Eje I. Negación y exclusión de la juventud en la política, democracia y libertades democráticas

I.I Introducción. Lo político en general

En México los procesos electorales de tipo gubernamental y los sistemas de representación social, ciudadana y comunitaria han estado condicionados por la actuación de grupos de poder que mantienen el control sobre el Estado mexicano: los medios de comunicación, la delincuencia organizada y las corporaciones empresariales, locales y extranjeras y los EE.UU. Es en tal contexto, en el marco de un sistema de dominación oligárquico regional y local, que el Estado mexicano ha terminado por convertirse en un protectorado de los Estados Unidos.1 En un Estado funcional a los planes geoestratégicos de la Casa Blanca y de las transnacionales ligadas al bloque “occidental”.

La juventud y las generaciones futuras estamos, probablemente, ante escenarios más graves que los vividos por el país durante y después de la invasión estadounidense de 1846-47, en que perdimos el 55% del territorio nacional; o de la ocupación francesa de 1862-66. México se ha convertido en una especie de protectorado, en estado “vasallo” de los Estados Unidos. De esta manera las elites estadounidenses, en complicidad con la clase política y la oligarquía mexicana, dieron un paso más en la dirección del viejo sueño de anexarse el territorio nacional.2 Sueño que data de fines del siglo XVIII, como explicó en repetidas ocasiones el Conde de Aranda, Secretario de Estado de Carlos IV y que, entre otros tantos proyectos, tomó la forma en 1911 de un “Plan de guerra general contra México”, que contemplaba la invasión total del país.3

Y como toda ocupación está fundada primigeniamente en “un” acto de fuerza y violencia, la nueva etapa de ocupación neocolonial no es sino producto de un proceso de golpes a los pilares sociales y humanos de la Constitución de 1917 y de golpes de estado que, la tipología académica, aceptada universalmente, denomina como “técnicos”. Los “golpes de estado técnicos han sido la condición para la implantación de las reformas neoliberales, los tratados de libre comercio y convenios político militares con Estados Unidos y Canadá. Para imponer a Carlos Salinas se cometió un fraude electoral por el que nadie fue castigado; Ernesto Zedillo llegó a la presidencia luego del asesinato o magnicidio de Luis Donaldo Colosio; Vicente Fox no cumplía con los requisitos para ser presidente por ser hijo de extranjero y Felipe Calderón arribó en medio de otro fraude evidente. Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia en medio de fuertes denuncias por la compra de votos, la violación a los topes en los gastos de campaña y la manipulación mediática ejercida por Televisa, entre otros monopolios de la comunicación.4

México nunca ha sido propiamente un país democrático, si nos atenemos a la forma más elemental de la “democracia electiva”, es decir, a la realización de elecciones relativamente libres y periódicas.5 Y menos si identificamos a la democracia con el respeto efectivo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, lo mismo que con el respeto a los pilares de los derechos de los pueblos al desarrollo, a la autodeterminación, a la autonomía y a la paz (sobre esto último, la panorámica histórica con la que abrimos la acusación es aquí un soporte de denuncia). Lo que hemos tenido en México ha sido un “estado aparente”.6

Pero de modo más reciente, uno de los elementos clave para explicar el “déficit” democrático o la existencia de un régimen oligárquico de “democracia simulada”, al que se ha denominado dictadura perfecta, es la dependencia semicolonial que marcó toda la historia del Estado-Nación mexicano. A la dependencia económica semicolonial, propia de las periferias de los centros imperiales, le han correspondido diversas formas o regímenes de dependencia política, donde la soberanía nacional se ha visto constreñida por los designios estadounidenses en disputa y su alianza con las potencias europeas. Los periodos de mayor holgura soberana se han correspondido a las secuelas de las revoluciones de Independencia, Reforma y Revolución y, a coyunturas históricas como las propiciadas por las revoluciones sociales y nacionales del S. XX y por las guerras llamadas mundiales, pero como se vivió en la posguerra ̶tras un cierto margen de “independencia” ̶ la necesidad imperial vuelve a endurecer la dominación.

Para nosotras y nosotros una “transición a la democracia” hacia un verdadero “Estado de derecho”, necesariamente pasa por un proceso de descolonización en general y de la política y la cultura en lo particular. Requerimos un proceso de afirmación y distancia de los intereses geoestratégicos del vecino del norte; pero también, con una redistribución profunda del poder estatal y social a favor de las grandes mayorías nacionales: los indígenas e indígenas-mestizos, las mujeres, los trabajadores y las clases medias. De otra manera todas las fuerzas y potencialidades creadoras, profundamente humanizadoras, contenidas en la nación mexicana, en sus pueblos y naciones, en su juventud, estarán destinadas a reproducir escenarios cada vez más catastróficos e indignos, su condición de oprimidos y explotados. Mientras las clases antinacionales o la burguesía imperial, por nombrarlas de otra manera, siga reinando, la democracia y el Estado de justicia y de derecho serán sólo simulación, una máscara del nuevo proceso de ocupación integral de los territorios mexicanos y de la destrucción de la nación y de sus bienes comunes.7

En un clima de nula libertad de expresión, de violación permanente de formas de elección de gobernantes e impedimento estructural para acceder al poder a través de las vías permisibles, de violencia permanente contra las mujeres, de negación de los derechos de minoría para la población indígena ̶además mayoritaria en el país ̶, de control social y de un sistema de aparatos extraestatales que funcionan como mecanismo de control y coerción como los sindicatos, las iglesias, los grupos porriles en la universidades, etc., se ha instaurado ̶como ya lo ha denunciado el TPP ̶ un régimen cívico militar que impone un estado de excepción permanente y que bajo la creación de la figura de “enemigo interno”, justifica una guerra terrorista en contra de los pueblos y la juventud.

Se trata de una construcción criminal que niega el presupuesto mínimo de que el Estado debe asumirse como principal garante de la continuidad histórica de la formación social que le dio origen. Además de una situación de crisis humanitaria para quienes vivimos en este país y una negación de toda posibilidad de vivir en una Nación soberana para las generaciones futuras.

El punto de partida para nosotros resulta al mismo tiempo el punto de llegada, por ello partimos de la negación de la dimensión política de las y los mexicanos y de su soberanía que constituye el punto fundamental para sostener el tipo de protectorado que vivimos y para negar el punto de llegada necesario de quienes como sujetos exigimos la transformación del presente. Por ende, resulta fundamental denunciar la construcción criminal sobre la cual se basa la destrucción general de la juventud y las generaciones futuras en México, creemos que dicha destrucción opera a partir de los elementos que describiremos a continuación: desmantelamiento del pacto social y la Constitución; transformación del Estado en estado mafioso y una dictadura cívico militar; la injerencia de EE.UU. y la pérdida de la soberanía política; medios de comunicación, libertades políticas y democráticas; violación de derecho básico para el ejercicio de la política por sectores.

I.II Desmantelamiento del pacto social y la Constitución

En el marco de la Constitución el Estado mexicano reconocía, aunque fuera formalmente, la primacía de la nación en la regulación de los derechos de propiedad y el ejercicio de los derechos civiles, sociales y humanos como eje de su actuación. Sin embargo, de modo moderado entre los años 50 a 70, pero de modo exacerbado ya luego de los 70, terminó por convertirse en un Estado que hace de la “desviación de poder” su principal forma de actuación. En particular a través del desvió de poder político que opera 1) en contra de la generación, reparto, ejercicio, reproducción y desarrollo de las libertades; 2) en contra del derecho de un pueblo a existir, a su identidad nacional; 3) contra la autodeterminación y el poder; 4) contra la posibilidad de optar por un modelo político propio.8

De espacio público limitado, normado por la Constitución, el Estado mexicano se convirtió en espacio de operación directa de los intereses particulares que procedieron a desmontar los pilares fundamentales del “Pacto Social” sin que mediara un proceso legal de tipo constituyente, relativamente similar al que le dio origen, proceso del cual las y los jóvenes tendríamos que ser protagonistas. En la nueva situación los exiguos márgenes de soberanía y los derechos civiles y sociales que le dan cuerpo y sentido a la Constitución, han sido cancelados o restringidos severamente, a pesar del reconocimiento formal de diversas legislaciones internacionales que resguardan los derechos humanos de la población, la juventud y las generaciones futuras.

En nuestro país, el “Estado de competencia” y el neoliberalismo personifican la ocupación neocolonial. Las coincidencias del sector de la clase política que protagoniza dicho proceso están por encima de sus posibles diferencias partidarias. En las últimas décadas el nivel de acuerdos entre de las cúpulas partidarias es de tal profundidad que resulta apropiado hablar de un partido neoliberal disfrazado de centro; de clase política que opera a través de varias franquicias, como ocurre con los partidos demócrata y republicano en los Estados Unidos.9 El “Pacto por México” instrumento de colaboración entre los tres principales partidos políticos de nuestro país, logró implementar el paquete de reformas estructurales necesarias para la integración y subordinación económica y política a los Estados Unidos; la reforma educativa, reforma política, reforma en telecomunicaciones, reforma hacendaria y la reforma financiera fueron aprobadas en el 2013,10 sin que la movilización y el descontento social lograran frenarlas.

El viejo régimen político que se sostenía a través del binomio legitimación social-represión, pasó a poner el acento en la legitimidad electoral, la manipulación de la subjetividad y la represión. Este proceso de tránsito de la legitimidad preferentemente “social” a la legitimidad electoral inició con la Reforma Política de 1977. Sin embargo, realmente se consumó hasta el año 2000, a raíz del ascenso del PAN a la presidencia, luego de las crisis políticas de 1988 y 1994. Cabe mencionar que la legitimación “social” descansaba en el reformismo y la simulación gubernamental que reconocía algunos derechos sociales a sectores sindicales, agrarios y “populares”, incluidas las clases medias. En ese ambiente los procesos y los resultados electorales en la era del viejo PRI eran secundarios y las disidencias se cooptaban por medios económicos o se disuadían y aplastaban a través de la represión directa, antes que con prebendas electorales. Otro tanto ocurre con la legitimidad social, cuyos instrumentos básicos dejaron de existir, entre ellos la prerrogativa de la nación a la propiedad de los recursos territoriales y las leyes sociales que tutelaban los derechos laborales, agrícolas, culturales y educativos, entre otros.

I.III Transformación del Estado en un Estado mafioso y una dictadura cívico-militar

Con un régimen cívico militar operando en nuestro país, de modo similar al colombiano o al de naciones ocupadas por Estados Unidos en el Norte de África, el Medio Oriente y el Centro de Asia, se ha configurado un estado mafioso11 garante de la impunidad de las trasnacionales y sus agentes; de un “estado de barbarie”, administrador del caos capitalista y la catástrofe humanitaria; ejecutor de la violencia paramilitar y el terrorismo de estado; donde el derecho y los procesos electorales tienden a ser sólo una coartada para dotar de legitimidad, aunque en estos procesos no exista una participación real de la población. Basta con observar la participación de la juventud en las últimas elecciones federales en donde sólo el 35% de los casi 25 millones de jóvenes en posibilidad de votar lo hicieron.12

El proceso de fusión entre directivos de las trasnacionales y sectores de la burocracia estatal con los mandos de la economía abiertamente criminal resulta así parte de la gestión social del caos capitalista, al grado que en el caso mexicano la economía informal y criminal en México tiene una participación del 32% en la integración del Producto Interno Bruto (PIB),13 lo cual no solamente evidencia a una economía parasitaria, sino al rol que los políticos juegan para que algo de dicha envergadura sea posible. La Casa Blanca y los aparatos financieros de las corporaciones trasnacionales controlan y promueven a los grupos de la delincuencia organizada.14 El núcleo del sistema de dominación que radica en el poder económico, los intereses de las corporaciones trasnacionales y la alta burocracia política, imponen su voluntad al margen o en contra de la legalidad gubernamental y electoral. Se pierde la autonomía entre las instituciones estatales que regulan la lucha por el poder y su ejercicio, con respecto a los “poderes fácticos”: medios de comunicación, empresas, delincuencia organizada, iglesias, grupos de interés de tipo cultural o nacional y otras figuras de control social –como el caso del caciquismo, en la comunidad de Tutla en Oaxaca.

Avanza así, la posibilidad de acciones militares dirigidas por el Pentágono “ante la posibilidad de que en los próximos 25 años, el Estado mexicano ‘se derrumbe’, como resultado del embate prolongado y cada vez más intenso del narcotráfico”.15 Bajo la amenaza del colapso opera de facto ya una guerra híbrida16 o de tercer tipo,17 en la que un enemigo interno indeterminado opera como el móvil de la guerra misma, del despojo y del exterminio de capas de la población que desde la lógica de libre comercio resultan sobrantes.

I. IV La injerencia de EE.UU. y la pérdida de la soberanía política

Con una dictadura cívico-militar operando, que se sostienen con el pretexto de un enemigo interno, avanza la recolonización de México revirtiendo los márgenes de soberanía y desarrollo nacional logrados en buena parte del siglo XX en el marco del capitalismo dependiente. Se abandonaron las tentaciones de soberanía económica o de moderación de la dependencia económica a través de un capitalismo de Estado, participe directo del proceso de acumulación capitalista. Se entregaron la empresas estatales y sociales; los encadenamientos industriales, comerciales, agrícolas y financieros de tipo nacional fueron desmontadas y, de paso, se desregularon todos los condicionamientos jurídicos que impedían el uso indiscriminado de la fuerza de trabajo y el despojo de los recursos y bienes naturales. Hoy, un tercio de los recursos territoriales están concesionados al capital trasnacional; el país ha sido desarticulado económica y socialmente en función de la seguridad de los Estados Unidos y de los intereses económicos y geoestratégicos de sus trasnacionales, además de generar un ambiente de incertidumbre económica y social para la juventud y generaciones futuras. Se ha destruido la soberanía nacional.

El imperio colonial se mantiene.18 El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) reconoce ya que las siguientes redes están ya en manos de privados nacionales y extranjeros: casi toda la industria petrolera y gas (recién se ha barrido con la legislación que lo impedía), la industria eléctrica, casi todos los bancos, mineras, infraestructura hidráulica, biodiversidad y servicios ambientales, sistemas operadores de agua potable y el agua embotellada, maíz y agricultura, siderurgia nacional, industria automotriz, maquilas, redes de telefonía, información, comunicación, redes de transporte, redes de tráfico de migrantes, las redes comerciales de distribución y subsistencia, construcción de infraestructuras y vivienda popular y el turismo.19 Los mecanismos geopolíticos y geoeconómicos naturales del control imperial se convierten en México en formas de depredación y sacrificio civilizatorio de la riqueza de nuestra nación.

En las últimas décadas la oligarquía mexicana y otros sectores de la gran burguesía acabaron de trasnacionalizarse, completando su fusión subordinada a las corporaciones monopólicas extranjeras. Por lo mismo, el capital trasnacional en México es una estructura social compuesta por capitales monopolistas de base local y extranjera, donde los primeros mantienen una posición subalterna o dominada. La fracción burguesa, político-financiera, de la clase política mexicana también se trasnacionalizó. Sus representantes más distinguidos pasaron a formar parte de las gerencias de las empresas trasnacionales y de los cuerpos directivos de organismos al servicio de las potencias imperialistas como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros. La oligarquía, las poco más de 30 familias dueñas de las principales corporaciones monopolistas y la gran burguesía local, al lado de sus principales operadores políticos, dejaron de ser una clase nacional para convertirse en una extensión directa de corporaciones empresariales extranjeras. Las contradicciones entre los diversos sectores de la oligarquía, la clase política y la alta burocracia estatal de origen mexicano expresan mayormente, las tensiones y luchas de los capitales trasnacionales y las disputas internas de la clase política estadounidense.

Con la construcción del enemigo interno en Estados Unidos se pasó a una política aún más injerencista. A partir del 11 de septiembre de 2001 se desató un nuevo esquema de seguridad hemisférica a partir de la cuál toda la política en México se atiende como un asunto de seguridad del suelo patrio (Homeland Security) y nuestro país, en especial la zona norte que también es llamada el soft belly de su país, se considera la contiguous defense zone.20 Desde entonces a través de distintos mecanismos, acuerdos y tratados se entregó por completó la soberanía política del país, entre estos tratados está el ASPAN (2005), la Iniciativa Mérida (2008), un Memorándum de Cooperación para prevenir el incremento de la violencia fronteriza, mejorar la seguridad pública bilateral y fortalecer la cooperación conjunta (2013), el Programa Frontera Sur son apenas los más visibles de un total de 1376 tratados internacionales, 742 bilaterales y 634 multilaterales que sirven como simulación de cumplimiento de acuerdos internacionales,21 pero sobre todo de entrega de la soberanía por compromisos impuestos principalmente con Estados Unidos.

De la “ocupación pacífica” denunciada por José Luis Ceceña se ha pasado a una ocupación directa, en una nueva ofensiva imperial, que amenaza con hacerse aún más cruda con el pretexto de que vivimos un “Estado fallido”. Esta ofensiva vino con la decisión del NorthCom de tomar a México como su frontera interna en 2002 –base para lanzar luego la guerra “contra el narcotráfico y el terrorismo”–22 y la “integración energética de la América del Norte” bajo la premisa de borrar “las diferencias nacionales entre Canadá, EU y México” para satisfacer las “necesidades de energía de los tres países”.23 El control y saqueo del espacio vital (Lebensraum en el término nazi original) se vuelve más necesario porque “las reservas probadas se están agotando a una velocidad tres veces mayor que el promedio de nuevos hallazgos”.24 También por el conjunto de límites planetarios complejizan la cuestión energética del mundo (estamos llegando a un peak of everything,25 no sólo de hidrocarburos convencionales, sino de agua, carbón, acero, oro, etc.). La Agencia Internacional de Energía alertó que deben ser adoptadas medidas urgentes para evitar que se dispare el calentamiento global con consecuencias catastróficas para todo el mundo. Dicen que el 2020 será demasiado tarde.26 Asimismo, para hacerle contrapeso y presionar a la Organización de Países Exportadores de Petroleo (OPEP), para competir con Arabia Saudita, Kuwait, Venezuela y Rusia y como contraofensiva a la Revolución Bolivariana, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Alianza Bolivariana por los Pueblos de nuestra América (ALBA).

El orden total del Lebensraum no ha permitido en México ni el más pequeño matiz o atenuación en pro de la estabilidad interna. Contraponiendo el concepto de soberanía efectiva por sobre el de soberanía nacional el gobierno de Estados Unidos busca desde las instancias internacionales justificar su injerencia en México bajo el pretexto de que la soberanía efectiva debe operar si el estado no pueda actuar, luego del desmantelamiento del estado orquestado desde Estados Unidos queda operando como única noción de soberanía esa que abre las puertas a la injerencia directa.27 El nuevo gobierno entró en escena –a pesar de la generalización masiva de protestas en su contra– con un esquema de control mediático muy fuerte, de control económico de los sectores más pobres del país y con un acuerdo interpartidario (el Pacto por México) como el del bipartidismo en Colombia tras el periodo de la violencia, la concertación que vino en Chile como simulación de la transición a la democracia tras la dictadura de Pinochet, o en palabras del PRD, como el pacto de 1977 tras la dictadura de Franco en España.28 Vinieron así una serie de reformas, llamadas de segunda generación con las que se consumó la total entrega del sector petroeléctrico y gasero, se permitió aún más el saqueo de minerales, la destrucción de la propiedad social, etcétera.

El estado de guerra, miedo, terror y violencia permanente, disfrazado de combate a la delincuencia, con sus cientos de miles o millones de víctimas entre asesinados, desaparecidos y desplazados va de la mano de las industrias fabricantes de subjetividades; de medios de comunicación, escuelas, iglesias, terapias, centros comerciales, entre otros. En ese sentido la ocupación es integral, se despliega en los territorios físicos y en las subjetividades, se toma la geografía y las mentes y los corazones de las personas.

Sólo quien no depende del arbitrio de otro para garantizar su subsistencia puede considerarse verdaderamente independiente.29 Nuestro país no es independiente y la independencia y soberanía de un país no son estáticas, sino que pueden ser reversibles. Por eso, más allá de la retórica de la ONU sobre el colonialismo como un fenómeno del pasado que aún se sostiene tan sólo sobre 17 territorios no autónomos sobre los que las potencias dominadoras aparencialmente ejercen una especie de tutela hasta que estos alcancen la capacidad para ser independiente, aquí venimos a denunciar que sobre México se vive una nueva forma de colonialismo, misma que pone como centro de la afectación no sólo a las generaciones presentes sino sobre todo a las generaciones futuras. Partiendo del compromiso expreso de las Naciones Unidas para

poner fin al colonialismo y a todas la prácticas de segregación que lo acompañan […] reconociendo que todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta […] a la libre determinación […] (que)la sujeción de los pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos [….] (que) Deberá cesar toda acción armada o toda medida represiva de cualquier índole dirigida contra ellos, y deberá respetarse la integridad de su territorio nacional (…) (y que) Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con loso propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.30

Asumimos bajo el amparo de los artículos 4, 5, 6 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, la necesidad de luchar desde la juventud contra toda dominación extranjera como condición mínima de la existencia de nuestros pueblos y como un compromiso para con las generaciones futuras para que no se les prive de ese mismo derecho. Con esto hacemos también un compromiso más amplio con las generaciones futuras del mundo, pues todos los crímenes que el gobierno y las empresas de EE.UU. comenten contra la humanidad se sostiene a partir de la dominación de México como territorio de reserva y de abastecimiento de recursos para su guerra perpetua. El mayor acto de humanidad que nos corresponde es el de romper con esa dominación.

I.V Impedimento estructural para el acceso al poder, negación de las libertades políticas y democráticas, y medios de comunicación

Existe en el país un conjunto de impedimentos estructurales para ejercicio de la democracia y para el acceso al poder,31 los principales son: 1) la ruptura del pacto social que ya hemos denunciado; 2) la operación de la política militar con revestimiento civil desde un enfoque militar; 3) la construcción del enemigo interno que dada su ambigüedad se utiliza indistintamente para enfrentar al opositor político;32 4) el imperialismo norteamericano; 5) El estado criminal, la corrupción de gobernantes y su relación con el crimen organizado; 6) la antidemocracia del sistema electoral; 7) simulación de la democracia; 8) La impunidad en relación a los crímenes de lesa humanidad y a las graves violaciones a los derechos humanos; 9) el papel de los medios masivos de comunicación; 10) la reducción de la ciudadanía a la participación del sujeto individual,33 bajo la ficción jurídica que es considerar propietarios a quienes carecen de toda posibilidad de subsistencia autónoma;34 11) la negación de los soportes materiales para la posibilidad de ejercicio político de las clases populares.

Bajo este marco que impide una participación política a la población en general, a la juventud se le margina aún más. Se le cierran las posibilidades de participación política legales. Quienes pueden acceder al ejercicio del poder son grupos minoritarios de jóvenes que en su mayoría de casos acceden a un cargo público por el nepotismo, esto resalta en la Cámara de Diputados actual, en ella de los 26 diputados que tienen 29 años aproximadamente, diez son familiares de políticos y sólo dos tienen una carrera política propia.35 En contraparte, otras formas de participación política son criminalizadas (las peticiones, las manifestaciones legales, asambleas comunitarias, boicots, las huelgas, etc.), además de generar instrumentos legales que anulan la capacidad de actuar y participar políticamente a través de estas formas, como lo denunciará el Comité Jurídico y de Derechos Humanos (CoJuDH), el Colectivo de abogadas y abogados solidarios (CAUSA) y Jóvenes ante la Emergencia Nacional (JEN) en las últimas movilizaciones en la Ciudad de México.

De las figuras políticas jóvenes ligadas a grupos de poder y familiares de políticos resaltamos:

Diputados: René Fujiwara (Partido Nueva Alianza) es nieto de la ex líder sindical Elba Esther Gordillo; Juan Pablo Adame (Partido Acción Nacional), hijo del ex gobernador del Estado de Morelos, Marco Adame, ambos ligados al grupo de ultraderecha Yunque y acusados por relacionarse con bandas de robo de autos y con el narcotráfico;36 José Luis Oliveros Usabiaga (PAN) hijo de Salvador Oliveros, ex alcalde de Apaseo el Grande; Maricela Velázquez Sánchez (Partido Revolucionario Institucional), hija de la ex candidata al gobierno de Morelos, Maricela Sánchez Cortés; Laura Martel Cantú (PRI), hija del priísta José Ramón Martel, diputada por el (Partido Verde Ecologísta); Crystal Tovar Aragón (Partido de la Revolución Democrática), sobrina de Hortencia Aragón, ex secretaria general de ese partido; Luisa María Alcalde Luján, hija de Bertha Luján Uranga, ex contralora del gobierno del DF, diputada por Movimiento Ciudadano y ahora militante de Morena, entre otros.

Trabajadores del senado: Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, sobrino del ex presidente Felipe Calderón; Miguel Barbosa Orozco, hijo del líder de la bancada del PRD, Luis Miguel Barbosa;37 La senadora del Partido del Trabajo, Martha Palafox recibe asesoría de su hijo, Mauricio Palafox.

Por otra parte el presidente del IMJUVE, única instancia en el país que se le reconoce con cierto peso político, José Manuel Romero Coello, fue coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en Colima y síndico municipal por el PRI, coordinó grupos de choque contra las manifestación de movimiento #132 en ese estado, además tiene procesos legales en su contra por fraude.38 Dicho instituto funciona para simular que el Estado tiene una política participación e inclusión de la juventud; su programa de trabajo evidencia esto, ya que sólo cuenta con 58 actividades para el 2014, al menos 41 de ellas son actividades de difusión, publicaciones de tesis, mandar delgados mexicanos a encuentro internacionales, exposiciones y foros.39 A pesar de que las y los jóvenes quieran participar desde diferentes instancias, estas les son negadas, como el caso que los jóvenes de Educación y Ciudadanía A.C. (EDUCIAC) denuncian aquí sobre la negación y simulación del Instituto Potosino de la Juventud (INPOJUVE) y el Congreso del Estado para legislar políticas y leyes de la juventud.

La baja participación de la juventud en materia electoral40 es equiparable a la poca participación en asociaciones de carácter civil. Según la Encuesta Nacional de Juventud (ENJ) 2010, la tasa de participación en asociaciones por parte de la juventud mexicana es del 11%, mientras que en actividades de voluntariado un porcentaje menor a 5% es quien ha hecho trabajo comunitario o voluntario.41 Sin embargo, la participación de la juventud en manifestaciones o en otras instancias de participación política y social, es una muestra que los espacios y formas de participación que se nos ofrecen de parte del gobierno, son deficientes y poco atractivas. Es por este motivo que recurrimos a los usos y costumbres como lo hicieron las naciones Tenek y Xi-uiy en el estado de San Luis Potosí, que intentan autogobernarse a pesar del acoso y hostigamiento sufrido por de los gobiernos locales y federales.

En materia de acceso a la información los y las jóvenes de México estamos sujetos a un solo discurso que monopoliza la opinión pública y proyecta la agenda nacional en una sola dirección. Basta con observar la distribución de las concesiones en radio y televisión; en México existen 461 estaciones concesionadas de televisión abierta comercial en todo el país, de las cuales el 48% de éstas pertenecen a Televisa y el 39% a TV Azteca.42 En cuanto a la radio en México, las principales cadenas radiofónicas, en donde se incluye al Instituto Mexicano de la Radio (IMER) controlan 11, 528 estaciones de radio, el 46 por ciento de la infraestructura concesionada y permisionada de radio y televisión en operación.43 En este sentido la participación de la población en materia de telecomunicaciones se ve restringido no sólo por el acaparamiento de las concesiones por los grandes capitales de nuestro país, sino también por la reglamentación que hoy rige.

A pesar del panorama desalentador que reina en nuestro país, vemos surgir diferentes esfuerzos comunitarios que intentan romper con este monopolio. Radios comunitarias han surgido a lo largo y ancho de nuestro país las cuales, además, presentan un contenido alternativo, produciendo programas en lenguas natales y contribuyendo así al rescate de nuestra cultura. Sin embargo, el Estado mexicano a través de la última reforma en telecomunicaciones limita esta participación además de controlar el contenido, teniendo la capacidad de suspender o cancelar en cualquier momento las transmisiones que considere necesario.

La difusión de ideas no es el único problema al que nos enfrentamos, pues el acceso a una información adecuada tampoco se garantiza. La nueva ley de telecomunicaciones fortalece los monopolios y permite la operación y censura desde las grandes corporaciones de la teleinformática. La calidad de los contenidos generados y transmitidos en radio y televisión son contenidos de muy baja calidad, son contenidos que buscan mantener en un estado de inactividad al grueso de la población, recrean, afianzan y fortalecen el desentendimiento por las cuestiones políticas y sociales, además de estigmatizar y criminalizar la protesta social, como lo evidenciara el colectivo Más de 131 en su testimonio videográfico. La juventud como sujeto transformador es negado, recurriendo a símbolos y conceptualizaciones que denigran a los jóvenes de nuestro país, es por esta razón que surgen categorizaciones como los “ninis”, jóvenes que según el gobierno no trabajan, ni estudian y que fueron estigmatizados por los medios de comunicación sin intentar explicar de manera responsable las causales de la situación de estos jóvenes.

Adicionalmente, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el oficio periodístico, demostrado por el elevado número de asesinatos y agresiones (amenazas, secuestros, intimidaciones) a los periodistas de medios locales, comunitarios y hasta nacionales. Según el Informe Mundial 2014 de Reporteros sin Fronteras en la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecidos. Como resultado, la impunidad y la injusticia son reforzadas a través de amplios mecanismos de silenciación, de la desinformación y de la criminalización en los medios de las protestas sociales. Por otra parte, el Estado viola sistemáticamente el derecho al saber popular, destruyendo nuestra cultura y lugares donde habitamos.

Las libertades democráticas ganadas por todas las luchas sociales que nos antecedieron, hoy corren el riesgo de desaparecer debido a la reforma política que fue aprobada en 2013. La libertad de asociación, de poder participar en cualquier grupo político es constantemente amenazada, la militarización del país y el uso indiscriminado de las fuerzas policiales y antimotines como medidas para frenar el descontento social es una muestra de la dictadura “cívico-militar” en la que vivimos.

La criminalización y estigmatización de protesta social opera de modo permanente con la creación de un estado de sitio. El terrorismo de estado nos ha colocado a todos y todas las mexicanas en una situación de indefensión y de vulnerabilidad total. Nuestra vida no les merece la menor importancia; todos y todas somos potenciales víctimas. Montajes, provocaciones, el miedo, el fomento de grupos parapoliciacos, la criminalización de las luchas comunitarias se entretejen en un mecanismo de “contrainsurgencia preventivo”, de tensar al máximo la conflictividad social para orillar a la población a acciones desesperadas, localizadas, que permitan una escalada de violencia generalizada, lecciones de escarmiento y en general, impedir toda posibilidad de alzamiento popular y civil pacífico y organizado. La masacre y desaparición de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa aparece como elemento de esa provocación mayor que de darse en los marcos contemplados por los grupos policiaco militares llevará a salidas desesperadas y fragmentarias, soporte de la construcción pública de un estado fallido. Desde el 1° de diciembre del 2012 se anunciaba la política represiva del actual gobierno, el grado de represión y violencia utilizado para disuadir la protesta, fue ilegal, desmedido y ocasionó la muerte Juan Francisco Kuykendall Leal, por las balas de goma utilizadas en el desalojo de la protesta.

El un sistema represivo abiertamente militarizado, que cancela las libertades civiles, se conjuga con el desarrollo acelerado de la industria de la subjetividad y de la conciencia. En ese diseño de nueva legitimidad y de caos o violencia permanente los medios de comunicación masiva tienen un papel de primer nivel. La manipulación de los medios de comunicación y el “espíritu” burgués de las cosas; las marcas, la inducción del consumo y la creación de un patrón de valores, goces y satisfacciones montadas en el “espectáculo permanente” y el consumo de todo tipo de drogas, han aumentado la capacidad de seducción y disuasión de los capitalistas y sus políticos. Lo peor de la llamada americanización, de la cultura asociada al consumismo y la irresponsabilidad social que raya en conductas criminales, se ceba contra nosotros.

Dado que la política resulta un elemento fundamental de la socialidad humana. La criminal negación de la política en México resulta ser el quiebre de la dimensión comunitaria de los sujetos, la ruptura de nuestra actividad política, de nuestra sujetidad con el resto de nuestras vidas y del quiebre de la identidad nacional. La negación de la política, el sostenimiento de una dictadura cívico militar y la intervención de Estados Unidos sobre el destino de nuestro país constituyen los elemento básicos que operan para sostener esta guerra permanente e indeterminada contra los pueblos y de manera especial en contra de la juventud, entendida como elemento básico vital para el sostenimiento, producción y reproducción de la vida social de ese legado histórico que constituye hoy nuestro México. En los siguientes ejes se irán exponiendo otros elementos relativos a los agravios contra la juventud, entendiendo sobre todo que la política es clave para el desarrollo de otras formas de violencia más visibles.

I.VI Presentación de los casos

Por todo lo antes expuesto, presentamos los siguientes casos que conforman parte de la Negación y exclusión de la política, la democracia y las libertades democráticas:

Negación de formas de gobierno propias en las naciones Tenek y Xi-uiy y acoso del ejército al Sistema de Seguridad Comunitario. Presentan pobladores indígenas de la nación Tenek y nación Xi-uiy. Ante el constante acoso, persecución y violencia vivida en las comunidades pertenecientes a la nación Tenek y Xi-uiy, las comunidades decidieron organizarse a través de sus usos y costumbres, creando instancias propias de autogobierno y de seguridad, mismas que no han sido reconocidas por las instancias de gobierno de los tres niveles, además de estar sujetas a constantes hechos de acoso e intimidación por las fuerzas federales. Violaciones graves que alertan sobre una resolución trágica de este conflicto, pero que además evidencian un problema estructural de la negación de los derechos políticos de los fundantes de esta nación.

Caciquismo en Nuevo Santiago Tutla, Oaxaca. Presentado por pobladores de esta comunidad. El cacicazgo en nuestro país ha sido un instrumento de dominación y control territorial por un pequeño grupo de personas sobre una comunidad entera, basados en la apropiación de las tierras, el monopolio de la producción agrícola y ganadera, así como el control sobre algunas instancias de gobierno, las cuales en muchos casos se subordinan ante el poder de estos caciques, poder que se mantiene a través de actos criminales. Tal es el caso del desplazamiento forzado de cientos de familias de la región, secuestros y amenazas. En este caso denunciamos las prácticas caciques de José Raymundo Fabián y el Diputado Federal del PRI Samuel Gurrión.

Simulación y negación de la participación en el acceso y aplicación de leyes para la juventud en San Luis Potosí. Presentan las y los jóvenes de San Luis Potosí y Educación y Ciudadanía A.C. (EDUCIAC). La apertura institucional en nuestro país es nula, no existen los instrumentos legales necesarios para la participación activa de los jóvenes y si estos existen no son respetados por las propias autoridades. Tal es el caso el Instituto Potosino de la Juventud (INPOJUVE) y las instituciones responsables de la ejecución y seguimiento de los programas gubernamentales a nivel federal, quienes muestran que la participación política de las y los jóvenes en nuestro país es negada.

Represión a normalistas del Estado de Michoacán el 15 de octubre de 2012. Presentan Estudiante Normalista de Michoacán. El 15 de octubre de 2012, elementos de la Policía Federal y Estatal ingresaron a las escuelas normales de Tiripetío, Cherán y Arteaga y detuvieron a 176 estudiantes. La represión sistemática a las Escuelas Normales Rurales del país es una muestra de la política de represión focalizada de los últimos gobiernos neoliberales, los cuales se han empeñado en desaparecer estos centros de estudio por considerarlos centros de desestabilización social y política. Mientras en 2000 operaban 655 escuelas normales, para 2013 sólo sobreviven 465, lo que representa 29 por ciento menos. En este periodo la matrícula estudiantil también se vio afectada, al decrecer en 36 por ciento: eran 200 mil 900 alumnos y ahora se cuentan 128 mil 200. En tanto, el número de docentes cayó en 12 por ciento, al pasar de 17 mil 366 a 15 mil 364.

Políticas de criminalización de la juventud y protocolo contra la libertad de organización y manifestación, “nuevas leyes bala”. Presentado por el CoJuDH, CAUSA y JEN. Los cuales hacen referencia a los sucesos ocurridos a partir del 1° de diciembre del 2012 en la Ciudad de México, sucesos como la muerte del activista y director teatral Juan Francisco Kuykendall Leal, quien padeció una fractura craneoencefálica a causa del impacto de una bala de goma utilizada por la Policía Federal Preventiva (ahora Policía Federal) para disolver las manifestaciones del primero de diciembre de 2012 contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto y que falleciera el 26 de enero del presente año; la represión sufrida en la conmemoración de los 42 años (2013) de la masacre estudiantil de 1971 en donde fueron detenidos alrededor de 22 personas y en donde participaron los grupos de granaderos bajo las ordenes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), también la Policía Federal Preventiva algunos de ellos vestidos de civil, así como la Policía Bancaria e Industrial del DF; la represión sufrida en la conmemoración de los 45 años (2913) de la masacre estudiantil del 2 de octubre del 68, en donde el saldo fue de 102 detenidos y 32 lesionados por la policía y granaderos de la SSPDF; así como el constante acoso e intimidación en las más de 7,910 movilizaciones registradas en el 2013 y las más de 1585 registradas hasta el mes de junio de este año en donde el uso excesivo y desproporcionado de las fuerzas policiales se hizo presente.

Como expresión más reciente y cruenta del Estado Terrorista, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero y como sobrevivientes del crimen presentan el testimonio de la persecución, provocación y emboscada por la policía municipal de Iguala, la Estatal de Guerrero y el Ejército de sus compañeros, que terminó con un saldo –hasta ahora de seis asesinados, cuatro de ellos estudiantes (uno fue desollado), decenas de heridos y hasta ahora 43 estudiantes desaparecidos. A pesar de que el suceso ha causado la indignación nacional, el crimen se sostiene impune y el Estado busca evadir su responsabilidad con el manejo mediático y culpando al crimen organizado de dicho delito.

Finalmente se presenta un testimonio videográfico realizado por el colectivo Más de 131 que trata de contar cómo a pesar de la negación de los derechos mínimos para la vida y de los políticos en particular, desde mayo de 2012 hasta nuestros días, la juventud ha hecho esfuerzos inéditos por reapropiarse de la política y enfrentar al régimen, poniendo en el centro la crítica profunda y total del Estado. Protestas que muestran además de un sentido creador una masividad importantísima, testimonio de un sujeto en gestación.

I.VII Consecuencias para las generaciones futuras

El objetivo fundamental de la política operante hoy es la administración de las necesidades imperialistas para sostener su dominio en el mundo y someter a la población. Hasta ahora se ha avanzado en una dimensión tan profunda en la que la soberanía nacional llega a estar tan vulnerada que estamos al borde de perder los elementos fundantes de la nación. De no romper con la forma de dominación actual la situación que se impondrá a las generaciones futuras es la de la imposibilidad de actuar políticamente para definir sus vidas. La liquidación de las formas estatales como las hemos conocido, la operación de una dictadura cívico militar en función de las necesidades de libre comercio, bajo un esquema neocolonial o de protectorado del imperialismo más destructivo que haya existido en el plantea significará la plena negación de la vida de los pueblos y la nación.

I.VIII Agravios y responsables

Acusamos al Estado Mexicano en todos sus niveles y poderes, al Estado Norteamericano y a los sistemas de Seguridad Norteamericano, a las Trasnacionales, a las clases antinacionales, a la oligarquía del país, a los grupos criminales y paramilitares de los siguientes agravios:

De la destrucción y trasgresión del Constituyente de 1917 y fundamentalmente del artículo 39 constitucional que dice: “Articulo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder publico dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

De la violación total de los derechos contemplados por la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de Argel.

Por la comisión de los delitos graves como el genocidio, la traición a la patria y crímenes de guerra sancionados por la Convención de Ginebra y el Estatuto de Roma.

Por la violación al derecho al desarrollo de los pueblos y por daño al proyecto de vida de las y los mexicanos.

Por entregar y destruir a la juventud como parte del desmanetelamiento y entrega del país, pasando por encima del bien nacional e imponiendo leyes y acuerdos lesivos para la vida humana y la nación.

La negación de la plena participación en los procesos de toma de decisiones para la juventud planteada por la Declaración de Costa Rica 2013 y de la Cumbre Mundial de la Juventud Bynd 2015.

De la simulación política al suscribir y la no ratificación de los siguientes tratados internacionales sobre juventud:44

  • Convenio 138 (1976). Edad mínima de admisión al empleo.

  • Declaración Jóvenes del Cairo (1994). Reconoce a jóvenes como agentes del cambio, como actores y líderes de la sociedad.

  • Declaración de Copenhague (1995). El derecho al trabajo de jóvenes, con ingreso seguro y prestaciones deberá ser garantizado por gobiernos.

  • Programa de Acción Mundial (1996). Educación de calidad, alimentación, trabajo, salud para jóvenes.

  • Declaración de Lisboa (1998). Las y los jóvenes tienen un potencial enorme para el desarrollo y progreso de la humanidad.

  • Plan de Braga (1998). Posibilitar a las y los jóvenes a participar en asociaciones, sindicatos, ong´s, partidos, etc.

  • Convención Iberoamericana (2005). Derechos humanos focalizados para las y los jóvenes.

  • Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006). Educación incluyente, de calidad y gratuita en todos los niveles.

  • Declaración ministerial prevenir con educación (2008). Educación sexual escolar y cobertura amplia de servicios sexuales y reproductivos.

  • Declaración de Guanajuato (2010). Mayor inversión en ciencia y tecnología, así como políticas y programas para prevenir la criminalidad y delincuencia juvenil.

  • Segunda consulta global (2010). Servicios para adolescentes viviendo con VIH.

De la violación a lo estipulado por la “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”, 14 de diciembre de 1960, 1514 (XV) Asamblea General, XV periodo de sesiones y a “Resolución aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 2010, sobre la base del informe de la Comisión Política Especial y de Descolonización” (cuarta comisión) (A/65/430), 65/118, Cincuentenario de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, 201 enero 2011, A/RES/65/118.

De la violación a las responsabilidades para los jóvenes planteadas por el “Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes”, Resolución aprobada por la Asamblea General, ONU, A/RES/50/81

Por el incumplimiento de las responsabilidades “Políticas y programas relativos a la Juventud”, Resolución aprobada por la Asamblea General l el 18 de diciembre de 2013A/RES/68/130, ONU.

Por la violación a los derechos políticos planteados por la Organización Iberoamericana de la Juventud.

Por la violación a los derechos planteados en la Convención iberoamericana de derechos de los jóvenes, convención que además no se ha ratificado. Entre los que destacan:

  • Art. 2 Los Estados reconocen el derecho de los jóvenes a gozar todos los derechos humanos y derechos civiles.

  • Art. 3 Estados se comprometen a formular políticas y programas para la paz, justicia tolerancia y derechos humanos.

  • Art. 4 El derecho a la paz.

  • Art. 5 Principio no discriminatorio.

  • Art. 14 Derecho a la identidad y personalidad propia.

  • Art. 17 Libertad de pensamiento, conciencia y religión.

  • Art. 18 Libertad de expresión reunión y asociación.

  • Art. 19. Derecho a formar parte de una familia.

  • Art. 20 Derecho a la formación de una familia.

  • Art. 21 Participación de los jóvenes en política.

  • Art. 35 Creación de organismo nacionales de juventud.

Por la violación sistemática a los siguientes artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica. 1969:

  • Artículo 4. Derecho a la Vida

  • Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal

  • Artículo 8. Garantías Judiciales

  • Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad

  • Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

  • Artículo 15. Derecho de Reunión

  • Artículo 16. Libertad de Asociación

  • Artículo 23. Derechos Políticos

  • Artículo 24. Igualdad ante la Ley

  • Artículo 25. Protección Judicial

I.IX Demandas, exigencias y reparaciones

Que el TPP reconozca el derecho de las y los jóvenes, en unidad con los pueblos de México, por refundar este país.

Que acompañe y aporte al proceso necesario de desarrollo de una Constituyente que recupere la nación y la refunde desde las necesidades de sus pueblos y habitantes.

Que, bajo el amparo de los siguientes artículos de la Declaración de Argel:

Artículo 29.

Los movimientos de liberación deben tener acceso a las organizaciones internacionales y sus combatientes tienen derecho a ser protegidos por el derecho humanitario de la guerra.

Artículo 30.

El restablecimiento de los derechos fundamentales de un pueblo, cuando son gravemente ignorados, es un deber que se impone a todos los miembros de la comunidad internacional.

se reconozca y apoye al reconocimiento internacional de los pueblos de México para emprender la lucha por la liberación del país.

Que se pronuncie y condene por los crímenes graves contra la humanidad que realizan a quienes acusamos.

Que se reconozca a nivel internacional que vivimos una dictadura cívico militar, que vivimos un proceso de colonialismo o protectorado y que en ese sentido se dirija a la ONU y a otras instancias para que así sea reconocido el Estado Mexicano en su conjunto.

Que se reconozca y condene el terrorismo de Estado en el que vivimos las y los jóvenes de México.

Que acompañe y recomiende las instancias internacionales a las cuales debemos de recurrir para denunciar el intervencionismo e injerencia de Estados Unidos.

Que se pronuncie y condene la falta de democracia y la permanente violación a todos los derechos políticos, sociales y económicos de la juventud y las y los mexicanos en general.

Que se pronuncie por la libre determinación de los pueblos y naciones, así como el respeto a las formas de autogobierno basados en usos y costumbres.

Que se pronuncia y condene sobre la falta de acceso a la información tanto para recibirla como para producirla.

Que se pronuncie por la no ratificación de tratados internacionales sobre la juventud y generaciones futuras, como la Convención iberoamericana de derechos de los jóvenes.

Que se pronuncie por la implementación de las recomendaciones en lo general que emite el  Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el IMJUVE:

1.- Crear una Ley General de Juventud que reconozca a la población juvenil como sujetos de derecho y que se les reconozca como parte fundamental del desarrollo de la sociedad. En ese sentido queda pendiente la suscripción de México en la Convención Iberomericana de los Derechos de la Juventud.

2.- Crear una política federal, integral y transversal en el tema de juventud.

3.- Aumentar el involucramiento de las y los jóvenes en la construcción de las políticas de desarrollo que les incumben, e ir sustituyendo la mirada adulto-céntrica en las políticas para la juventud.

4.- Evaluar el diseño, procesos, desempeño, resultados y el impacto de las intervenciones de políticas públicas dirigidas a la juventud en México.

5.- Normar a nivel federal el uso de los términos “programa, campaña, iniciativa” y similares, para tener una idea más clara de las diferentes intervenciones hacia la juventud.

6.- Elaborar fichas informativas diferentes a las Reglas y Lineamientos de Operación, que expresen de forma sencilla los objetivos, población, monto, presupuesto y requisitos de todas las políticas públicas federales.

Que se pronuncie a favor de que la única manera de asegurar un proceso de paz sólido y duradero es garantizando la VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN INTEGRAL. Una verdad que le diga al mundo quienes fueron los responsables de la sistemática violación de los derechos humanos. Una verdad que le diga al mundo qué intereses representaban los victimarios y qué intereses representaban las víctimas. Una verdad que individualice a las personas e instituciones nacionales e internacionales responsables -por acción u omisión- de los crímenes cometidos contra los pueblos. Una verdad que diga al mundo qué pasó con las víctimas y ubique el paradero de las mismas. Una verdad que debe ser confesada por los responsables. Se requiere además de la verdad, que haya JUSTICIA. Una justicia que signifique establecimiento concreto de responsabilidades. Una justicia que sea conocida por el mundo. Una justicia que sancione ejemplarmente a los responsables de crímenes contra los pueblos. Una justicia que implique el autoreconocimiento y responsabilidad de los Estados en los crímenes de lesa humanidad. Una justicia que de no ser posible aplicar al interior de los Estados, se aplique a través de la jurisdicción universal en materia de derechos humanos. Además de VERDAD Y JUSTICIA, se requiere REPARAR INTEGRALMENTE a las víctimas y a las comunidades afectadas con los crímenes. Esa reparación debe asegurarse desde lo político, desde lo ético, desde lo social, desde lo psicológico, desde lo moral y lo económico. La REPARACIÓN debe rescatar la memoria de las víctimas, lo que conlleva reivindicar sus ideas, sus sueños y sus utopías. La REPARACIÓN implica negar el olvido y rescatar la memoria histórica de las víctimas y sus luchas. La reivindicación significa asegurar la memoria histórica permanente de lo ocurrido para evitar su repetición. La REPARACIÓN lleva consigo la necesidad de hacer todo lo necesario para recomponer el tejido social afectado con las violaciones. La REPARACIÓN lleva implícita la reparación integral de las víctimas, sus familiares, comunidades y la sociedad. La REPARACIÓN significa asegurar los derechos vulnerados a las comunidades y las reivindicaciones por las que murieron las víctimas. REPARACION es que los Estados y victimarios pidan perdón público a la sociedad y a las víctimas y sus familiares por el inmenso daño causado. Sólo después de materializada LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN INTEGRAL, podría hablarse de RECONCILIACIÓN. Los únicos que pueden perdonar a los victimarios son las víctimas y sus familiares, luego del proceso referido. Nadie más tiene la autoridad moral para hacerlo. Ningún proceso de reconciliación o de paz puede erigirse válidamente, si está basado en la IMPUNIDAD y el OLVIDO. La paz y la justicia no son conceptos antagónicos sino complementarios. Sin justicia no hay paz real y duradera. El ocultamiento de la verdad y la protección de los victimarios estimulan la repetición de los crímenes. La impunidad genera intranquilidad e inseguridad política y jurídica. La justicia es la columna vertebral de la paz, sin la primera no es posible la segunda.

1 Luis Javier Garrido (2009) sostenía que México transitaba de un “estado fallido” a Un protectorado norteamericano. México: La Jornada. Disponible en: http://goo.gl/b2CGao.

2 Protectorado puede ser definido, en derecho internacional, como una modalidad de administración de territorios en la que por medio de un tratado entre uno o varios Estados protectores y un estado soberano o una entidad política que no alcanza a serlo por su escasa institucionalización y soberanía… acuerda que aquél o aquéllos puedan ejercer su protección en diversa medida, en particular, en lo relativo a las relaciones exteriores, a la defensa militar y al mantenimiento del orden interno. En otras palabras, es un Estado, forma de gobierno o territorio que es protegido diplomática o militarmente por un estado o entidad internacional más fuerte. En cambio por esa protección, el protectorado acepta algunas obligaciones especificadas, que varían dependiendo de la naturaleza real de la relación entre ambas entidades. En la ficción legal, un protectorado es reconocido como estado autónomo al menos en potencia y generalmente mantiene alguna medida de soberanía o formas de gobernar y administración nativa. En general se considera que un protectorado es un instrumento al servicio de los intereses estratégicos, económicos o militares de las grandes potencias, una institución o formulación legalizada para la legitimación de relaciones jerárquicas o de poder entre estados o entidades nacionales: “El protectorado tiene siempre una tendencia colonial, si no es en sí mismo colonial, de explotación de provecho”. Wikipedia, Protectorado.

3 F. Pineda Gómez (2013). Ejercito Libertador 1915, México: ERA, pp. 24-25.

4 “Cuando el golpe de Estado está propiciado por quienes ya se encuentran en el poder, y solamente se produce un cambio de régimen político sin cambiar las autoridades que desde él ejercen el poder, se suele denominar golpe de Estado constitucional. También importa destacar la existencia de golpes de Estado técnicos. Suelen darse de la siguiente forma: subsisten las autoridades, el parlamento, el poder judicial y el sistema legal en general, pero por una acción de desacato de tipo extorsiva de un grupo poderoso (militares, grupos económicos, etc.) la autoridad legal se ve menoscabada, y ese grupo poderoso logra que las autoridades adopten ciertas decisiones que los favorecen.” Wikipedia, Golpe de Estado.

5 En el Indicador Voto de adhesión política la mejor puntuación la sigue obteniendo Yucatán, quien junto con otras 8 entidades federativas se ubica por encima del promedio de este indicador (4,447). Es necesario recordar que el voto en México es obligatorio sin sanción, y el nivel de participación electoral es bajo respecto a otros países de América Latina (2013). México: COPARMEX, Índice de desarrollo democrático de México. Disponible en: http://goo.gl/6uWOdz

6 Este concepto es de René Zavaleta Mercado. “Un Estado aparente es aquel Estado que no logra articular la territorialidad del Estado, sus regiones, sino que solamente representa y unifica pedazos aislados, fragmentados del territorio patrio (…) Estado que no logra incorporar los hábitos, la cultura y las formas de organización política de la sociedad (…) un Estado parcial que solamente representa a un pedazo de la sociedad, que solamente articula unos fragmentos del territorio, que solamente articula ciertos hábitos políticos y deja al margen, discrimina, deja de lado a otros sectores sociales, a otros territorios y a otras regiones y a otras prácticas políticas”. Álvaro García Linera (2010). Discurso del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Disponible en: http://goo.gl/WXd45y

Por su parte, el concepto de “Estado aparente”, García Linera le contrapone el de “Estado Plurinacional”.

7 “Pablo González Casanova ha insistido en que vivimos un proceso renovado de dominación y reapropiación del mundo; una recolonización a través de la ocupación integral de nuestros países, estructurada en el ámbito nacional mediante reformas constitucionales y legales, a través de disposiciones de hecho, realizadas todas ellas sin consultar a la sociedad y a los ciudadanos en particular. En el caso de México, se destacan, como ejemplos dentro de las primeras, la reforma al artículo 27 de la Constitución y sus leyes secundarias, que pusieron en venta las tierras ejidales y comunales, abrieron los territorios a corporaciones extranjeras y constituyen, en los hechos, la ruptura de la alianza social y el pacto político producto de una revolución armada que da lugar a la Carta Magna de 1917 y que costó al país un millón de muertos. De las segundas, tenemos al Tratado de Libre Comercio (TLC), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), y la Iniciativa Mérida, que dañan gravemente la soberanía económica y política de la nación.” G. López y Rivas (2013). “La recolonización de los territorios en la globalización neoliberal”. México: El Volcán, 22.

8 Acusación general presentada ante el TPP (2012). Ciudad Juárez, Chihuahua.

9 Para ilustrar el hermanamiento de los principales partidos, resulta elocuente el proceso de negociación de la Alianza Para la Seguridad y la prosperidad de América del Norte, ASPAN (2006). México: La Jornada, 25 de septiembre.

10 I. García. “6 reformas clave de Peña aprobadas por el Congreso en 2013”. México: ADN Político. Disponible en: http://www.adnpolitico.com/congreso/2013/12/19/las-6-reformas-aprobadas-por-el-congreso-que-presume-pena

11 Sobre las características de un estado de este tipo resaltamos: “1. Infiltración del Estado por expresiones de tipo criminal: el poder alcanzado por las máquinas de acumulación ilegal se manifiesta en una capacidad relativamente difusa pero efectiva de erosionar y derrumbar las instituciones sociales, políticas y económicas establecidas, mediante un conjunto de acciones desafiantes y violentas(…) 2. La simbiosis entre delito y Estado. (…) un tipo particular de “criminalidad institucional” cuya expresión esencial radica en la figura del paraestado que desafía la soberanía y la capacidad regulatoria del Estado. Se trata de formas de poder paralelas/articuladas al marco institucional. Ese paraestado incluye poderosas fracciones capitalistas encargadas de regulación/control territorial, gastos en bienestar social y un restringido pero eficaz apoyo popular (a base de la intimidación). Tal ensamblaje se sostiene en el “monopolio de la violencia paraestatal”, en aparatos represivos (la expresión concreta en el paramilitarismo), que pueden llegar a constituir auténticos “brazados armados” al servicio de la nueva fase de acumulación capitalista. En ese sentido existe una relación funcional y de dependencia: la institucionalidad formal se vuelve tan dependiente de su parásito criminal como éste de las instituciones establecidas. 3. La resignificación del circuito tierra-territorio como fuente de valorización capitalista y transformación de las relaciones de propiedad. Aquí es común encontrar disputas por el control territorial en las zonas de trascendencia geopolítica y económica. Son evidentes, en ese sentido, los planes/ dispositivos de control territorial sobre regiones estratégicas para los intereses del capital (nacional y transnacional). (…) La nueva espacialidad capitalista conlleva nuevos procesos de reterritorialización. Dicha espacialidad no implica la renuncia al territorio, contempla justamente una redefinición del concepto de territorio. Dentro de esas disputas se hacen presentes, por ejemplo, expropiaciones violentas de tierras a través de nuevos ciclos de acumulación por desposesión. 4. Flexibilización violenta y “servilización” del trabajo. Con el servilismo se pasa de un régimen en el que los derechos sociales de los trabajadores tenían una validez universal en el mercado de trabajo, y estaban protegidos por normas jurídicas con la suficiente solidez para garantizarlos, a un régimen en el que los derechos de los trabajadores se esfuman progresivamente bajo el apremio de las contingencias económicas (…) Expresiones (criminales) del capitalismo, particularmente la forma paraestatal, consideran el salario cada vez más como una variable de ajuste de la política económica, pues ahora corresponde a los asalariados absorber los shocks macroeconómicos. En ese marco es común el uso de la violencia, lo que conlleva a una creciente precarización del trabajo, en sus más variadas expresiones. Cfr. Jairo Estrada Álvarez, Sergio Moreno Rubio, “Configuraciones (criminales) del capitalismo actual. Tendencias de análisis y elementos de interpretación”, en VV.AA. Capitalismo criminal. Ensayos críticos; Jairo Estrada Álvarez (coordinador) (2008). Bogota: Universidad Nacional de Colombia, pp 58-60.

12 Estudio Censal de la Participación Ciudadana en las Elecciones Federales de 2012 (2013), INE, México, p. 7.

13 Cifras dadas por John Bailey, académico de la Universidad de Georgetown, en H. Huérfano. “Economía informal y crimen, una estrecha relación”. México: El Economista. Disponible en http://goo.gl/yf3vzl

14 Para un recuento exhaustivo y demoledor, por la cantidad y la seriedad de los datos manejados, es conveniente consultar “Los señores de narco de Anabel Hernández y las investigaciones de Ana Lilia Pérez difundidas a través de algunos libros, entre los que destacan el “Cártel Negro” y “Camisas azules y manos negras”.

15 El Universal, 24/1/09. Se indica que los escenarios del Comando de Fuerzas Conjuntas del DoD, ubican a México “en el contexto mundial de los estados débiles, cuyo fracaso puede presentar ‘desafíos muy serios’ a los planificadores estratégicos y operacionales de la fuerza militar de EU” (ibid). John Saxe-Fernández, “El silencio del Pentágono” (2009). México: La Jornada, 29 de Enero.

16 El concepto de Guerra Híbrida lo desarrolló el militar ruso Gerasimov, para definir una guerra permanente aunque no declarada que combina elementos militares con otros aspectos no convencionales. Sobre este concepto véase: http://goo.gl/8HRjpH;  http://goo.gl/rs4x5N; http://goo.gl/rs4x5N; http://goo.gl/moU94S

17 Jorge Carrillo Olea, alto militar retirado, fundador del CISEN y que ha denunciado la injerencia yanqui en el trazo de las estrategias de seguridad federal sostiene en un artículo publicado por La Jornada el 15 de enero de 2014, sostiene que la situación que se vive en Michoacán coincide con lo que el profesor Kalevi J. Holsti definió como guerras de tercer tipo, caracterizadas porque en estas “no hay frentes, ni batallones, ni bases, ni honores, ni respeto por los límites territoriales de los estados, ni lógica legal o militar (…) La distinción entre militares y milicianos se desvanece, las cadenas de mando se vuelven borrosas. La ley internacional no opera y lo extranjero finge neutralidad. Corre el flujo de dinero, de armamento y de equipos, hasta de servicios hospitalarios o de telecomunicaciones satelitales y nadie sabe, quiere o puede enterarse”. Nosotros hacemos extensiva, tras esa descripción, a lo que sucede en todo el territorio nacional. Cfr. “Guerra en el trópico”. Disponible en: http://goo.gl/awwuyH. Para una mejor comprensión del planteamiento de las guerras de tercer tipo puede leerse un fragmento de la entrevista a Holsti. Disponible en: http://goo.gl/zi6GKC

18 Dictamen Juárez (2012). México: Acusación General del TPP, p. 10.

19 Ibíd, p. 6 y7.

20 Jorge Carrillo Olea (2014). “El suave vientre mexicano”. México: La Jornada, 2 de septiembre.

21 Cfr. Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018. Una política multidimensional para México en el siglo XXI (2014), Consejo de Seguridad Nacional. Presidencia de la República. Los mecanismos bajo los que operan esta cesión de soberanía son generalmente, como en el caso de ASPAN, a partir de directrices dictadas por las corporaciones que el Ejecutivo pone en marcha sin el escrutinio del Legislativo. Cfr. R. Vargas & A. Hickman Sandoval (2009). “La integración energética en América del Norte y la reforma energética mexicana”, D.F., Grupo de ingenieros PEMEX Constitución del 17 y Comité Nacional de Estudios de la Energía, p. 40.

22 El nombre de la estrategia de guerra trazada por la SEDENA evidencia la matriz norteamericana de la misma. Aun cuando públicamente se evitó mencionar el término “terrorismo”. Cfr. Gilberto López y Rivas “Viejas y nuevas guerras sucias” (2012). México: El Cotidiano, núm. 172, marzo-abril, pp. 116-123, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.

23 John Saxe-Fernández, Op.cit.

24 Reporte de la DOE/AIE 2009/10, citado por John Saxe-Fernadez (2012). “2012: Petróleo y sucesión”. México: La Jornada, 12 de febrero.

25 Sobre esto consúltese el informe de Jeremy Grantham. Disponible en: http://www.gmo.com y el libro de Richar Heinberg (2007). Peak Everything: Waking Up to the Century of Declines. New Soc Press.

26 “Redrawing the energy-climate map” (2013). International Energy Agency, Energy Outlook Special Report.

27 Así lo expuso la propia delegación de Estados Unidos en la V Reunión de Ministros de Defensa celebrada en 2002 en la Secretaría de Marina de México el 21 de enero del 2003. Cfr. José Luis Piñeyro, “Seguridad y Política exterior de EUA hacia América Latina: Ayer y Hoy” en John Saxe-Fernández, Op. Cit.

28 “PRD moderates broached the idea for the pact, inspired by a landmark deal in Spain in 1977 that helped transform the country after the decades long Franco dictatorship” (2013). Estados Unidos: The Wall Street Journal, 16 de agosto.

29 Luis Alegre Zahonero y Carlos Fernández Liria (2009) “Capitalismo y ciudadanía: la anomalía de las clases sociales”. Colombia: Viento Sur, Enero, p. 9

30 “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”, 14 de diciembre de 1960, 1514 (XV) Asamblea General, XV periodo de sesiones. Véase también la “Resolución aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 2010, sobre la base del informe de la Comisión Política Especial y de Descolonización” (cuarta comisión) (A/65/430), 65/118, Cincuentenario de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, 201 enero 2011, A/RES/65/118.

31 Nos basamos en el texto de Reinaldo Villalba, aunque agregamos algunos preceptos propios de la situación mexicana. VILLALBA VARGAS, Reinaldo. Globalización, Democracia y Derechos Humanos en América Latina [en línea]. Colombia: Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, 2005. Disponible en: http://goo.gl/kx761C

32 En los casos que aquí presentamos en “enemigo interno” resulta ser el estudiante de las normales de Michoacán o Guerrero o las Guardias Comunitarias Tenek o Xi-uiys.

33 Luis Alegre Zahonero y Carlos Fernández Liria (2009) “Capitalismo y ciudadanía: la anomalía de las clases sociales” Colombia: Viento Sur, Enero, p. 15.

34 Según Kant la única cualidad exigida para que a alguien se le considerara ciudadano era que fuera sui iuris, que tuviese alguna propiedad. Cfr. Luis Alegre Zahonero; Carlos Fernández Liria, Op. cit.

35 Investigación “Experiencias de participación política juvenil: México proceso electoral 2012” de la Organización Red por los Derechos Sociales y Reproductivo. Disponible en: http://goo.gl/OAzevA

36 Al respecto consúltese: http://www.proceso.com.mx/?p=291298 y http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/04/17/gobierno-confesional-en-morelos/

37 Consúltese en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/05/23/900707

38 Véase los artículos: http://aristeguinoticias.com/1305/mexico/gobierno-nombra-a-un-mirey-en-el-imjuve-opinion-de-roberto-zamarripa/; http://perriodismo.com.mx/2013/02/07/vinculan-a-romero-coello-con-provocadora-de-marcha-anti-pena/

39 SEDESOL (2014). Programa anual de trabajo. México: Instituto Mexicano de la Juventud.

40 Según el informe 2013 de Latinobarómetro, México ha perdido 12 puntos porcentuales de apoyo a la democracia respecto del promedio 1995 -2013.

41 UNFPA, IMJUVE (2012). Políticas y programas para el desarrollo de la juventud. México, p. 80.

42 Estudio sobre el mercado de televisión abierta en México, Reporte final. Telecom-CIDE. septiembre 2011

43 C. Villegas. “Los dueños de la radio y la televisión en México”. México: Contralinea. Disponible en: http://www.contralinea.com.mx/c7/html/politica/due%F1os.html

44 Según el índice de la “Normatividad internacional en materia de jóvenes” que presentan el UNFPA y el IMJUVE, hay 21 normas en total que hablan sobre juventud. UNFPA, IMJUVE (2012). Evaluación transversal: políticas y programas para el desarrollo de la juventud. México. Cruzando el índice de la Normatividad anterior, con la “Compilación de instrumentos internacionales sobre protección de la persona aplicables en México”. SCJN (2012). Compilación de instrumentos internacionales sobre protección de la persona aplicables en México. México, pp. 5-26. México sólo suscribe y ratifica 10, le faltan 11 por firmar que son los que presentamos.