Eje IV. Expulsión de las y los jóvenes del campo y destrucción del campo e identidad indígena para las generaciones futuras

IV.I Introducción

Hasta ahora hemos denunciado la reestructuración de las esferas política, económica y cultural de la vida en México desde su incorporación al Libre Comercio y sus efectos en la juventud. Una de las expresiones territoriales de esta sujeción ha sido el aumento de las contradicciones campo-ciudad que han desatado el etnocidio, el ecocidio y con ello la migración, además de poner en juego la salud pública, la soberanía alimentaria y el ambiente rural para la digna reproducción de las generaciones futuras mexicanas.

En México prevalece una contradicción básica en relación a la propiedad, fundamento del desarrollo económico: es el país con mayor apertura al mercado mundial y sin embargo la mayor parte de su territorio (más del 50%) es propiedad colectiva y se halla bajo custodia de comunidades indígenas y campesinas portadoras de una memoria biocultural muy rica.1 La amplitud de la propiedad social de la tierra y el arraigo cultural de quienes lo habitamos, hacen del campo uno de los espacios de mayor resistencia a la imposición de proyectos de inversión de capitales privados, de ahí que su existencia como espacio de reproducción de la vida, la cultura, la soberanía y la organización comunitaria, constituyan un obstáculo mayúsculo para la adecuación del territorio a las necesidades de la economía del libre comercio, así como para la consumación del proyecto de ocupación neocolonial que se ha relatado en las esferas de lo político, lo económico y lo cultural en los ejes anteriores; es por eso que se ha requerido de una violencia extrema para romper la resistencia.

La destrucción del campo se lleva a cabo con el doble propósito de “liberar” mano de obra –“parte del bono demográfico”- y de facilitar la apropiación de los recursos naturales.2 Es una necesidad esencial del Estado neoliberal profundizar la “acumulación por desposesión” es decir; deshacer la propiedad social de la tierra para valorizar los recursos naturales como bosques, agua o biodiversidad. El capital impuso aquí un creciente uso extensivo (agroindustria) e intensivo (minería y megaproyectos) del territorio presionando a un cambio en las relaciones comunitarias de producción. Avanza destruyendo su ‘capital constante’ natural (bosques, suelos, ríos, mantos freáticos), y destruyendo las fuerzas productivas del campo (conocimiento tradicional, diversidad de germoplasma, la organización comunitaria, expulsión de trabajadores), lo que a la larga amenaza la reproducción no sólo de las generaciones futuras sino hasta del mismo capital.

IV.II. Los hechos y sus causas

IV.II.I ¿Qué significa el campo para la juventud?

Muchos jóvenes seguimos viendo al campo como la base de nuestro territorio, a partir del cual se han reproducido y configurado las prácticas, saberes, paisajes y relaciones sociales que nos han permitido constituirnos como comunidades y como nación desde tiempos remotos.3 El campo conserva estructuras políticas, económicas, sociales y culturales de las poblaciones originarias que han habitado estas tierras.4 Es un proceso cuyo impulso y vida recae en los jóvenes, generación tras generación.

Ejemplos no faltan. La organización comunal y su relación con la naturaleza nos ilustra claramente cómo la vida y sus instituciones se han articulado en torno a la milpa y cómo los hijos e hijas de los que ahora poseen la tierra debemos aprender de todo ello para poder preservar dicho legado. El campo es uno de los pilares fundamentales de nuestra identidad como pueblo, además desde hace más de 10 000 años, y hasta mediados del siglo pasado, la economía nacional estaba basada en producir alimentos de los campos de esta fértil nación.5 En todo ese tiempo jóvenes de cada generación han ido construyendo una y otra vez relaciones de comunidad y relaciones con la naturaleza.

Hoy nuestro campo se encuentra severamente afectado al igual que nuestras vidas como campesinos. Su destrucción tiene como raíz varios procesos entre los que identificamos: la subordinación del campo a la industria que inició con la puesta en marcha del modelo de sustitución de importaciones (1940-1989), “La revolución verde” de los años 50, que promovió la tecnificación del campo y estableció el monocultivo como sistema único de producción, desplazando la agricultura campesina tradicional; la reducción y eventual desaparición del papel regulador del Estado en el sector agrícola y con esta, la eliminación de subsidios, precios de garantía y un sinnúmero de empresas paraestatales dedicadas al desarrollo del sector agropecuario; la firma del TLCAN que institucionalizó la liberalización del mercado agropecuario; la privatización de la propiedad social de la tierra que inició con la reforma al artículo 27 constitucional en 1992 y que ahora está por consumarse con la aprobación de la reforma energética y el reciente proyecto de reforma a la ley agraria; y finalmente el despojo de tierras campesinas para la instalación de presas, carreteras, minas, etc.

Las y los jóvenes que hoy nacemos en el medio rural somos espectadores y víctimas de la destrucción que han provocado las políticas que mencionamos en el párrafo anterior. Observamos un campo devastado por el avance del monocultivo, las tierras hasta hace poco fértiles y productivas han sido estropeadas por los agroquímicos, la erosión y la disposición de desechos diversos; el agua limpia que corría por nuestros ríos y arroyos, de la que obtenían peces nuestras abuelas y abuelos, con la que se irrigaban nuestros campos y que era fuente de recreación para nuestros pueblos, ha sido severamente contaminada; los proyectos turísticos e industriales han arrasado con los ecosistemas en los que viven nuestras comunidades y que por cientos de años habían sido aprovechados por nuestros ancestros. Observamos un campo vaciado de campesinas y campesinos, pues desde la firma del TLCAN el gobierno mexicano obligó a nuestros padres y madres a competir desventajosamente con los productores subsidiados de EE. UU. y Canadá, lo que provocó una migración forzada de campesinos que terminaron trabajando como jornaleros asalariados o bien como trabajadores asalariados en las maquilas de las grandes urbes. Ahora nosotras y nosotros también nos vemos obligados a migrar porque no encontramos en el campo oportunidades laborales que nos garanticen un desarrollo digno. La migración de la población campesina en edad de laborar a las ciudades ha propiciado un desequilibrio demográfico en México, ahora un mayor número de niños y adultos mayores residen en el campo, lo que agudiza la pobreza y obliga a los infantes a trabajar como jornaleros en condiciones infrahumanas para contribuir al gasto familiar. Sobre los jóvenes campesinos de hoy y los que están por venir se cierne la amenaza de la privatización de los últimos reductos de soberanía que quedan a nuestra nación, desde las semillas hasta el aire, el agua y el subsuelo, así como el ataque a las formas de organización social y política que preservamos.

A pesar de la devastación que denunciamos, la actividad productiva en el campo sigue ocupando una importante cantidad de personas en nuestro país, pero en condiciones cada vez más precarizadas. En términos generales los hogares campesinos son más pobres que los hogares no campesinos y muestran una menor capacidad para incrementar sus ingresos. A nivel de ingresos, en el año 2000, 60% de la población ocupada agropecuaria ganaba menos de dos salarios mínimos, 88% menos de tres (incluyendo a la población que ganaba menos de dos salarios mínimos) cuando se estima que para estar por encima del nivel de pobreza una familia necesita ganar más de tres salarios mínimos. En 2010 alrededor del 30 % de la población joven (entre 12 y 29 años) residía en áreas rurales. La pobreza en los jóvenes se concentra principalmente en el medio rural.6

A continuación explicaremos con mayor detalle los procesos que han conducido a la devastación del campo y la forma en que han afectado nuestras vidas.

IV.II.II Los hechos y sus causas

IV.II.II.I Cambios en las Relaciones de Producción: La subordinación del campo a la industrialización y las “revoluciones verdes”

Tan pronto la Revolución Mexicana acabó con el latifundio empezaron a desarrollarse otras estrategias de desposesión. Si bien se impulsó la reforma agraria y se crearon varios apoyos a la producción en el campo, así como decenas de empresas estatales para la producción y distribución de alimentos, el campo no se libró de la servidumbre, quedó subordinado a la industrialización al adoptarse la estrategia nacional de desarrollo de sustitución de importaciones tras el cardenismo, entre 1940 y hasta 1980. El sector primario generó un modelo de explotación intensiva y extensiva enfocado en abaratar la producción de alimentos para la creciente población de trabajadores urbanos.7 En este contexto es que se asesta el primer gran golpe a la agricultura campesina de nuestro país: “La revolución verde”, un programa tecnológico para la “modernización de la agricultura” que implicó la sustitución de las tecnologías tradicionales campesinas por la agricultura tecnificada (extensiva e intensiva) basada en el monocultivo.

La revolución verde se presentó en el mundo como una alternativa a las revoluciones ‘rojas’ (socialistas) para alimentar a las masas de pueblos hambrientos sin necesidad de repartir la tierra ni nacionalizar los sistemas salarios. Este nuevo modelo se basó en el aumento de la productividad a partir de la introducción de maquinaria al campo, el uso intensivo de insumos derivados del petróleo (plaguicidas sintéticos y fertilizantes), el cultivo de especies híbridas de alto rendimiento y la imposición del monocultivo.

Los mecanismos de la ‘revolución verde’ no fueron meramente tecnológicos sino que sobre todo constituyeron los instrumentos de un proyecto que en términos generales pretendió lograr la aceleración de la subsunción real del campo al capitalismo. La revolución verde promovió la industrialización a través del mantenimiento de mano de obra barata sostenida por el consumo de alimentos baratos y de mala calidad, además representó el principal mercado de desahogo de la industria bélica norteamericana dedicada a la fabricación de armas químico-biológicas, que volcó su infraestructura y enorme capacidad instalada en la fabricación de insumos para el control de plagas en los monocultivos (plaguicidas). En la implementación de este nuevo modelo tecnológico jugaron un papel clave diversas instituciones y agrupaciones públicas y privadas, como la Fundación Rockefeller que financió el establecimiento del Centro de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), una instancia que desde los años 40 funcionó como uno de lo primeros laboratorios de la Revolución Verde a nivel mundial8 para el desarrollo de variedades híbridas de granos básicos y que en nuestros días es el principal centro de investigación para el desarrollo de variedades transgénicas de maíz y otros cultivos.9

La revolución verde aunada a la liberalización del sector agrícola y la reducción del papel regulador del estado en la economía (que describiremos más adelante) produjeron graves y profundas consecuencias en la vida de las comunidades campesinas de nuestro país, en su cultura y saberes, en el medio ambiente y en la salud. Mencionaremos ahora algunas de las más significativas así como los efectos que han tenido en nuestras vidas.

A nuestras abuelas y abuelos les hicieron creer que la agricultura tecnificada basada en el monocultivo era la agricultura que necesitábamos y que sin ella no podríamos comer y mucho menos obtener un ingreso suficiente para sostener a nuestras familias. Las estadísticas y nuestra experiencia nos demostraron lo contrario, desde que se impuso el modelo de producción tecnificada basada en el monocultivo y que la depreciación de los productos agrícolas se ha vuelto la norma, a la mayoría de nuestras familias les ha sido imposible obtener del cultivo de productos del campo un ingreso suficiente para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, educación y vivienda, aun cuando todos los miembros de la familia, incluso las niñas y niños, trabajen en las labores agrícolas o perciban un salario.10 Baste decir que el número de agricultores que trabajando arduamente en el campo no pueden acceder a la canasta básica alcanza los 30 048 200 es decir que el 88.9% de las y los campesinos en México no podemos adquirir la canasta básica de alimentos.11 Además, la tecnología de la revolución verde y los subsidios del gobierno forzaron a nuestras abuelas y abuelos, madres y padres a emplear sus tierras en el cultivo de un sólo producto (maíz, frutales), lo que destruyó la diversidad de cultivos que antes alimentaban a nuestras familias y las proveían de una dieta variada y equilibrada. La situación de pobreza alimentaria en que vivimos las y los jóvenes del campo es especialmente grave en el caso de las niñas y niños, tan solo en el 2012 se preveía que 10 000 niñas y niños mexicanos morirían a causa de enfermedades asociadas a la malnutrición, si cotejamos esto con el hecho de que casi el 90% de las y los campesinos en México no pueden adquirir la canasta básica, encontramos que la mayoría de esos niños pertenecían a las familias indígenas y campesinas de nuestro país, esos niños pudimos haber sido nosotros, fueron nuestras hermanas y hermanos y nuestros hijos. Queremos denunciar que tan sólo en los últimos 3 decenios (es decir a partir de que se puso en marcha el modelo neoliberal en nuestro país) los gobiernos en turno han permitido la muerte de 1.3 millones de niñas y niños menores de 5 años por malnutrición al sostener un sistema de producción agrícola que no responde a las necesidades alimentarias de nuestro pueblo y se encuentra volcado a satisfacer las necesidades de la agroindustria y los mercados externos.12 En nuestros días y como consecuencia de la imposición del monocultivo, del vuelco del sector agrícola hacia la exportación y de la puesta en marcha del TLCAN, importamos el 46% de la demanda nacional de productos agroalimentarios. De continuar así, y de acuerdo con estimaciones del Departamento de Agricultura de EE. UU., hacia el 2030 México importará el 80 por ciento de sus alimentos, lo que compromete de forma irreversible el derecho a la alimentación y a la vida de las población presente y futura, así como la soberanía y la seguridad alimentaria del país.13

La vida campesina en nuestro país, sus tradiciones, fiestas, comidas, creencias eran tan diversas como las plantas alimentarias que cultivábamos. El monocultivo trajo consigo la uniformidad y con ella impuso la misma condición a todos los campesinos: nos hemos vuelto esclavos, por fuerza, de un modelo de producción completamente ajeno a nuestras vidas y necesidades, que nos obliga a sembrar un sólo producto (maíz, caña, café, entre otros) y a utilizar grandes cantidades de agroquímicos altamente tóxicos para sostenerlo. Por supuesto que nuestras necesidades alimentarias no pueden satisfacerse con el cultivo de un sólo producto, por ello tenemos que recurrir a la compra de alimentos externos, en la mayoría de los casos a los alimentos procesados y con nula calidad nutricional producidos por la agroindustria trasnacional. Nos hemos vuelto hambrientos y desnutridos aun cuando nuestro trabajo es producir los alimentos que de acuerdo con la premisa de la revolución verde palian el hambre en el mundo”. El modelo de agricultura tecnificada, basado en el monocultivo ha desplazado poco a poco nuestra forma de organizar el tiempo, los momentos de descanso, las jornadas de trabajo y las festividades que antes estaban estrechamente vinculados a los ciclos de cultivo y recolección.

Además de la imposibilidad de satisfacer las necesidades alimentarias de nuestras familias, la revolución verde provocó el desplazamiento de las semillas campesinas por las semillas híbridas diseñadas en centros de investigación financiados por empresas de la agroindustria (como Cargill y Pionner), muchos de nosotros ya no conocimos las variedades de maíz nativo que alguna vez proliferaron en nuestros pueblos y que constituían la base de nuestra diversidad alimentaria y cultural. El modelo de la revolución verde también volvió a las familias campesinas dependientes de insumos externos, no sólo de las semillas, sino también de fertilizantes y plaguicidas. Las semillas híbridas, por su homogeneidad genética son incompatibles con la diversidad de climas y suelos que imperan en el territorio nacional, además son más susceptibles de ser atacadas por las plagas que proliferan en los monocultivos, de ahí la necesidad de utilizar grandes cantidades de plaguicidas para combatirla.

El uso excesivo de plaguicidas ha afectado gravemente la salud de nuestros pueblos y comunidades especialmente la salud de los niños. Se calcula que en México alrededor de un tercio de la fuerza laboral en los productos de exportación proviene de niños, que al encontrarse en desarrollo y poseer una superficie corporal mayor que los adultos son más susceptibles de presentar enfermedades asociadas a la exposición crónica a plaguicidas. Aproximadamente 727 mil niños y adolescentes nos encuentramos trabajando como jornaleros agrícolas en el país y por lo tanto expuestos a sustancias altamente tóxicas.14 La forma en la que el Estado y los contratistas de mano de obra evaden su responsabilidad en la protección a la salud es afirmando que nuestros padres son quienes exigen que se nos contrate, cuando en realidad es la necesidad económica la que nos obliga ingresar al campo laboral asalariado desde muy temprana edad.15 Uno de los estudios pioneros en el ámbito de las afectaciones a la salud causadas por plaguicidas en nuestro país (realizado entre 1998 y 2002), mostró que de 220 jornaleros agrícolas huicholes empleados en el cultivo de tabaco y expuestos a plaguicidas neurotóxicos (organofosforados y carbamatos), principalmente las niñas mostraron los mayores niveles de inhibición de acetilcolinesterasa, una enzima que interviene en la transmisión de impulsos nerviosos.16 Otro ejemplo es el de Joel, un joven campesino de la cuenca del río Atoyac que a los 16 años padeció principios de insuficiencia renal y decide presentar hoy su caso en el eje de salud de esta misma audiencia. La zona de donde él es originario (municipio de Cuitláhuac, Veracruz) está próxima a la región de Tierra Blanca (en el mismo estado), donde recientemente ha ocurrido una de las epidemias más grandes de insuficiencia renal terminal en el mundo, a causa de la presencia de numerosos tóxicos en el ambiente procedentes de zonas industriales vecinas y de la agricultura intensiva y extensiva que se practica en la región principalmente para la producción de caña y limón persa de exportación.17

El proyecto de transformación de la agricultura mexicana para la satisfacción de las necesidades de la agroindustria sigue en pie. Ahora apela a la idea de una “segunda revolución verde” y aludiendo a la urgencia de “erradicar el hambre” mediante la promoción de nuevas tecnologías. Al centro de éstas se encuentran actualmente los cultivos modificados genéticamente o transgénicos, cuya producción es monopolizada por sólo 6 empresas semilleras a nivel mundial (Monsanto, Dow, Basf, Bayer y Singenta). En el caso de México la trayectoria de los transgénicos ha sido especialmente negativa pues México es el centro de origen y diversificación de dos de los cultivos más importantes en el mundo, el algodón y el maíz.

El maíz es un cultivo fundamental para la soberanía alimentaria y la vida de nuestros pueblos, la historia de su diversificación es tan rica como la diversidad de lenguas, culturas y tradiciones de las comunidades indígenas y campesinas que habitamos estas tierras.18 Actualmente y desde el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, el maíz campesino se encuentra amenazado por el intento reiterado, desde la clase gobernante y las trasnacionales de la agroindustria (Monsanto, Pionner Hi-Bred International y Dow, productoras de semillas transgénicas), de permitir la siembra comercial de maíz transgénico en más de 2 millones de hectáreas del territorio nacional (en los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Colima y Aguascalientes). Recientemente se realizó un estudio que mostró que la variedad de maíz que se pretende sembrar en esta superficie (Mon603 resistente al herbicida glifosato) produjo cáncer en ratas que fueron alimentadas con él de manera experimental, por lo que podemos afirmar que de consumarse su siembra, el gobierno y las empresas pondrán en riesgo de muerte a toda la población y especialmente a las y los jóvenes y niños cuyos cuerpos son más vulnerables a las sustancias toxicas, además de provocar la contaminación indefectible de las razas de maíz nativo que ha tomado a nuestros ancestros cientos de años seleccionar. Si bien la promulgación en 2005 de la ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) abrió el camino legal para la siembra de maíz transgénico desde la fase experimental hasta la legal, ya habían ocurrido antes de ese año varios eventos de contaminación intencionados, auspiciados por el gobierno federal a través de la venta de maíz transgénico importado en las 23 mil tiendas Diconsa distribuidas en el territorio nacional. Esto a pesar de que existía una moratoria que impedía de facto su venta comercial. La moratoria fue cancelada en 2009 por el entonces presidente Felipe Calderón, con el aval de las secretarías de Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Educación y Salud.19

Hoy en día, gracias a una amplia resistencia en la defensa del maíz nativo por parte de un gran número de organizaciones, en las que es notable la participación de jóvenes tanto de la ciudad como del campo, hemos frenado la siembra de maíz transgénico a escala comercial. Sin embargo, la contaminación irreparable de nuestro maíz aun representa una amenaza que parece próxima a consumarse, ahora a través de la nueva propuesta de reforma a la ley agraria, para cuya preparación se han realizado varios foros a lo largo de este año, encabezados por el coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia y exdirector del Instituto de Ecología de la UNAM, Francisco Bolívar Zapata, quien asegura la inocuidad de los transgénicos amparado en los resultados de 783 estudios que “no muestran una relación directa entre éstos y afectaciones a la salud”.20 Bolívar Zapata omite de manera irresponsable que para su cultivo se requiere el uso de enormes cantidades de agroquímicos, cuyos efectos nocivos en la salud están sobradamente probados. Si el gobierno mexicano permite la siembra comercial de maíz transgénico incurrirá en un grave crimen contra las generaciones futuras al comprometer uno de los últimos reductos de soberanía que quedan al campesinado mexicano y a la nación en su conjunto, y negará toda posibilidad de desarrollo saludable para nuestro pueblo. Como una anticipación al desastre de salud que podría esperarnos si se siembra maíz transgénico en la extensión de tierra que se tiene prevista, recuperamos el caso de Argentina en donde los casos de leucemia, abortos y deformaciones en fetos y bebes se han incrementado exponencialmente en las comunidades próximas a los campos fumigados de soya transgénica.21

IV.II.II.II Transformación del papel del Estado en la regulación de la producción agrícola y liberalización desventajosa del mercado agroalimentario nacional

La vida agrícola ha sido una actividad atacada desde hace casi 500 años. Esto implica una larga tradición de discriminación, reproducida a lo largo de varias generaciones. Esta situación se agravó desde principios de los años ochenta. En el sexenio de Miguel de la Madrid, y en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, se consideró que la población en el campo era demasiada (28%), ya que sólo aportaba un 8% del PIB nacional. Esta segada y racista forma de ver al campo ignoró el papel de las comunidades campesinas e indígenas en la generación de la soberanía alimentaria a nivel local, la reproducción de la biodiversidad y la memoria biocultural milenaria de los pueblos.

Buscando que México fuera competitivo en el esquema de libre comercio, el Estado disminuyó su papel de apoyo a pequeños productores. Se redujeron los subsidios a la producción, incluyendo el crédito rural, la distribución de insumos, cerrando o privatizando empresas estatales como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), Productora Nacional de Semillas (PRONASE) y Fertilizantes Mexicanos (FERTIMEX). Al mismo tiempo se favorecieron sectores dedicados a la exportación a EE. UU., descuidando la alimentación de granos y oleaginosas de la población mexicana22.

En el mismo sentido, el Estado también cambió sus esquemas de concepción de la calidad de alimentos. Mediante la CONASUPO, y antes de que desapareciera, se decide que la calidad de alimentos basados en maíz se sustenta en productos que salen de grandes monopolios, por el pretexto de la inocuidad, más que en las formas tradicionales con que se ha hecho.23

Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1992 se concretó finalmente la desaparición del papel del Estado como promotor del desarrollo agrícola del país. La ausencia de apoyos para los agricultores nacionales24 obligó a miles de campesinos a competir en condiciones de desigualdad frente a la entrada de productos subsidiados, excedentes provenientes de EE. UU..

El mercado mexicano se vio inundado de productos muy baratos, para la ventaja de algunas empresas procesadoras de granos como Cargill o Maseca. La agricultura local pasó a responder a las necesidades de la agroindustria trasnacional y la vida de las comunidades rurales y urbanas de nuestro país, así como su reproducción e independencia alimentaria quedaron subordinadas a ellas. Las y los campesinos pasaron a ser trabajadores agrícolas que emigran dentro del país y a ser migrantes hacia las ciudades nacionales y los EE. UU. en busca de empleo.25

El Estado operó también la destrucción paulatina de la propiedad social de la tierra.26 El deterioro gradual de la propiedad social sobre la tierra cambió más claramente con los cambios al Artículo 27 de la Constitución Mexicana.27 El cambio abrió paso formalmente a la propiedad privada sobre la tierra, a su venta y a su arrendamiento a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) que otorga los títulos de propiedad a los ejidatarios.

Hoy con el gobierno de Peña Nieta se está desarrollanndo una una nueva Reforma al Campo (ver también la sección IV.II.II.IV). Esta busca agilizar los trámites para privatizar las tierras de uso común, que en su mayoría son de uso forestal, no propensas a la agricultura y muchas con yacimientos mineros. Como antesala de esta reforma están las leyes secundarias de la reforma energética que, según los diputados federales, tratan de ofrecer la renta de tierras mediante ‘contratos de ocupación’, bajo los cuales las y los campesinos seremos obligados a rentar nuestras tierras, viéndonos despojados del suelo, agua y bosques –es decir, nuestros ecosistemas vivos– para luego sernos devueltas, improductivas y sin vida.

Volviendo al tema de la concepción de la alimentación para el Estado, para el nuevo milenio se definió por países externos priorizar producción que logre satisfacer una demanda de lo exótico, con “presentación agradable”, inocuo, diverso, atemporal y con ausencia de residuos químicos.28

En este sexenio tenemos además la ‘cruzada contra el hambre’, que junta varios programas de ‘desarrollo’ ya existentes, para proveer alimentos baratos de empresas transnacionales –como Nestlé, Pepsico y Walmart– a varios municipios con los índices más altos de pobreza del país. Se trata de una estrategia en la que el gobierno subsidia a estas empresas comprándoles sus productos y haciéndolos pasar como alimentos para las y los niños y familias más pobres. Estos productos son alimentos chatarra actualmente procesados, como refrescos y galletas que, lejos de alimentar, malnutren a la juventud. No por nada en el país la primer causa de muerte es la diabetes y afecciones derivadas de la hipertensión y obesidad.

El Estado mexicano ha buscado, a lo largo de estos dos siglos, productos y precios que el campo mexicano no puede ofrecer y, por tanto, lo satisface con empresas privadas y extranjeras, mermando la producción nacional. De esta forma el Estado ha abandonado su papel de apoyo a la pequeña y mediana producción y a la vida del campo y lo ha volcado en políticas públicas que aparentan ser un apoyo para las poblaciones rurales pero no son más que un subsidio a las empresas transnacionales, y a la vez un juego mediático electoral. Permitiendo también la entrada de alimentos que sólo malnutren a las nuevas generaciones.

IV.II.II.III Descampesinización: Destrucción del sujeto colectivo que habita y construye el campo (comunidades campesinas e indígenas)

Como mencionamos anteriormente la consumación del proceso de ocupación de nuestro país encuentra en la vida campesina y en el sujeto colectivo que la construye un obstáculo de dimensiones mayúsculas. La desaparición del campesinado mexicano y su sistema de tenencia de la tierra, o bien el vaciamiento del campo de campesinos (descampesinización) y su conversión en trabajadores asalariados sin posesión de tierra (proletarios), opera mediante diversos mecanismos como el retiro de los subsidios gubernamentales, la privatización de instituciones estatales reguladoras de la producción y el consumo, la depreciación constante de los productos agrícolas, y la penetración de la agroindustria en el campo. Todos ellos han colocado a las y los campesinos de nuestro país en una situación de completa vulnerabilidad, dependencia, marginación y pobreza. La garantía de la vida para las miles de familias campesinas que habitamos el territorio nacional ha sido aniquilada y el abandono del campo, ya sea de manera temporal o permanente, es ahora la norma y la expectativa de futuro para las y los jóvenes. Mientras el proceso de construcción del campesinado mexicano duró por lo menos 60 años, desde el inicio de la reforma agraria hasta su término efectivo durante la década de los 70, el actual proceso de destrucción del campesinado ha tomado menos de tres décadas29.

Actualmente en localidades rurales de nuestro país habitamos 32 millones de mexicanas y mexicanos,30 casi la cuarta parte de la población nacional, de los cuales 16 millones vivimos en condiciones de pobreza extrema,31 es decir que alrededor del 60 % de la pobreza alimentaria se concentra en el campo, aun cuando las y los campesinos mexicanos producimos entre el 60 y 70% de los alimentos a nivel nacional. Tan sólo en el caso del maíz, generamos la mitad de la producción nacional.32 En los datos aquí expuestos se adivina una contradicción: las y los campesinos mexicanos producimos la mayor parte de los productos que satisfacen las necesidades alimentarias de la población y somos el sector más severamente afectado por la pobreza alimentaria. En el caso de los campesinos jóvenes este empobrecimiento se asocia sobre todo al hecho de que al no poseer la tierra (más del 50% de los titulares de la tierra tienen más de 55 años33) solo nos queda vender nuestra fuerza de trabajo para producir alimentos que al final nos son enajenados para su venta en supermercados o su exportación. Al final, quienes acaparan y obtienen provecho de la producción, transformación y venta de los productos del campo son las empresas de la agroindustria (Nestlé, Maseca, Cargill, etc.). Nosotros, los campesinos jóvenes agotamos nuestros cuerpos en el trabajo del campo para producir alimentos que no podemos consumir y que regresan a nuestros hogares en forma de costosos y dañinos productos procesados.

La pobreza y la imposibilidad de las familias campesinas para reproducir la vida a partir de la producción agrícola han propiciado una desagrarización paulatina, evidente por lo menos desde la década de 1970. Esto quiere decir que el ingreso no agrícola en los hogares rurales ha crecido significativamente.34 La diversificación de las fuentes de ingreso de las familias campesinas, esencialmente en actividades asalariadas, es la forma en la que éstas han logrado contrarrestar los bajos precios de los productos del campo. Así la agricultura ha dejado de ordenar el sentido de la vida de las familias campesina, sus estrategias de sobrevivencia dependen ahora de las condiciones del mercado de trabajo asalariado. Para ejemplificar la desagrarización del campo basta referir la reducción de casi el 50% de los hogares rurales campesinos (que producían para la venta y el autoconsumo) de 1992 a 2004, y su conversión a hogares no campesinos. En 1992, 65% de los hogares rurales eran campesinos, el resto no lo eran. De los hogares campesinos el 89% era pluriactivo (es decir que además de las actividades agrícolas realizaban otras actividades), mientras el resto no tenía actividades fuera del predio familiar. De los hogares no campesinos 28% realizaban el autoconsumo de productos de traspatio y recolección y el 72% no. Para 2004 sólo 31% de los hogares eran campesinos el resto no, todos eran también pluriactivos. De los hogares no campesinos sólo el 15% practicaban el autoconsumo.35

La diversificación de las fuentes de ingreso en nuestras familias impactó nuestras vidas. Aunque las generaciones jóvenes aún estamos ancladas en las comunidades ya no somos propietarias de la tierra sino asalariadas agrícolas, o nos volcamos al mundo exterior por la migración y el trabajo asalariado precario. Ya no vemos en la tierra y en la lucha agraria el principal medio para mejorar nuestras condiciones de vida. Las y los jóvenes que hoy nacemos en el campo no tenemos acceso a la tierra y vivimos sólo del trabajo asalariado ya sea dentro del campo como jornaleros o fuera de él, en maquilas, empresas procesadoras de productos agrícolas.

El caso de las y los niños es especialmente grave en el ámbito del trabajo asalariado agrícola. Por las precarias condiciones en que viven sus padres se ven en la necesidad de laborar desde temprana edad como jornaleros para contribuir al gasto familiar. Se estima que en nuestro país, alrededor de un tercio del total de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años (3.46 millones) trabajan en la agricultura o en ramas afines y la mayoría de ellos son indígenas.36 Por poner sólo un ejemplo, en los campos agrícolas de Michoacán laboran menos de cien mil jornaleros de los cuales el 55% son menores de 15 años. Estos niños trabajan jornadas superiores a 12 horas y sus garantías individuales como el derecho a una vida digna, a la alimentación, a la salud, a la educación, al juego y a una vida propia son constantemente vulneradas, la mayoría no saben leer ni escribir, todos carecen de los derechos que les garantiza la legislación laboral vigente en México y que en principio prohíbe el trabajo en menores de edad. Las y los jóvenes jornaleros se han convertido en una servidumbre asalariada que migra de manera temporal de un estado a otro de la república, su constante movilidad les priva de una vivienda y educación básica estables, lo mismo ocurre con sus familias ya que en muchas ocasiones tienen que llevar consigo a sus hijos y estos a su vez trabajan para incrementar el ingreso familiar.37

Las y los jóvenes somos los principales miembros de la familia campesina que migramos (solo el 1% de los jefes de familia lo hacían en 2009). Debido a la precariedad del trabajo las y los jóvenes migrantes tenemos dificultades para asentarnos en las regiones de atracción, lo que genera flujos migratorios temporales e incrementa nuestra vulnerabilidad a ser víctimas de la economía criminal en nuestro trayecto hacia las ciudades y EE.UU. (secuestro, trabajo forzado, trata con fines sexuales etc). La privación del acceso a la tierra representa la negación de nuestra garantía de vida como jóvenes campesinos y del sostenimiento de nuestra cultura.38 Las nuevas generaciones de jóvenes que crecemos en el campo iniciamos la vida con la principal garantía de vida negada, la propiedad de la tierra, siendo el desplazamiento forzado, el trabajo asalariado superexplotado y la violencia nuestras únicas perspectivas de futuro. La privación del acceso a la tierra coarta nuestras posibilidades de desarrollo y nos obliga a sobrevivir en condiciones de pobreza y marginación, sujetos a la inestabilidad del mercado laboral asalariado y obligándonos a migrar en busca de empleo.

La migración y posterior abandono del campo es la opción más viable. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), cuando comenzó el TLCAN el flujo migratorio se realizaba principalmente por adultos de entre 18 y 35 años, sin embargo, cinco años después esta actividad recaía en jóvenes de entre 0 y 23 años39.

Aunque hasta ahora hemos referido el abandono del campo como un fenómeno meramente económico, es de importancia fundamental para nosotras y nosotros mostrar que este proceso ha sido también motivado desde la cultura y la educación, como lo relatan claramente las y los jóvenes de Palos Altos, Jalisco (Ficha anexa). Las generaciones jóvenes que hemos nacido en el campo desde los 90 a la fecha hemos escuchado reiteradamente de nuestros padres y maestros que para tener una vida digna y exitosa debemos dejar la vida campesina y ponernos a estudiar, como si el estudio estuviera disociado del trabajo en el campo; además las y los jóvenes nacidos en el campo que logramos cursar los estudios básicos y acceder a la educación superior no logramos ejercer nuestra profesión en el medio rural y debemos establecernos en las ciudades, alejados de nuestras familias y comunidades, lo que demuestra que “las universidades no enseñan a estar en el campo, ya que forman espacios de éxito y estilos de vida que solo pueden ser cubiertos desde la vida urbana”.

El papel de las instituciones educativas en el proceso de destrucción de la agricultura tradicional campesina a través del desarrollo y enseñanza de tecnologías lesivas para la salud y el ambiente ha sido significativa desde la puesta en marcha de “La revolución verde” hasta nuestros días. Basta poner un par de ejemplos: la implementación de la tecnología de la revolución verde, contó con fuertes inversiones internacionales, entre las que destaca la de la Fundación Rockefeller para que las principales escuelas de agronomía del país hicieran énfasis en la enseñanza de sus principios básicos (el monocultivo de especies híbridas de alto rendimiento, la mecanización de la agricultura y el uso intensivo de plaguicidas sintéticos y fertilizantes) como la base para el mejoramiento de la productividad agrícola. El resultado fue que muchas generaciones de agrónomos mexicanos se formaron conociendo de manera exclusiva estos métodos.40 Consideramos este ejemplo como una grave muestra de la manipulación de las y los jóvenes y del uso de nuestras capacidades intelectuales para la ejecución de programas y proyectos que conducen a la destrucción de la vida campesina y en muchos casos de nuestras propias comunidades de origen. Otro caso significativo es la colaboración de Monsanto con el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) de Irapuato para el desarrollo de cultivos transgénicos de papa.

El proceso de descampesinización también se ha agudizado por el incremento de la violencia en las zonas rurales. Esta ha contribuido al abandono de tierras, a la intimidación de las comunidades y a la migración forzada. So pretexto de combatir a narcotraficantes y otros grupos criminales la presencia de cuerpos policiacos y militares ha proliferado en las zonas rurales de todo el territorio nacional.

En nuestro país, como en otros de Latinoamérica, la guerra contra el narco ha ocurrido a la par de la expansión de las trasnacionales en el territorio, mismas que han tomado control de los mercados y recursos naturales. Asimismo el desmantelamiento del campo ha generado una gran masa de jóvenes desempleados y pobres en condiciones de completa vulnerabilidad y en numerosas ocasiones nos convertimos en víctimas del reclutamiento forzado por grupos criminales, o bien recurrimos a las filas del ejército y la policía para la obtención de un ingreso.

Tan solo en el estado de Chiapas, la organización Voces Mesoamericanas Acción con Los Pueblos Migrantes, ha detectado los casos de 115 jóvenes originarios de comunidades rurales, desaparecidos después de que migraron a otros estados de la república con la promesa de ser contratados como jornaleros agrícolas. En dos de los 115 casos documentados la organización comprobó que los jóvenes fueron reclutados con engaños por el crimen organizado y trasladados a campos de entrenamiento en la península de Yucatán.41 En todo el país, el bajo precio de venta de los productos del campo, la carencia de tierra, la pobreza y la falta de empleo, nos convierten en sujetos vulnerables a la desaparición forzada, ya que nos orilla a seguir reclutadores que mediante el engaño y la promesa de empleo, nos esclavizan en el cultivo y procesamiento de drogas, en el servicio sexual o el sicariato.

A la desagrarización, la migración y el desplazamiento forzado por la violencia, se suman otros proyectos de descampesinización, como la creación de las ‘ciudades rurales sustentables’, que buscan reubicar a las y los campesinos en nuevos proyectos de urbanización, desplazándolos de su territorio. Se trata de un proceso que despoja a los campesinos de nuestra condición de productores independientes para convertirnos en empleados y consumidores. En lugar de impulsar el desarrollo de las comunidades en el campo, llevando a ellas servicios como calles, luz y agua, se trata de reubicarlas en centros que proveen estos servicios, creando nuevos negocios como las casas prefabricadas. En México, la reubicación se lleva acabo no sólo a través de promesas sino también de amenazas. Pese a este cambio radical en la forma de vida los pueblos desplazados no son consultados ni informados acerca de los cambios, así se viola su derecho elegir y buscar sus propias vías de desarrollo económico. Este tipo de proyectos de urbanización no sólo responden a una dinámica nacional, sino que también forman parte de procesos de desarrollo diseñados por las Naciones Unidas desde el año 2000 (‘objetivos de desarrollo del milenio’) que ignoran que no se pueden homogeneizar las necesidades de los diferentes pueblos del mundo. Además toman ventaja de las poblaciones rurales que resultan ser objeto de nuevos proyectos de inversión para capitales privados. De esta forma, además de robarnos a las y los jóvenes y futuras generaciones la base de la producción campesina al despojarnos de la tierra, nos arrancan de nuestros territorios que son el sustento de nuestra organización social, política e identidad como comunidades y pueblos.

IV.II.II.IV Eliminación de la propiedad social de la tierra

Hasta ahora México ha sido un importante bastión de la propiedad social (ejidal y comunal) de la tierra. El 51% de las 196 millones de hectáreas que comprenden el territorio nacional así como el 77% de los terrenos cultivables son propiedad de comunidades indígenas y campesinas, respectivamente. Esto equivale al total de la superficie de Venezuela, al doble del territorio de España y es 47 veces mayor que la superficie de El Salvador. En esa propiedad social se encuentran dos terceras partes de los litorales del país, el 74% de la biodiversidad y el 80% de los bosques y selvas.42

La propiedad social de la tierra ha sido la base de la soberanía y subsistencia de nuestros pueblos. Su defensa ha suscitado cientos de rebeliones y la primera revolución que cimbró las entrañas del continente americano. En las tierras comunes de nuestro país se encuentran muchos yacimientos mineros, de hidrocarburos y ojos de agua43, los cuales han sido codiciados por empresas trasnacionales de diversa índole (mineras, refresqueras, petroleras etc.).

Durante 1991 se propuso la supresión del reparto agrario y la modificación del estatuto jurídico de las superficies ejidales y comunales, el cual impedía la movilidad del mercado de tierras con la finalidad de garantizar que las y los campesinos beneficiados con el reparto agrario no perdiesen las tierras que se les había otorgado. Con el término del reparto agrario y la privatización del ejido concluyeron una vía de acceso a la tierra, que había significado el asentamiento, entre 1917 y 1992, de casi 30 000 ejidos y comunidades en aproximadamente la mitad del territorio nacional. Donde los beneficiados del reparto fueron alrededor de 3 millones 500 mil jefes de familia y se desconoce la cantidad de pequeños propietarios beneficiados44.

Como antesala de esta reforma el gobierno federal ha aprobado en este año (2014) una serie de leyes secundarias en materia energética que incluyen la figura de expropiación, ocupación superficial y servidumbre legal de hidrocarburos y electricidad sobre los terrenos ejidales y comunales, así como la declaración de estas actividades como prioritarias sobre cualquier otra actividad de utilidad pública. El término de ocupación temporal evoca la acción militar de establecimiento de un ejército enemigo u otro actor externo (en este caso, transnacionales) en el territorio y da cuenta de que las leyes mencionadas son una arista más de la guerra que los gobiernos que se han sucedido desde los años 60 a la fecha, han declarado contra el campo mexicano.45

La gravedad de esta situación reside en el hecho de que los intereses de lucro de cualquier trasnacional estarán por encima de los derechos a la tierra de los 27 millones de campesinos e indígenas que habitamos el territorio nacional, además de que la imposición de esta relación de subordinación y vulnerabilidad ante las empresas trasnacionales, es amparada por el Estado mexicano, que debiera garantizar la satisfacción de nuestros derechos sociales. Las trasnacionales petroleras, mineras y del agronegocio serán los nuevos latifundistas, su incursión en el campo generará especulación con la tierra, sobrexplotación, contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos, y privatización del agua, dañando severamente la vida de nuestras comunidades y acabando con nuestras fuentes de sustento; asimismo agravará la ruptura las relaciones comunitarias campesinas. Para poder sostener el proceso de acaparamiento de tierras y extracción salvaje de recursos se hace imperativa la proletarización de la juventud campesina y su desarraigo con la tierra, como medios para garantizar la existencia de una fuerza de trabajo barata y superexplotable, y porque al destruir la relación de las y los jóvenes con la tierra se destruye también la organización comunitaria que se teje en torno a las relaciones de propiedad colectiva y que es semillero de la lucha por la defensa y preservación de la soberanía nacional.

Para las y los jóvenes que vivimos en el campo la negación de nuestro derecho a la tierra y a poseerla de manera colectiva coarta nuestra posibilidad de vivir de lo que producimos y de sostener a nuestras familias a partir de la producción agrícola. También rompe la cohesión de nuestras comunidades que está estrechamente ligada al territorio. Nos convierte en poseedores únicamente de nuestra mano de obra, tan vulnerables a los designios del mercado mundial como las y los jóvenes en las ciudades, pero más empobrecidos porque muchas de nuestras comunidades se encuentran alejadas o aisladas de las vías de comunicación y de los centros urbanos donde se concentran los servicios de salud y educación. La restricción del acceso a la tierra nos convierte en asalariados o en el peor de los casos en desempleados en permanente tránsito, que dejamos nuestros hogares en búsqueda de mejores condiciones de vida, las cuales terminan siendo en su mayoría trabajos superexplotados en las grandes urbes. La migración temporal o permanente, nos impide construir un hogar y una vida comunitaria estable, además de que nos imposibilita iniciar o dar continuidad a nuestros estudios si así lo deseamos.

IV.II.II.V Despojo de los recursos naturales: Nuevas formas para mercantilizar la naturaleza y el territorio

Para desvincularnos de la tierra aplican formas más sutiles desde las políticas de conservación ambiental como las Áreas Naturales Protegidas (ANP), Pago por Servicios Ambientales (PSA) o el Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques (REDD y REDD++), entre otras iniciativas que simulan un interés o preocupación por el ambiente, pero que en realidad sólo están dirigidas a enmascarar el despojo a los verdaderos guardianes ancestrales de las tierras y el campo. El verdadero objetivo de estas grandes iniciativas a nivel nacional e internacional es ceder a los corporativos el control de la vida, el movimiento de las personas y de sus territorios. La entrega de áreas estratégicas – salud, educación, telecomunicaciones, carreteras- y la incorporación al mercado de los bienes nacionales y los ecosistemas – agua, aire, tierras, energía, biodiversidad, en general todo lo referente al medio ambiente y ‘servicios ecosistémicos’. Por medio de “asociaciones público- privadas” y sus figuras posteriores se acelera la privatización de los siguientes recursos – bosques, mares, yacimientos mineros y los hidrocarburos- que se encuentran en las tierras comunales del país. También se consolidan monopolios privados, se estruyen las paraestatales y los servicios públicos, garantizando multimillonarios subsidios y exenciones fiscales al empresariado, además de robustecer el aparato punitivo contra la protesta social, imponiendo violencia en las comunidades y eliminando cualquier posibilidad de participación comunitaria en las decisiones sobre sus territorios.

Estas políticas de descampesinización y despojo no se hubieran podido concretar sin poryectos desde las cúpulas en el poder. Uno de esos proyectos es “México 2030, Proyecto de Gran Visión” y fue hecho público en el 2007 durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo desde el 2006 – y durante toda su campaña electoral- dicho ex presidente hizo fuertes acuerdos y negociaciones, es decir se comprometió a la total apertura del país a los intereses empresariales, nacionales y extranjeros. Aquí sólo haremos mención a algunos fragmentos del discurso del ex presidente, y cómo este discurso y proyecto de despojo es continuado y concretado por el actual presidente Enrique Peña Nieto.

Otro ejemplo que es importante mencionar y que tiene repercusiones directas respecto a la descampesinización es el relacionado con los proyectos de infraestructura, en especial las “carreteras” que pasan por las comunidades y que se logran construir gracias a la expropiación masiva de las tierras y van contra los campesinos. El mismo documento “Gran Visión” se refiere a la tenencia de la tierra: afirma que gracias al gobierno de Carlos Salinas de Gortari “se echó para atrás el artículo 27 constitucional, lo cual permitió que el ejido se pudiera fraccionar, vender y privatizar”.46

Como es claro, esas leyes tienen un destinatario obvio y un referente directo, están dirigidas hacia aquellos movimientos y pueblos que han logrado en diferentes momentos de la historia del país mediante la protesta social frenar los megaproyectos. Dichos movimientos sociales son una amenaza para las inversiones y se les está avisando que las leyes están cambiando en su contra, que ya no les será tan fácil intervenir en los planes entreguistas del Gobierno Federal cuando se vuelvan a poner en marcha lo que estos movimientos en su momento truncaron, y que además si llegan a oponerse por segunda vez a lo que estarán expuestos es a la criminalización. Sin embargo con todo ello, los referentes emblemáticos han continuado defendiendo sus tierras, ejemplos de ello son San Salvador Atenco en el Estado de México, y el movimiento en contra de la presa La Parota en Guerrero. Una declaración pública de Calderón dejó clara una advertencia para apoderarse de las tierras desde el gobierno “se debe prevenir un segundo o un tercer Atenco”. Ellos declaran abiertamente que impedirán que el próximo aeropuerto47 no va a sufrir un segundo tropiezo. Se trata de “robustecer el aparato punitivo” y para ello ya se aprobaron en 2008 las reformas al sistema de justicia, y su aplicación ha sido gradual.48

IV.II.II.V.I La mercantilización de la biósfera en México a partir de las llamadas Áreas Naturales Protegidas (ANP), entre otras iniciativas

En México, al menos 23 reservas de la biósfera han sido parcialmente privatizadas bajo la figura de unidades de conservación para la vida silvestre (UMA).49 Es la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) quien da cuenta de que 2 millones 456 mil 142 hectáreas de “áreas naturales protegidas”, están en manos de particulares, por medio de 66 unidades de conservación. “México 2030, Proyecto de Gran Visión”, destaca que el objetivo es “estimular aún más las UMA´s”, por lo tanto también posibilitar las “contribuciones privadas e internacionales mediante un fideicomiso nacional de tierras para la conservación, coordinado además de la SEMARNAT por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (antes Secretaría de la Reforma Agraria). Dicho instrumento fiduciario incidirá en todas las áreas naturales protegidas “en tierra y mar”.

Los actuales gobiernos avanzan sexenio con sexenio hacia la privatización y expropiación del territorio. No hay tregua para los pueblos. Se proyecta que en dos décadas el 50% del territorio terrestre, costero y marino nacional sea considerado Área Natural Protegida y su “conservación” (explotación) será totalmente cedidas a la iniciativa privada. La única manera de justificar que esos territorios dejen de ser resguardados por las comunidades y sean entregados a privados es que dichas Áreas Naturales Protegidas son la alternativa que permite la reproducción y propagación de especies silvestres, la mitigación y absorción de gases de efecto invernadero, elaboración de productos, servicios y derivados certificados que puedan incorporarse a un circuito de mercados verdes para su comercialización, disminución de la presión social en la zona, conservación del medio ambiente y un mayor conocimiento de sus especies, hábitat y ecosistemas. Sin embargo, los moradores ancestrales de esos territorios están seguros de que se ha entregado nuestros bienes naturales a las grandes corporaciones internacionales a cambio de nada. “Se adueñan de todo: agua, minería, especies vegetales, pesca y recursos forestales, con el pretexto de que no tenemos tecnología ni dinero para investigación tecnológica, ni capital para invertir.”50 Aunado a eso, el problema se intensifica ya que existe una ausencia en la aplicación efectiva de la legislación ambiental, además de que el nivel de corrupción en la SEMARNAT y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) son eminentes.

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, 95% de las ANP está ubicado en superficies de uso común, ejidales y comunales, por lo que se adueñan de 23% de la superficie del sector social y al menos 71 de ellas se encuentran sobre territorios de 36 pueblos indígenas. De las 152 áreas terrestres prioritarias para la conservación, que abarcan 51 millones 600 mil hectáreas, al menos 60 se traslapan con territorios indígenas. De los 55.3 millones de hectáreas de bosques y selvas que cubren el territorio nacional, 80% son propiedad de aproximadamente 8,500 ejidos y comunidades, con una población estimada de 12 millones de habitantes (CONAFOR, 2014).

IV.II.II.V.II El control de la biomasa, despojo adelantado contra las generaciones futuras

La disputa por la biomasa representa un nuevo giro de la economía mundial. Posible en este momento de desarrollo por la convergencia de las ciencias, los sectores industriales y financieros51, pero sobretodo por los límites planetarios y el horizonte de crecimiento humano que para 2050 colocará a la humanidad en una encrucijada.

Según la ONU para el 2050 habrá 9 mil millones de personas en el planeta. El consumo y la producción necesaria para esa población aumentarán exponencialmente, al grado que se estima que para ese año se estará utilizando el doble de la biocapacidad de la tierra.52 Eso sin contar que para ese año la erosión, el daño ambiental y el calentamiento global aparecen como variables que pueden impactar considerablemente sobre las capacidades de producción y consumo, al mismo tiempo que pueden generar nuevas necesidades imposibles de ser satisfechas.


En esa perspectiva alarmante para 2050 la pelea por la biomasa, núcleo de la economía verde, es estratégica. Quien tenga control de la biomasa tendrá el control de la economía53… y del mundo. Por ahora en esta pelea por la biomasa se va por el acaparamiento global de los bosques, que representan la mayor concentración de biomasa terrestre (por eso REDD+ es una amenaza más que una alternativa54); las plantaciones extensivas de palma, soja, maíz, etc.; los ecosistemas agrícolas; los pastizales; los ecosistemas marinos porque engloban el 48.5 de la biomasa del planeta y tiene la ventaja de tener débiles regulaciones, por lo que incluso ya no sólo se habla de economía verde, sino también de economía azul.

Vivimos una nueva ofensiva por la biomasa que se abrió paso con la ley Monsanto (2004)55 y el decreto presidencial que terminó con la moratoria que impedía la siembra de maíz transgénico en el país.56 También con la Ley de asociaciones público privadas (2012), que obliga al Estado a asumir los costos por la apertura de nuevos mercados de biomasa que de otro modo no serían atractivos. Con el impulso de Presas hidroeléctircas que despojan a las comunidades de sus territorios. El Proyecto REDD+ que va por la expropiación velada de los bosques en posesión comunitaria para entregarlos a empresas y ofertarlos en las bolsas de valores y por la siembra masiva de monocultivos “ecológicos”.57Así mismo, de la nueva iniciativa de comercialización de maíz transgénico58 y la apertura del nuevo complejo de biociencias del CIMMYT que promoverá la manipulación genética del maíz para fines alimentarios e industriales, inaugurado por los nuevos “Rockefeller” Bill Gates y Carlos Slim.59

La nueva ofensiva se promueve también desde el llamado régimen post 2012, que plantea como parte de sus “Elementos clave y medidas de política para la ruta de crecimiento verde de México” impulsar la reforma laboral y fiscal para promover la formalidad (sic), fomentar programas como oportunidades o seguro universal y eliminar subsidios a energéticos,60 porque “la gente desperdicia los energéticos porque les cuestan muy poco”.

También se promueve el etanol con caña de azúcar,61 la siembra de palma africana y de maíz para sustituir los combustibles fósiles. Sin tomar en cuenta los riesgos ambientales que esto conlleva, pues el único problema que el gobierno ve en esto es la falta de investigación en ese tipo de ciencia y los subsidios a combustibles fósiles.62Promueven los incineradores de basura,63 que además de los riesgos y enfermedades que provocan en quienes viven a sus alrededores, no hacen sino fomentar la generación de basura para hacerlos rentables.64 Así también el pago por servicios ambientales aparece como una buena opción “siempre y cuando resulte tanto o más atractivo que destinar superficies actualmente ocupadas por bosques y selvas a las actividades económicas que provocan directamente la tala inmoderada”,65 el pago por servicios ambientales ha sido rechazado por comunidades porque al entrar en esto se limitan o suprimen sus derechos de control territorial y autonomía.

Entre los puntos estratégicos para el gobierno de la nueva economía verde está el de la adaptación al cambio climático. De entrada el término “adaptación” evidencia que no están por frenar o reducir las emisiones que generan calentamiento global, sino que lo abordan como un futuro ineluctable del cual pueden sacar provecho. A pesar de que los estudios del gobierno predicen que habrá pérdida de tierras y desertificación en el 48% del territorio y disminuirá la diversidad del maíz, el incremento de precipitación (a costa de las sequías) en regiones de la sierra madre oriental permitirá abrir nuevos negocios.66 Úbica diferentes escenarios con el cambio climático y plantea que en todos hay una región del país, que se beneficiaría con la precipitación de agua, aunque otras zonas perderían aprovechamiento. El diagnóstico les sirve no para prevenir, sino para analizar en qué zonas deberán invertir, “moderar los daños potenciales, tomar ventaja de las oportunidades”67 y reconocer que una minoría que tenga posibilidades de adapatación podrá ser beneficiada con el cambio climático.68

Otro negocio que entraría ya en la economía azul es el control de la biomasa marina que ya opera en el golfo de México para producción de etanol celulósico a partir de algas. Entre las empresas que convergen en este negocio está Biofields, Dow Chemical Co. Velro Energy, Linde Gas, el Georgia Tech y la Universidad de la Costa del Golfo de Florida.

Como parte de las grandes novedades “verdes” está el impulso de la geoingeniería – ingeniería a escala planetaria- para enfrentar el cambio climático. Está el proyecto de enterrar el 30% de los residuos agrícolas de E.E UU. a cuatro metros de profundidad en el golfo de México.69 Sus impulsores lo promueven como una gran solución, sin tomar en cuenta las consecuencias que esto puede traer con la alteración de los ecosistemas marinos que ahí habitan.

Si bien las propuestas de geoingeniería son preocupantes, aún no han avanzado tanto como las nanotecnológicas, que buscan “fusionar tecnologías estratégicas a nano escala (la millonésima parte de un milímetro)”,70 para lograr el total control de la capacidad reproductiva del planeta entero.71 El plan se resume con el nombre de NBIC (nano-bio-info-cogno) 72 y se oferta como “tecnología limpia” porque puede facilitar la reducción de requerimientos de materia prima.73

Entre los principales impulsores de la nanotecnología destacan:

– El nuevo asesor de Ciencia y Tecnología, Francisco Bolívar Zapata, denunciado por Greenpeace por ser de los científicos que abrió las puertas a los proyectos de maíz transgénico74.

– Esther Orozco, denunciada por firmar- cuando era directora del Instituto de Ciencia y tecnología del Distrito Federal- contratos con una de las principales empresas militares nortamericanas, la Rand Corporation y por el contrato de 7 millones 514 mil 100 pesos con la empresa McKinsey & Company Inc, señalada por Greenpeace de promover la deforestación, pero también se le ubica a esta empresa como una de las responsables del desmantelamiento de Pemex.75

– Valeria Souza, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, que promovió y facilitó, como parte de nuevos proyectos para control de la biomasa, estudios y extracción de recursos de la vida microbiana única de Cuatro Ciénegas, Coahuila por la NASA.76

La misma Souza, junto al prestigiado investigador Juan Enríquez Cabot (que además realiza proyectos de saqueo en el territorio chiapaneco), financiados por el empresario regiomontano Alfonso Romo y de la mano de Synthetic Genomics (empresa del controvertido genetista Craig Venter), se aliaron en junio de 2007 con la British Petroleum para el desarrollo de biología sintética y vida artificial aplicada a biocombustibles. En estas investigaciones parte de la vida microbiana del Golfo de México ya es propiedad de Synthetic Genomics. 77

La disputa por los sectores de la vida que aún no son parte del mercado constituye una de las innovadoras formas de despojo para las generaciones futuras. El terreno de disputa es el campo y para abreviar combates, el Estado avanzó con las modificaciones contenidas en la reforma energética, que atenta contra la vida de la juventud y las generaciones futuras.

IV.II.II.VI Omisión del carácter político del campo

Hace más de 10 mil años nuestros primeros ancestros humanizaron estas tierras. Esto fue posible por el desarrollo de la agricultura. A partir de ese momento se comenzó a configurar lo que hoy llamamos “el campo mexicano”, espacio fundante de nuestra civilización, de la estrecha relación que construyeron nuestros antepasados con la naturaleza y entre ellos mismos. Desde aquí se ha desarrollado la sociedad, la política básica de la nación, que evolucionó con mecanismos comunitarios de toma de decisiones asamblearias, de distintos roles de participación política, de una dimensión no restringida a las fronteras estatales que incluían distintas formas de relaciones con pueblos del continente entero. De ahí viene que en los momentos de crisis, los pueblos indígenas campesinos hayan sido los que rearmaron el país una y otra vez y que en lo profundo de sus formas de vida se hayan acumulado históricamente las potencialidades rebeldes.

En el plano internacional la misma FAO que se supone es el máximo organismo constituido para dignificar a la alimentación y la agricultura niega el carácter político y social del campo al nombrarlo como un espacio, más que social, individual (o a lo mucho familiar); de mero sustento, más que espacio de organización política; con pautas empresariales, sin dejar esto último claro (FAO, 2007). Pero la violencia contra la vida en el campo, en el caso específico de México, no sólo responde a la lógica económica, sino que es fuertemente determinada por lo político: para sostener y profundizar la ocupación del país se requiere de aniquilar el núcleo fundamental de la patria, destruir o anular las fuerzas productivas humanas capaces de recuperar-refundar la personalidad histórica de los pueblos. Por eso resulta vital eliminar la violencia descarnada o velada, la marginalidad que reduce a la gente a mera masa de maniobra, estas características tensan las relaciones de los pueblos generando conflictos al interior de los pueblos, “balcanizando” a las comunidades, armando grupos paramilitares y criminales enfocados a romper lo comunitario, a romper, en suma, el fundamento político de un pueblo que necesita, para frenar la destrucción de la tierra y de sí mismo asumir la acción política mayor: la refundación constituyente del país.

IV.III Presentación de casos

Como evidencias de la destrucción de la vida campesina que hemos denunciado en la sección anterior, presentamos a continuación los siguientes casos:

Violencia contra la vida campesina en la región Grullo Autlán, municipio del Limón, Estado de Jalisco. Jóvenes de la región del Grullo Autlán, del municipio del Limón, Jalisco, relatan el cambio de la vida campesina a partir de la implantación de la forma de producción industrial y productivista en el campo, principalmente respaldada por las políticas y programas gubernamentales derivados de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  Como consecuencia de estas políticas la vida campesina se ha visto violentada y sometida al monocultivo, al uso de semillas híbridas y a la compra de plaguicidas y fertilizantes que han afectado la diversidad de plantas y semillas en la región. Denuncian la pérdida de soberanía alimentaria que antes les permitía una mejor vida y más saludable, asimismo la relegación de sus conocimientos frente al modelo de producción agroindustrial, todo lo cual ha dejando un futuro incierto y esclavizante a los jóvenes y a las generaciones futuras.

La desposesión del territorio para las generaciones futuras por megaproyectos en San Francisco Ixhuatán, Istmo De Tehuantepec, Oaxaca. Jóvenes indígenas Gixi Za, (Zapotecas) de San Francisco Ixhuatán, del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, denuncian a los tres niveles de gobierno y en especial a la Secretaría de Economía por otorgar la concesión de sus territorios a las empresas mineras Minaurum Gold Inc.  y Lowell Copper, así como a empresas salineras y eólicas, con lo que el Estado mexicano viola su derecho al territorio, a la vida y la consulta previa e informada, además de violentar sus modos de producción tradicionales. Los jóvenes acusantes prevén que estos proyectos traerán consigo un gran impacto al ambiente y a la salud de los habitantes de sus comunidades, además de generar un escenario caótico para las generaciones futuras.

Despojo del territorio y destrucción de la vida campesina por minería en Chicomuselo, Chiapas (OCEZ). Los jóvenes de la comunidad de Grecia en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, pertenecientes a la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-MLN) denuncian a las mineras El Caracol y la norteamericana Black Fire, apoyadas por los tres niveles de gobierno, por el despojo y contaminación de su territorio para la extracción de oro, barita y antimonio. Acusan también a las empresas mineras de provocar conflictos al interior de su comunidad y de dividir a su asamblea ejidal mediante el ofrecimiento de dinero, la intimidación y el asesinato. Asimismo acusan a los gobiernos municipal, estatal y Federal de favorecer la operación de las empresas e incumplir acuerdos.

Ecocidio en el bosque Otomí-Mexica por proyecto carretero en Xochicuautla Estado de México.  Los jóvenes de la comunidad indígena San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, denuncian a la empresa Autovan S.A. de C.V, al Gobierno federal, estatal y municipal, y al ex comisariado y actual comisariado de bienes comunales, de respaldar el proyecto carretero privado: Toluca-Naucalpan. Que provocará la devastación de sus bosques ancestrales, de los recursos naturales de los que subsiste la comunidad y de la vida en general. En 1980 y 2006 el bosque Otomí-Mexica fue decretado área natural santuario del agua, por pertenecer a la subcuenca del río San Lorenzo, además de poseer un régimen de tenencia comunal de tenencia de la tierra. Las y los Jóvenes de la comunidad de San Francisco denuncian la ausencia de una consulta previa e informada para el establecimiento del proyecto, así como la violencia y hostigamiento desplegados en contra de la comunidad para la imposición del proyecto. La autopista privada solo beneficiará a los habitantes de zonas de lujo, como Santa Fe, facilitando su acceso al aeropuerto de Toluca.

Despojo y expulsión del campo a jóvenes en la zona surponiente del Estado de Morelos. Las y los jóvenes de la zona surponiente del Estado de Morelos, denuncian como a partir de la entrada en vigor del TLCAN, se les ha despojado de la tierra y del trabajo campesino como principales formas de subsistencia, obligándoles a incorporarse al mercado del trabajo asalariado y a laborar en las empresas turísticas y zonas habitacionales de lujo que se han establecido en su territorio. Denuncian también el establecimiento de un cementerio de askareles y un basurero en la comunidad de Alpuyeca que por mas de 30 años recibió los desechos de Cuernavaca y cuatro municipios del estado de Morelos, lo que provocó la contaminación de sus ríos, pozos de agua y el desarrollo de malformaciones congénitas, problemas renales y cáncer en la población. De manera general ponen en evidencia las contradicciones campo-ciudad que se han agudizado a partir de la adopción del modelo neoliberal.

Despojo y expulsión de jóvenes del campo por el establecimiento de la Presa Hidroeléctrica las Cruces. Los jóvenes de la Federación de Estudiantes de Nayarit denuncian la amenaza de inundación de 4,547 hectáreas de tierras comunales en cinco núcleos agrarios pertenecientes a pueblos Coras, Huicholes y Mexicaneros por la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces sobre el río San Pedro Mezquital en el Estado de Nayarit. El proyecto provocará el desplazamiento forzado de 6,137 habitantes pertenecientes en su mayoría a los pueblos indígenas mencionados, además de causar un daño irreparable a la vida de sus comunidades al destruir las actividades agrícolas, la ganadería y la pescada de las que subsisten.

IV.IV Consecuencias para las generaciones futuras

De sostenerse estas tendencias y exacerbarse, el panorama para la juventud y el campo mexicano se consumará la cancelación de la vida humana en el campo a través de un procesos de rupturas comunitarias, para suprimir, como ya dijimos, el núcleo político básico posibilitador de la rebeldía y el alzamiento nacional. La tendencia hacia el vaciamiento poblacional del campo avanzará de la mano del despojo para imponer megaproyectos, con su posterior impacto ambiental que conlleva, de la contaminación y muerte de los elementos básicos para la vida (bosques, agua, suelo, subsuelo, aire, etc.); de la huida masiva de territorios que se convertirán inhabitables. La población que habita en el campo aparece, en la perspectiva de futuro, como la sobrepoblación relativa potencialmente sacrificable para resolver la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, esto por la exacerbación de la miseria, por los impactos ya calculables del calentamiento global (sequías, hambrunas, inundaciones, etc.), por el exterminio violento de la población vía masacres, ocupaciones militares del ejército nacional o del norteamericano (so pretexto de un “estado fallido” o de un supuesto “enemigo interno” a liquidar) y por la generación de conflictos intercomunitarios.

Con esto, además de romper el núcleo político básico para las clases nacionales, se perderán las potencialidades humanas relativas a sostener un enfrentamiento en el territorio contra las fuerzas invasoras. Se perderán los saberes milenarios de los pueblos en materia de medicina, conocimiento del entorno, la geografía, la política, la naturaleza y se cometerá un grave ataque contra la humanidad en su conjunto. Se perderán las ya menguadas posibilidades de soberanía alimentaria.

Además, de consumarse y extenderse la siembra comercial de maíz transgénico en el país se comprometerá de manera irremediable la salud y la soberanía alimentaria de las generaciones futuras. El uso excesivo de agroquímicos para el mantenimiento de estos cultivos negará a los jóvenes porvenir, el derecho a desarrollarse sanamente incluso antes del nacimiento ya que esta sobradamente comprobado que la exposición estas sustancias de madres embarazadas provoca el desarrollo de malformaciones congénitas y afectaciones en el sistema nervioso central de los fetos, incluso la ocurrencia de mortinatos. La tecnología transgénica imposibilitara a las generaciones venideras nacer vivas y saludables.

IV.V Agravios, derechos violentados y responsables

La información expuesta en este eje constata el rol protagónico que las autoridades mexicanas han desempeñado en la imposición de un modelo de desarrollo basado en políticas generalizadas de despojo y saqueo, acaparamiento de tierras, vaciamiento programado de territorios, extracción de recursos naturales, proletarización y precarización del empleo, súper explotación internacional de fuerza de trabajo campesina y expulsión calculada de población nativa, así como el papel activo que los gobiernos neoliberales han jugado en el proceso de subordinación general del conjunto de dinámicas reproductivas de la sociedad mexicana y de los proyectos de vida individuales y colectivos, a las necesidades y exigencias empresariales y corporativas del capital norteamericano.

IV.V.I Las jóvenes que participamos en esta audiencia acusamos a los siguientes responsables de la destrucción del campo antes referida:

1.- A los gobiernos neoliberales que han usurpado la soberanía nacional y atentado contra los principios nacionalistas y los contenidos sociales de la Constitución mexicana de 1917. Especialmente por la reciente modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, a la Ley de inversión extranjera, Ley minera y Ley de asociaciones público privadas, así como por la expedición de la ley de hidrocarburos y Ley de la industria eléctrica que legalizarán el despojo a ejidatarios, comunidades indígenas y pequeños propietarios de su tierra, en las áreas de interés para el establecimiento de empresas trasnacionales mineras, de la industria eléctrica y geotermia.

2.- Al Estado Mexicano que ha supeditado el cumplimiento de sus deberes sociales fundamentales a las necesidades y exigencias de grandes empresas criminales y grupos corporativos multinacionales.

3.- A cada una de las dependencias, órganos, organismos, agencias, institutos e instancias legislativas, administrativas y jurisdiccionales en México encargadas del diseño, aplicación y evaluación de las políticas ambientales y de seguridad humana.

que por comisión u omisión han fomentado la destrucción y mercantilización del campo mexicano: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL); la Secretaria de Salud (SSA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

4.- A cada una de las trasnacionales de la agroindustria que denunciamos en la presente acusación, por dañar nuestra salud, comprometer nuestra soberanía alimentaria, contaminar y apropiarse de nuestras semillas, y provocar el endeudamiento y la dependencia de los campesinos hacia insumos externos: A las Productoras de semillas transgénicas y agrotóxicos: Monsanto, Pionner, Hi-Bred International, Dow, Syngenta, Bayer y Basf; a las comercializadoras: Cargill, Walmart y Femsa; a las industrializadoras: Maseca y Minsa.

5.- A las instancias encargadas de regular el comercio y el uso de agroquímicos en el país: CICOPLAFEST (Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y uso de Plaguicidas y Sustancias Toxicas), SEMARNAT, SAGARPA, Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por permitir los graves problemas de salud y contaminación del suelo, agua y aire asociados al uso excesivo de plaguicidas.

6.- A los Estados firmantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por provocar la competencia desigual de los campesinos mexicanos respecto a los productores subsidiados de EUA y Canadá. Asimismo a la Fundación Rockefeller por financiar la imposición del modelo tecnológico de la revolución verde en nuestro país, que ha provocado la dependencia del campo mexicano hacia insumos externos.

7.- A los centros de investigación que contribuyen al desarrollo de tecnologías agrícolas lesivas para la salud y el ambiente: Instituto de Ecología de la UNAM, que promovió y facilitó el robo de vida microbiana única de Cuatro Ciénegas, Coahuila por la La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio(NASA). Al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), pionero en el desarrollo de variedades transgénicas de diversas plantas alimentarias y sus financiadores Bill Gates y Slim. Al CINVESTAV Irapuato financiado por Monsanto para el desarrollo de variedades de papa transgénica.

8.- A los académicos responsables del desarrollo y fomento de tecnologías dañinas, que fomentan la dependencia, empobrecimiento y enfermedad de nuestros pueblos: 1) Francisco Bolívar Zapata, denunciado por promover activamente la siembra de maíz transgénico en México 2) Esther Orozco; por firmar contratos con la empresas militar nortemericana Rand Corporation y con McKinsey & Company Inc, señalada por promover la deforestación y haber diseñado el desmantelamiento de Pemex, 3) Valeria Souza, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, que facilitó el robo de vida microbiana única de Cuatro Ciénegas, 4) a Juan Enríquez Cabot que realiza proyectos de saqueo para la British Petroleum Company en el territorio chiapaneco, financiado por el empresario regiomontano Alfonso Romo.

9.- A los grupos criminales responsables de la desaparición forzada de jornaleros agrícolas y convertirlos en esclavos en el cultivo y procesamiento de drogas, en el servicio sexual o el sicariato; asimismo los grupos paramilitares que operan al servicio de las trasnacionales por ser los responsables de la intimidación, asesinato y despojo de nuestros pueblos.

10. A las autoridades obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los campesinos en armonía con los estándares del Derecho Internacional, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además de prevenir, investigar, sancionar y reparar de manera integral las violaciones cometidas en su contra.

IV.V.II Derechos violentados

De acuerdo a las Leyes Nacionales:

Asimismo denunciamos ante este tribunal que los responsables mencionados nos han violado los siguientes derechos:

Establecidos en la constitución mexicana:

1.- El derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

2.- El derecho a un ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar.

3.- El derecho a la protección de la salud (Art. 4)

4.- El derecho a que nos se nos impida dedicarnos a la profesión que deseamos, es decir a vivir del campo y ser campesinos (Art. 5)

5.- El derecho a la atención oportuna y a favor del campo mexicano (Art. 27)

6.- El derecho a gozar de un trabajo digno (Art. 123)

Establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

7.- A decidir nuestras propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecta nuestras vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupamos o utilizamos de alguna manera. Además, a participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarnos directamente (Art. 7).

8.- A la propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupamos. Así como a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por nosotros, pero a las que hayamos tenido tradicionalmente acceso para nuestras actividades tradicionales y de subsistencia. A la garantía de protección de nuestros derechos de propiedad y posesión (Art. 14).

9.- A los recursos naturales existentes en nuestras tierras y participar en su utilización, administración y conservación. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo a ser consultados antes de emprenderse cualquier programa de exploración o prospección y a ser indemnizados en caso de realizarse estas actividades (Art. 15).

10.- A no ser trasladados de las tierras que ocupamos. En caso de una situación excepcional que exija el traslado a ser consultados para ello. A retornar a nuestras tierras (Art. 15).

11.- A la existencia de programas agrarios nacionales que realmente garanticen el otorgamiento a los pueblos campesinos de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que poseemos (Art. 16).

12.- A impedir que personas extrañas a nuestros pueblos puedan aprovecharse de nuestras costumbres o de nuestro desconocimiento de las leyes para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras que nos pertenecen (Art. 17).

Establecidos en la Declaración Universal de los Derechos de los pueblos (Declaración de Argel):

13.- El derecho a existir (Art. 1).

14.- El derecho al respeto de nuestra identidad nacional y cultural (Art. 2).

15.- El derecho a no ser sometidos a condiciones de vida que puedan comprometer la identidad o la integridad de nuestro pueblo (Art.4).

16.- El derecho exclusivo sobre nuestras riquezas y recursos naturales así como a recuperarlos si han sido expoliados y a cobrar las indemnizaciones injustamente pagadas (Art. 8).

17.- El derecho a participar del progreso científico y técnico que forma parte del patrimonio común de la humanidad (Art. 9).

18.- El derecho a que nuestro trabajo sea justamente evaluado, y a que los intercambios internacionales se hagan en condiciones de igualdad y equidad (Art. 10).

19.- El derecho de todo pueblo a darse el sistema económico y social que elija y de buscar su propia vida de desarrollo económico, con toda libertad y sin injerencia exterior (Art. 11).

20.- El derecho a la conservación, la protección y el mejoramiento del medio ambiente (Art.16).

Establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

21.- El derecho a la libre determinación de nuestros pueblos (Art. 1)

Establecidos en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

22.- Derecho a un Medio Ambiente Sano (Art. 11)

Establecidos en Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas:

23. A no ser desplazados como pueblos indígenas de nuestras tierras o territorios.

IV.VI Demandas, exigencias y reparaciones

Es por todo lo anterior que los jóvenes de este país exigimos al Estado mexicano, en sus tres niveles lo siguiente:

– Para poder aspirar a un mejor futuro, poner a la soberanía alimentaria nacional por encima de las necesidades del libre mercado y las empresas de la agroindustria, comenzando por la renuncia al TLCAN e incorporación a la Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA).

– Para que la reproducción social de la vida campesina pueda ser restaurada, generar instrumentos legales que permitan modificar la tenencia de la tierra de privada a popular o comunal.

– Para evitar futuros daños como los ya presentados, tomar en cuenta a la población en la toma de decisiones que arriesguen elementos fundamentales de su vida.

– Para la armonía entre el campo y la ciudad, que el desarrollo de las ciudades sea planeado y que este planeamiento resulte de la coordinación con comunidades rurales aledañas para acordar formas de crecimiento que no impacten de manera negativa en el campo, por ejemplo, que su crecimiento no las convierta en zonas periurbanas desreguladas.

– Para la asimilación de la vida campesina en un México dañado por un histórico racismo, que existan campañas de divulgación sobre la importancia de la actividad, tanto en la ciudad como en el campo.

– Para atender los daños que ya ha generado a la salud, que asegure de por vida a las personas afectadas y a las expuestas a agroquímicos. En el mismo sentido, que se prohíba la venta de los agroquímicos que están prohibidos en otros países y se impulse, una transición hacia una agricultura de bajo impacto ambiental.

– Para construir más cuidadosamente un futuro común en el que los jóvenes puedan regresar a trabajar las tierras de sus padres y ancestros, que se reformule el artículo 127 constitucional, programas de impulso integral a sectores campesinos mediante una coordinación entre todas las instancias de desarrollo nacional, las cuales generen políticas públicas que, en conjunto con las organizaciones campesinas, devuelvan la rentabilidad a la actividad agrícola de pequeña y mediana escala en concordancia con sus ecosistemas.

– Que el Gobierno Federal y Estatal fomenten la diversificación de cultivos, así como respetar y tratar de recuperar laos que ya existían, para que los jóvenes que van a trabajar su propia tierra en un futuro cercano tengan cultivos más resilientes ante plagas y cambios climáticos y les aseguren una mayor soberanía económica (y, con ello, al país una soberanía alimentaria).

-En congruencia con una visión de soberanía nacional, que sea prioridad gubernamental dar empleos a sectores agrícolas nacionales que a favorecer la agricultura extranjera de monocultivos y basada en agroindustria foránea.

-Que se produzcan alimentos en calidad y cantidad suficiente para toda la población de México, con un enfoque local y de economía solidaria, en el que a los productores se les pague bien y los consumidores tengan un precio justo y acorde a sus posibilidades de gasto, considerando relaciones de producción consumo y mediante subsidios estratégicamente orientados en este sentido.

– Exigimos a los tres niveles de gobierno que alerten y protejan a los jóvenes del campo del reclutamiento forzado y asuman la responsabilidad que les corresponde en la búsqueda de las mas de 26 mil 500 personas que han desaparecido en los últimos 8 años por estos motivos, de las cuales  la mayoría son jóvenes entre los 15 y 35 años.

– Asimismo exigimos el castigo a los responsables de su desaparición y esclavización en el cultivo y procesamiento de droga, en el servicio sexual y el sicariato.

Todas estas demandas van orientadas, en todo momento, a mejorar las condiciones del campo y a que los jóvenes tengan como herencia un campo que les permita tener una vida digna si deciden vivir de este sector primario.

Y aunque exigimos todo esto al Estado, pero también nos lo exigimos a nosotros mismos. El campo tiene una profunda crisis y no nos podemos quedar absortos e inermes. Si no somos los protagonistas e interesados de esta búsqueda, ¡quiénes! Si no somos nosotros los que exijamos activamente estos puntos, seguramente nadie lo hará para la juventud.

Así que luchemos con las armas que tenemos, el conocimiento y la experiencia de cada uno de nosotros; integremos la lucha a nuestra vida cotidiana, cada uno desde su propia trinchera, desde su propia forma de vida puede hacer algo.

1 La memoria biocultural (Toledo y Barrera Bassols 2008, p.53) es la memoria colectiva que recoge milenios de convivencia entre un grupo humano y su territorio, y se expresa en diversidad de plantas domesticadas, paisajes moldeados y en un profundo conocimiento tradicional, con sus prácticas y cosmovisiones asociadas.

2 Según Rosas Landa O. et al (2006) El empobrecimiento criminal de los campesinos los ha orillado a consumir autodestructivamente sus reservas territoriales. En ese proceso se identifican 3 etapas en las políticas públicas: medidas de primera generación, apoyos productivos (Pronasol, Procampo). La segunda consiste en sustituir los apoyos productivos por apoyos a la reproducción de la fuerza de trabajo (Progresa, Oportunidades) y ahora se da paso a la tercera generación , la reproducción del medio ambiente (PSAH, PSACABSA).

3 Appendini K., Pepin-Lehalleur, Rendón T. y Salles V. (1983). El campesinado en México, dos perspectivas de análisis. México: El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos.

4 Esteva Gustavo (1980). La batalla en el México rural. México: Siglo XXI. p.248.

5 Casas A. y Caballero J. (1995). “Domesticación de Plantas y Origen de la Agricultura en Mesoamérica”. México: Ciencias 40: 36-44; Zizumbo Villarreal, D. García Marín, P. C. (2008). “El origen de la agricultura, la domesticación de plantas y el establecimiento de corredores biológico-culturales en Mesoamérica”. México: Revista de Geografía Agrícola 41: 85-113.; Esteva Gustavo (1980). La batalla en el México rural. México: Siglo XXI. 248 pp.

6 De Grammont H. C. (2009). “La desagrarización del campo mexicano”. México: Convergencia. Revista de Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de México.

7 Ceccon E. (2005) . “La revolución verde tragedia en dos actos”. México: Revista Ciencias, No. 91.

8 Pichardo B. (2006).La Revolución Verde en México”. Brasil: Agraria, Nº 4, pp. 40-68. Antes de Rockefeller, Henry Wallace, entonces ministro de agricultura de Estados Unidos emprendió un viaje por México, a partir de la observación de la riqueza de la agricultura y el entorno, proyectó el despojo que empezó a operar con el CIMMYT y luego avanzaría con otras formas. Carmelo Ruiz Marrero es quién ha denunciado esto. Para mayor información véase “An Agrarian Progressive. The Life and Passion of Henry A. Wallace”. (Marzo 27 de 2012). Disponible en: http://www.counterpunch.org/2012/03/27/the-life-and-passion-of-henry-a-wallace/

9 Actualmente recibe el financiamiento de Bill Gates y Slim, dos de los hombres más ricos de mundo para el desarrollo de tecnología transgénica. Riveiro S. (2013). “Gates & Slim: sombra de la revolución verde dólar”. México: La Jornada, 23 de febrero.

10 Del total de la población rural, y producto de la crisis, el 37% no reciben ingreso (12 millones 506 mil 000 personas), 25% recibe hasta un salario mínimo (8 millones 450 mil 000 personas), 26.9% de uno hasta dos salarios mínimos (9 millones 92 mil 200 personas), 8% recibe de dos hasta cinco salarios mínimos (2 millones 704 mil personas), y sólo 5.1% de los trabajadores agrícolas reciben un ingreso superior a cinco salarios mínimos (1 millón 723 mil 800 personas). Centro de Análisis Multidisciplinario, (2010). Empleo, desempleo, situación del campo, los trabajadores, la explotación laboral, Canasta alimenticia recomendable y deuda 2006-2010. México: CAM. Disponible en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2010/10/14/empleo-desempleo-situacion-del-campo-los-trabajadores-la-explotacion-laboral-canasta-alimenticia-recomendable-y-deuda-2006-2010/

11 Centro de Análisis multidisciplinario, (2010). Empleo, desempleo, situación del campo, los trabajadores, la explotación laboral, Canasta alimenticia recomendable y deuda 2006-2010. México: CAM. Disponible en: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2010/10/14/empleo-desempleo-situacion-del-campo-los-trabajadores-la-explotacion-laboral-canasta-alimenticia-recomendable-y-deuda-2006-2010/

12 Enciso A. (2012). “Este año morirán 10 mil niños por enfermedades de la desnutrición”. México: La Jornada, 16 de octubre.

13 Suárez V. (2013). “Nueva revolución tecnológica con campesinos y sin transgénicos”. México: La jornada del Campo, 16 de febrero

14 Albert Lilia (2002). “Niños jornaleros y exposición a plaguicidas”. México: Foro Invisibilidad y conciencia: Migración de niñas y niños jornaleros agrícolas en México”. México. 26 y 27 de septiembre 2002.

15 Salinas, A. S. (2012). “Jornaleros agrícolas: Invisivilización deliberada”. México: La jornada del campo, 17 de marzo.

16 Álvarez S. S. (2012). “ Jornaleros expuestos a plaguicidas”. México: La jornada del campo, 17 de marzo.

17 Mendoza P. N., de León R. J.A., Fernández S. G. y Figueroa J. L., sin año. Tóxicos renales.

18 En México existen 59 razas de maíz distribuidas en todo el territorio. GRAIN (2014). ¡No toquen nuestro Maíz!. México: GRAIN y Editorial Ítaca.

19 GRAIN (2014). ¡No toquen nuestro Maíz! México: GRAIN y Editorial Ítaca.

20 Ribeiro Silvia (2014). “Acoso al campo”. México: La jornada, 12de junio.

21 Ribeiro Silvia (2014). “Más daños de los transgénicos a la salud”. México: La Jornada, 25 de enero.

22 Mackinlay H., De La Fuente J. (1996). “La nueva legislación rural en México. Debate Agrario, 25, 73-88; TPP Acusación General: 19

23 Appendini Kirsten, García Barrios Raúl, de la Tejera Beatriz (2003). “Seguridad alimentaria y ‘calidad’ de los alimentos: ¿una estrategia campesina?” Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 75, pp. 65-83

24 Aceves Ávila R. (2000). “El campo que nos tienen prometido… Notas para una nueva agenda para la organización económica del medio rural”. México: Estudios Agrarios, p.15.

25 Chávez H. G., & Macías A. M. (2007). “Vulnerabilidad alimentaria y política agroalimentaria en México”. México: Desacatos, pp. 47-78.

26 Esteva Gustavo (1980). La batalla en el México rural. México: Siglo XXI. p.248.

27 Reséndiz Romero, José Gilberto (2012). “Modificaciones al artículo 27 constitucional y sus efectos sociales y económicos en el México rural”. México: Memorias del IV Coloquio Jurídico Internacional de Agua. Instituto Politécnico Nacional y CIESAS.

28 Appendini Kirsten, García Barrios Raúl, de la Tejera Beatriz (2003). “Seguridad alimentaria y ‘calidad’ de los alimentos: ¿una estrategia campesina?” Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 75, pp. 65-83.

29 De Grammont H. C. (2009). “La desagrarización del campo mexicano”. México: Convergencia. Revista de Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de México.

30 Mendoza Z. J. A. (2011). “La pobreza rural, problema multifacético que se cruza con los retos globales”. México: La jornada del campo, 16 de julio.

31 Gómez O. L. (2011) “Asistencialismo vs fomento productivo”. México: La jornada del campo, 16 de julio 2011.

32 de Ita Ana (2013). “El maíz mexicano, 20 años después”. México: La Jornada 31 de diciembre 2013.

33 Mendoza Z. J. A. (2011). “La pobreza rural, problema multifacético que se cruza con los retos globales”. México: La jornada del campo, 16 de julio de 2011.

34 De Grammont H. C. (2009). “La desagrarización del campo mexicano”. México: Convergencia. Revista de Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de México.

35 ibidem.

36 Zapata M. E., Martínez R. M., Rojo M. G. (2013). “Escenarios del trabajo infantil. Diversos estudios de caso”. México: Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM), Colegio de Postgraduados (CP).

37 Cardona R. M. (2007). “Explotación infantil en el campo michoacano”. México: Contralínea. Disponible en: http://www.michoacan.contralinea.com.mx/archivo/2007/marzo/htm/explotacion_infantil_campo_mexico.htm

38 La Vía Campesina (2000). “La lucha por la reforma agraria y los cambios sociales en el campo”. Disponible en: http://www.viacampesina.org/es/index.php/nuestras-conferencias-mainmenu-28/3-bangalore-2000-mainmenu-55/18-la-lucha-por-la-reforma-agraria-y-los-cambios-sociales-en-el-campo

39 López Castro Gustavo y Villaseñor Blanca (2001). “Los menores en el flujo de migrantes”. México: I.A.P.

40 Albert L., (2005). “Panorama de los plaguicidas en México”. México: 7° Congreso de Actualización de toxicología Clínica, 1º y 2 de septiembre .

41 Mariscal Ángeles (2013). “Alertan sobre desaparición y reclutamiento forzado de jóvenes de Chiapas, por carteles de la droga”. México: Chiapas paralelo, 4 de noviembre .

42 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2012). “La superficie de ejidos y comunidades de México, más grande que algunos países”. México: SEDATU. Disponible en: http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/noticias/noticias-2012/abril-2012/12166/

43 Ribeiro Silvia (2014). “Acoso al campo”. México: Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECAM). Disponible en: http://www.ceccam.org/node/1292

44 Mackinlay H., & De La Fuente J. (1996). “La nueva legislación rural en México.” México: Debate Agrario, pp. 73-88.

45 El Hormiguero (2014). “Frente a la devastación del campo: reflexión y acción”. México: Jóvenes ante la Emergencia Nacional.

46 En ese mismo sentido el documento propone crear “una ley que, en relación al derecho de vía de una carretera o al derecho de paso de una línea de transmisión, se impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto.”

47 Esta situación ya tiene víctimas concretas: Luchadores que han sido acusados injustamente y cuyas motivaciones son la venganza, el castigo, la protección de intereses. El caso relevante es el de Ignacio del Valle y los 12 presos de San Salvador Atenco a quienes por protestar contra los megaproyectos se les imputaron tipos penales que tienen un alto repudio social, como el secuestro equiparado. Hoy gracias a la protesta social, Ignacio del Valle esta libre.

48 Hay una cuestión que no le queda claro a los neoliberales que venden las tierras y pretenden expulsar a los campesinos y sus familias de ellas: nosotros los jóvenes, algunos de nosotros hijos de campesinos hemos heredado no sólo la tierra como una mercancía o un terreno que significa: dinero, como tampoco un simple instrumento de producción; para nosotros los jóvenes que hoy defendemos la tierra, ese es el lugar donde están enterrados nuestros ancestros, donde se nos vio nacer, y donde aprendimos a vivir, es nuestra madre, nuestro padre y todo lo que nos queda.

49 La denominación de las UMA es del 2007

50 Flores Nancy. (2010) “Proyecto México 2030: la venta de un país”. México: Revista Contralínea. Disponible en: http://contralinea.info/archivorevista/index.php/2010/02/21/proyectomexico-2030-laventadeunpais/

51 Grupo ETC, Fundación Heinrich Böll (2012). Los amos de la biomasa en guerra por el control de la economía verde. p. 6

52 Tan sólo el cálculo de la madera se estima aumentará entre un 50 y 75%. Ibíd. p. 29

53 La USDA estima que el valor mundial de la biomasa excede los 400 mil millones de dólares. Ibíd. p.21

54 Los peligros del proyecto REDD+ merecen una exposición más detallada, sobretodo porque es uno de los puntales de la ofensiva de la economía verde. Sin embargo, por problemas de extensión nos limitamos apuntar que entre uno de los más graves impactos de REDD+ es que expropia la capacidad de la gente de definir su territorio. Además el proyecto de REDD es un mecanismo de introspección y control. El ejemplo más claro es que las investigaciones del Instituto Carnegie de la Universidad de Stanford y el WWF con el gobierno norteamericano mapeó el territorio de la selva amazónica y vendió luego los mapas en 8 centavos de dólar por hectárea. Quien compre los mapas e impulse proyectos “verdes” se convertirá en dueño de la selva amazónica. En México estos mapeos ya se han hecho –al menos- en San Luis Potosí, Chiapas y Oaxaca.

55 Ribeiro Silvia (2005) “Ley monsanto: parece mala, pero es peor”. México: La Jornada, 22 de enero.

56 6 de marzo del 2009 un decreto presidencial puso fin a la moratoria de facto (declarada desde 1998), que prohibía la siembra experimental y comercial de maíz transgénico en México [“Avance de las siembras de MAÍZ TRANSGÉNICO en México”, Boletín del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano. México, 2011].

57 de Ita Ana, Pilar López y Gerold Schmidt (2012). REDD+ y los territorios indígenas y campesinos. México:Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM). También: Redd Monitor (2011). “Redd. An introduction”. Disponible en: http://www.redd-monitor.org/redd-an-introduction/

58 Cfr. De Ita Ana (2012). “Fe de ratas”. México: La jornada, 16 de octubre 2012. También: Ribeiro Silvia “Caza de ratas”. (2012 )México: La Jornada, 6 de octubre. También se puede leer: Unión de Cientificos Unidos por la Sociedad (2012). “Llamado a la acción contra la siembra de maíz transgénico a campo abierto en México.” UCCS y que firman cientos de investigadores de todo el mundo. Disponible en: http://www.uccs.mx/doc/g/planting-gmo-corn_es

Sobre el impacto cultural, económico y social de la introducción de maíz transgénico se sugiere consultar la recopilación de ensayos y artículos(2011) El maíz no es una cosa: es un centro de origen. México: Red en Defensa del Maíz, Ítaca, Colectivo Coa, Grain, Casifop, Csfunda.

59 Ribeiro Silvia (2013). “Slim&Gates: Sombras de la revolución verde dólar”. México: La Jornada, 23 de febrero.

60 Barnés Regueiro Francisco (2012). “Enseñanzas de Rio+20 para México”. México: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 15 de noviembre. Disponible en: http://www.ine.gob.mx/descargas/eventos/ensenanza_rio20_pres_fbr.pdf

61 Comisión intersecretarial de Cambio Climático (2007). Estrategia Nacional de Cambio Climático. México 2007. Comisión intersecretarial de Cambio Climático. Del gobierno del Estado de México. SAGARPA, SEDESOL, SEMARNAT, SRE, SCT, SE, SENER, p. 65

62 Ibíd. p. 64.

63 Ibíd. p. 65.

64 Global Alliance for Incinerator Alternatives,La incineración de desechos trae aparejada una serie de consecuencias negativas para el ambiente, la sociedad y la salud” [http://www.noburn.org/article.php?id=775]; Incineradores disfrazados. Estudios de caso sobre el funcionamiento de las tecnologías de gasificación, pirólisis y plasma en Europa, Asia y Estados Unidos, 2006.[http://www.greenaction.org/wpcontent/uploads/2006/04/IncineradoresDisfrazadosestudiosdecaso1.pdf].

65 Estrategia Nacional de Cambio Climático. México 2007. Comisión intersecretarial de Cambio Climático. Del gobierno del Estado de México. SAGARPA, SEDESOL, SEMARNAT, SRE, SCT, SE, SENER, p. 42

66 Estrategia Nacional de Cambio Climático. México 2007, Op.cit, p. 113.

67 Ibíd, p- 116.

68 Consecuencias sociales del cambio climático (…). op.cit. p. 66.

69 ETC Group, Los nuevos amos de la biomasa: biología sintética y el próximo asalto a la biodiversidad, Traducción al castellano: Raquel Núñez y Octavio Rosas Landa. Communiqué no. 104 del Grupo ETC. Publicado en inglés en octubre de 2010, p 33

70 “La estrategia de las tecnologías convergentes: La teoría del pequeño BANG”, ETC group, Communiquée 78, marzo-abril 2003, p.1

71 Los amos de la biomasa (…), op.cit. p.3

72 El 3 y 4 de diciembre del 2001 a petición del subcomité para la integración de la ingeniería, la tecnología y las ciencias de nanoescalares se reunieron la Casa Blanca, el Departamento de Comercio y de la Fundación Nacional de la Ciencia, representantes del área de energía, de la NASA y diversos científicos de todos los niveles – de la Fuerza Aérea y la Marina, así como de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa (DARPA). También estuvieron prestigiosas universidades y empresas de tecnología y de la industria. En ese encuentro se delineó el proyecto de nanotecnologías más ambicioso que busca controlar el planeta. disponible en [http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_report.pdf]. Por su parte el Grupo ETC denunció esto en el comunicado “La teoría del pequeño BANG”, op.cit.

73 ETC Group(2010), ¿Qué pasa con la nanotecnología? Regulación y geopolítica. Es el Comuniqué no. 105 del Grupo ETC. Publicado en Ottawa, Canadá, en diciembre de 2010, p.13

74 Greenpeace. (2012). “Científico pro transgénicos al equipo de Peña Nieto”. México: Greenpeace , 28 de septiembre. Disponible en: [http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2012/Septiembre/Cientifico-pro-transgenicos-al-equipo-de-Pena-Nieto/].

75 Redacción (2012) “Orozco asignó contratos millonarios a firmas militarista y deforestadora”, México: La Jornada, Lunes 29 de octubre.

76 Silvia Ribeiro, Combustibles nuevos, biopiratería vieja, La Jornada. México, 26 de abril de 2008. [http://www.jornada.unam.mx/2008/04/26/index.php?section=opinion&article=025a1eco].

77 Ibíd. Véase también: “Los microbios salen de la Caja de Pandora”, Enviado por ETC Staff , 2007-06-07. http://www.etcgroup.org/es/content/los-microbios-salen-de-la-caja-de-pandora y “El padre del genoma humano, Craig Venter, recoge bacterias en México para crear fármacos contra la diabetes y cardiopatías”, Periódico La Crónica. México, 27 de Agosto de 2004. http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=141175