dejado ya un saldo de cientos de miles de familias mutiladas. Heridos de manera permanente e irreparable, hijos, padres y hermanos continúan su vida con un vacío enmarcado por el dolor, la impotencia, el miedo y la rabia, que se agudizan por la falta de acceso a la justicia.

La escenografía mediática que anuncia la tranquilidad y las mejoras de la vida en México se derrite ante el infierno en que han transformado el país: padres buscando a sus hijos, hijos buscando a sus padres, familias completas e incompletas obligadas a huir de los lugares a los que pertenecen y abandonar el patrimonio construido con años de trabajo.

Las nuevas generaciones crecerán en una tierra ajena, regada con dolor y resentimiento, donde campea el despojo y la impunidad. Esto formará los cimientos de una generación enajenada con la violencia como una forma de vida e indiferente al sufrimiento humano, como ya ha empezado a suceder. Con ello se va a concretar una sociedad desvinculada entre sus integrantes, disgregados e indiferentes entres sí, las personas serán más fáciles de manipular, sobreexplotar o esclavizar.

Permitir la continuidad de la violencia como método de control, significa condenar a las siguientes generaciones a una vida de miedo, esclavitud y dominación al servicio de los intereses internacionales que se empeñan en desangrar la nación. De esta manera la juventud será convertida en la fuerza destructiva con la capacidad de acabar con la libertad, democracia y justicia que México anhela y necesita.

Las futuras generaciones tienen dos opciones entonces, las mismas que hoy tenemos y que se tuvieron ayer, sucumbir ante el ataque de violencia y despojo de la libertad o levantar la voz y luchar por una transformación profunda que establezca un México digno propiedad de su pueblo.

VIII.VIII Agravios, derechos violentados y responsables.

Derechos violentados

  • El derecho a la vida

  • El derecho a la Libertad de expresión, reunión y asociación

  • El derecho a vivir una vida libre de violencias

  • El derecho a la no esclavitud

  • El derecho a la libertad y seguridad personales

  • El derecho a la justicia y a las garantías del debido proceso

  • El derecho a la personalidad jurídica, especialmente para las personas desaparecidas

  • El derecho a la integridad personal

  • El derecho a la paz

  • El derecho a la verdad

Instrumentos y tratados internacionales desacatados:

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)

  • Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes

  • Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

  • Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de “Belém do Pará”)

  • Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

  • Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas

  • Convención sobre Derechos del Niño

  • Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

  • Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre

  • Declaración Universal sobre Derechos Humanos

  • Declaración de los Derechos del Niño

  • Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes

Normativa nacional violada:

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

  • Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

  • Ley General de Víctimas

  • Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

  • Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

  • Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura

  • Legislación penal y procesal penal federal, y la aplicable a los Estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y el Distrito Federal

Responsables

  • Organismos de seguridad de los Estados Unidos

  • FBI

  • DEA

  • Servicio Secreto

  • CIA

  • Patrulla fronteriza

  • Gobierno mexicano

  • Tres órdenes de gobierno

  • Federal: Presidentes

  • Luis Echeverria Álvarez

  • Carlos Salinas de Gortari

  • Ernesto Zedillo Ponce de León

  • Vicente Fox Quesada

  • Felipe Calderón Hinojosa

  • Enrique Peña Nieto

  • Estatal: Gobernadores de todos los estados de la república

  • Municipal: Presidentes municipales

  • Tres poderes de gobierno

  • El Poder Ejecutivo: Presidente

  • Poder Legislativo

  • Poder Judicial

  • Sistema Nacional de seguridad

  • Secretaría de Gobernación

  • Instituto Nacional de Migración

  • Secretaría de seguridad pública

  • Policia Federal

  • Secretaría de la Defensa Nacional

  • Procuraduría General de la República

  • SEIDO

  • Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad

  • Policía Federal Ministerial

  • Secretaría de Comunicaciones y Transportes

  • Secretaría de Hacienda y Crédito Público

  • Secretaria de la función pública

  • Secretaría de relaciones exteriores

  • Secretaría de marina

  • Comisión Nacional de los Derechos Humanos

  • Los partidos políticos Mexicanos

  • PRI

  • Partido verde ecologista de México

  • PAN

  • PRD

  • Nueva Alianza

  • Movimiento ciudadano

  • PT

  • Grupos delincuenciales nacionales y trasnacionales

  • Medios de comunicación nacionales e internacionales

  • Televisa

  • Tv Azteca

VIII.IX Demandas y exigencias

  • La promoción del reconocimiento en otras instancias vinculantes de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad perpetuados por el estado mexicano contra su población.

  • Alto inmediato a la politíca juvenicida del Estado mexicano

  • Presentación con vida de las personas desaparecidas

  • Juicio a los responsables

  • Poner en práctica las medidas de resarcimiento del daño para los agraviados y garantías de no repetición

1Criminal Justice Fact Sheet (2014) EE.UU: National Association for the Advancement of Colored People, 16 de octubre. Disponible en: http://www.naacp.org/pages/criminal-justice-fact-sheet

2“ Palabras del presidente de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Felipe Calderón durante la ceremonia de inauguración del Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano Mexicano”.

Presidencia de la República (2006) Intervención del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Felipe Calderón. México: Presidencia de la Republica, 5 de octubre de 2014. Disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/2006/12/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-lic-felipe-calderon-durante-la-ceremonia-de-inauguracion-del-foro-de-inversiones-y-cooperacion-empresarial-hispano-mexicano/

3 Kyra Gurney. (2014). “Los desplazados internos de México, un problema invisible: informe”. Colombia: InSightCrime, 7 de octubre de 2014. Disponible en: http://es.insightcrime.org/analisis/desplazados-internos-mexico-problema-invisible-informe

4 Marcos Kaplan (1996) “Economía criminal y lavado de dinero”. México: Revista Jurídica Virtual, 4 de Octubre 2014. Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/85/art/art10.htm#N6

5 Nidia Marín (2010) “Economía criminal, con poder corruptor”. México: El sol de México, 4 de Octubre de 2014. Disponible en: http://www.oem.com.mx/oem/notas/n1575810.htm

6 Marcos Kaplan, Op.cit.,

7 Laguna, Mauricio, (2007) “Crimen organizado produce 40% del PIB”, Contralínea, 2da quincena de Julio 2007 (En internet). Disponible en: http://www.contralinea.com.mx/archivo/2007/julio2/htm/Crimen_40_PIB.htm

8 Redacción (2011) “Obtiene narco 2.1 billones de dólares de ganancia anual: ONU,” México: Revista Proceso, 4 de Octubre 2014. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=289690

9 Notimex, (2012) “Hacienda estima que 10, 000 mdd en México son de actividades ilícitas “ CNN México, 16 de abril de 2012. Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2012/04/16/hacienda-estima-que-10000-mdd-en-mexico-son-de-actividades-ilicitas.

10 Hanako Taniguchi (2012). “Por los menos 16,000 niños, víctimas de trata”. México: CNN México, 8 de Octubre de 2014. Disponible: http://mexico.cnn.com/nacional/2012/03/16/entre-16000-y-70000-menores-afectados-por-trata

11 Según Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

12 Organización de las Naciones Unidas y la Secretaría de Gobernación, informó la presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, Rosi Orozco.

13 Furio C. Rosati et al (2012). “La experiencia mexicana en la reducción del trabajo infantil: Evidencia empírica y lecciones políticas”. Roma: Programa Entendiendo el Trabajo Infantil (UCW), 5 de Octubre de 2014. Disponible en: http://www.ucw-project.org/attachment/reduc_trabajo_infantil20130308_111535.pdf

14 Saúl Hernández. (2014). “Trata, un crimen sin castigo”. México: El Universal, 7 de Octubre de 2014. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/periodismo-datos/2014/-articulos-84690html-84690.html

15 Luciano Franco (2009) “Involucradas con el narco, más de 450 mil personas en México”. México: La Crónica, 8 de octubre de 2014. Disponible en: http://www.cronica.com.mx/notas/2009/475638.html

16 Redacción. (2014). “Cincuenta mil niños mexicanos enrolados por el narco, autodefensas y Ejército”. México: Al Momento Noticias, 7 de octubre de 2014. Disponible en: http://www.almomento.mx/cincuenta-mil-ninos-mexicanos-enrolados-por-el-narco-autodefensas-y-ejercito/

17 Shaila Rosagel. (2014). “La guerra de Calderón dejó a 30 mil niños en manos del narco: Red por los Derechos de la Infancia en México” México: SinEmbargo.mx, 5 de Octubre de 2014. Disponible en: http://www.sinembargo.mx/16-04-2014/963152

18 Eduardo Guerrero Gutiérrez. (2012). “La estrategia fallida”.México:Nexos.5 de octubre de 2014. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=15083

19 Redacción (2010) “Mensaje del presidente Felipe Calderón”. México: El Universal, 2 de Octubre de 2014. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/688031.html

20 Carlos Fazio (2013) Terrorismo mediático La construcción social del miedo en México. México: Ed. Debate, 8 de Octubre de 2014. Disponible en: http://www.academia.edu/6349297/Terrorismo_mediatico_La_construccion_social_del_miedo_en_Mexico

21 Laura Sánchez. (2013). “El Pozoloreo”, legado de muerte”. México: El Universal, 3 de Octubre de 2014. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/915149.html

22 Redacción (2013). “El Ponchis”: infancia torcida”. México: Proceso, 3 de Octubre de 2014. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=358946

23 José Manuel Valenzuela (2012). “Narcocultura, violencia y ciencias socioantropológicas”. México: Colegio de la Frontera Norte, 3 de Octubre de 2014. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-92742012000100007&script=sci_arttext

24 Jairo Estrada Álvarez (2008) Capitalismo Criminal. Colombia: Ed. Universidad Nacional de Colombia. p.114-115.

25Leticia Robles de la Rosa (2014). “En el sexenio de Calderón hubo 121 mil muertes”. México: Excelsior, 3 de octubre de 2014. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/03/12/948239

26Redacción. (2014). “Los muertos con Peña llegan a 57 mil 899 en 20 meses; son 14 mil 205 más que en el mismo periodo de Calderón: Zeta”. México: sin embargo, 11 de Octubre de 2014. Disponible en: http://www.sinembargo.mx/25-08-2014/1097265

27Ricardo Rocha. (2011). “Juvenicidio’masivo”. Néxico: El Universal, 21 de septiembre Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/54790.html

28 Redacción (2009). “Asesinan en México a 17 drogadictos en un centro de rehabilitación”. México: El Mundo, 4 de Octubre de 2014. Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/03/internacional/1251947884.html

29 Marcela Turati (2010). “Del feminicidio al ´juvenicidio´”. México: Democrata del Norte, 2 de Octubre. Disponible en: http://democratanortedemexico.blogspot.mx/2010/02/del-feminicidio-al-juvenicidio.html

30 El Siglo de Torreón / Agencias. (2010). “Ocurre en Juárez la ‘Masacre de Salvárcar’; 15 jóvenes fueron asesinados”. México: El Siglo de Torreón, 6 de Octubre. Disponible en: http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/835001.2010-ocurre-en-juarez-la-masacre-de-salvarcar-15-jovenes-fueron-asesinados.html

31 Redacción (2013) “En una fiesta en Villas de Salvárcar”. México: CNN México. Disponible en: http://mexico.cnn.com/nacional/2011/11/24/villasdesalvarcar

32 Rubén Villalpando y Miroslava Breach (2010). “Sube a 16 el número de víctimas de la masacre en Ciudad Juárez”. México: La Jornada, 7 de Octubre. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/02/02/estados/028n1est

33 Mario Héctor Silva (2010) “Escuadrones de la muerte operan en Juárez: ONG”. México: El Universal, 6 de Octubre. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/655721.html

34 Carlos Fazio (2010) “Sobre Juvenicidios”. México: La jornada, 1 de Octubre de 2014. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/10/01/opinion/019a1pol.

35 Víctor Quintana Silveyra (2010) “Las violencias se hacen”. México: Noticias al día, 14 de Octubre 2014. Disponible en: http://www.noticiasaldia.com.mx/editoriales.pl?e=272

36 Redacción (2014). “Cronología Caso Sicilia, el crimen que sensibilizó al país” México: El Universal, 6 de Octubre de 2014. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/estados/2014/cronologia-sicilia-979830.html

37 Redacción (2014) “Los niños soldados del crimen organizado en México, víctimas del fracaso del Estado para generar bienestar: experto”. México: sin embargo, 9 de Octubre. Disponible en: http://www.sinembargo.mx/12-02-2014/901332

38 José Luis Piñeyro. (2012).” El ¿saldo? de la guerra de Calderón contra el narcotráficoMéxico: El Cotidiano.7 de Octubre. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32523131002.

39 Redacción (2014) “Los muertos con Peña llegan a 57 mil 899 en 20 meses; son 14 mil 205 más que en el mismo periodo de Calderón: Zeta”. México: sin embargo, 6 de Octubre. Disponible en: http://www.sinembargo.mx/25-08-2014/1097265

40 Ibíd, p. 3