Dictamen


TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS

Fundador

LELIO BASSO (ITALIA)

Presidente
FRANCO IPPOLITO (ITALIA)

LIBRE COMERCIO, VIOLENCIA, IMPUNIDAD Y DERECHOS DE LOS
PUEBLOS EN MÉXICO
(2011-2014)

Audiencia transtemática sobre

DESTRUCCIÓN DE LA JUVENTUD Y GENERACIONES FUTURAS

Ciudad de México, 8, 9 y 10 de noviembre de 2014

DICTAMEN
SEGRETARIA GENERALE: FONDAZIONE BASSO
VIA DELLA DOGANA VECCHIA 5 – 00186 ROMA, ITALIA
TEL: 0668801468 – FAX: 066877774
E-mail: tribunale@internazionaleleliobasso.it – filb@iol.it
Web: http://www.internazionaleleliobasso.it

 


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CUADRO GENERAL DE REFERENCIA

El rol y los objetivos del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) han sido bien especificados a lo largo de las audiencias que se han desarrollado después del lanzamiento del TPP Capítulo México en octubre de 2011, y no necesitan en este sentido una larga presentación.

De todos modos, es útil todavía retomar muy brevemente las perspectivas que orientan el trabajo del TPP, y que encuentran sus raíces en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (Argel 1976) para ofrecer un cuadro de referencia más claro a los contenidos y las implicaciones de esta “Audiencia transtemática” que se ha puesto como última etapa del largo camino hacia la Audiencia final del 12 a 15 de noviembre de 2014.

El objetivo principal del TPP no es el de “juzgar” crímenes en la lógi ca de los tribunales estatales formales. La vocación y el compromiso central del TPP es la de reconocer, restituir, ofrecer a los pueblos violados en sus derechos fundamentales a una vida en la dignidad y con capacidad de autonomía y de futuro una tribuna de visibilidad, de toma de palabra, de conciencia de la injusticia de las violaciones que han pretendido transformarlos de sujetos de derecho a víctimas sin futuro, como consecuencia de la ausencia, la impotencia, la impunidad, garantizadas por las instituciones que cuentan con el poder para ello.

En esta lógica, el TPP se confronta muy rigurosamente con los criterios y las normas del derecho internacional y de las obligaciones de los Estados con respecto a los derechos fundamentales, para poner en evidencia las violaciones y juzgar las responsabilidades e identificar sus causas. Pero también para identificar los vacíos del mismo derecho, que muchas veces se mueve, aun frente a escenarios profundamente cambiantes, con una mirada más aferrada a las normas existentes que a las preguntas que requieren nuevas respuestas.

El TPP se ha configurado progresivamente a lo largo de su historia como un ejercicio público con (más aún que para) los pueblos, que explora e investiga caminos que permitan al derecho retomar su rol fundamental de prevenir los crímenes y promover-garantizar derechos a quienes están más en riesgo de ser transformados en víctimas, sencillamente por su situación de marginación socioeconómica o cultural, o política, o por la combinación de todas estas variables.

El TPP ha asumido como misión principal la de contribuir a generar escenarios y ámbitos de denuncia y puesta en evidencia de estas violaciones, donde sean las víctimas, los agraviados quienes toman la palabra para hacerlas visibles y posibilitar, con la escucha compartida, la creación de vínculos con otros y otras que son no solo denunciantes sino sujetos activos en la resistencia a los agravios y en la construcción de propuestas para exigir el respeto a todos los derechos para todos los seres humanos.

La presentación ante el TPP ya constituye un acto de resistencia, como lo configura también el camino de tres años hecho por quienes han elaborado las diversas acusaciones, como las que se han expuesto en estos dos días, sustentadas en documentos que respaldan la exposición de cada agravio, la sistematización de datos, la articulación de las múltiples variables que permiten delinear las problemáticas abordadas en cada eje temático que, para dar cuerpo al Capítulo México, han vinculado los elementos centrales de libre comercio, violencia, impunidad. Éstos son la combinatoria – inscripta dentro de un proceso político, económico, social, cultural, con raíces históricas anteriores – que fundamentan las políticas del Estado que tienen como uno de sus requisitos vertebrales la violación sistemática, generalizada, de todos los derechos de los pueblos que viven en territorio mexicano, e incluso de quienes han sido expulsados como resultado de esas políticas.

2. CUADRO DE REFERENCIA ESPECÍFICO DE LA AUDIENCIA TRANSTEMÁTICA

La problemática puesta a consideración en esta Audiencia no integraba el listado original de los ejes temáticos con los cuales se inició el proceso de construcción del Capítulo México: guerra sucia, falta de acceso a la justicia, impunidad; feminicidio y violencia de género; migración, refugio, desplazamiento forzado; violencia contra los trabajadores; violencia contra el maíz; devastación ambiental; desinformación, censura, violencia; a los que luego se sumaron otros dos: represión a los movimientos sociales; educación. ¿A que se debe entonces haber confluido en esta Audiencia transtemática sobre la destrucción de la juventud y las generaciones futuras en México?

No hay duda de que a lo largo de las últimas décadas la juventud -sin que a ese término se puedan aplicar límites anagráficos rígidos- se ha transformado en un verdadero pueblo transversal a todos los pueblos afectados duramente por las nuevas colonizaciones económicas.

Y al mismo tiempo no hay duda de que a pesar de todas las afirmaciones y declaraciones oficiales, la centralidad y prioridad de lo económico-financiero tiene como criterio de referencia el aumento de la desigualdad y con ello la marginación de todos los colectivos que el mercado necesita como recursos flexibles o desechables. El pueblo transversal de la juventud está indudablemente expuesto de manera superlativa al riesgo de invisibilización por parte del mercado y de sus códigos, que se imponen como prevalecientes por encima del respeto y real ejercicio de todos los derechos humanos.

Tal como se señala en la acusación elaborada por los y las jóvenes, del análisis de lo documentado y denunciado en las audiencias temáticas, surge que en cada una de las problemáticas abordadas se verifica que la juventud integra el grupo mayoritario -aunque no exclusivo- victimizado por las políticas de Estado denunciadas.

Cuando se habla de guerra sucia, violencia, falta de acceso a la justicia, la mayoría de las víctimas son jóvenes. Cuando se habla de feminicidios y víctimas de violencia de género, la mayor parte de las víctimas de estos crímenes son jóvenes; cuando se habla de precarización laboral, desempleo, superexplotación, despojo de derechos laborales, los y las jóvenes constituyen el núcleo mayoritario de quienes se encuentran en esa situación; cuando se habla de migración y desplazamientos, el grueso de la población forzada a seguir ese camino está constituida por jóvenes; al analizar los múltiples efectos de la devastación ambiental, de la destrucción del maíz, de la pérdida de soberanía alimentaria, de la descampesinización de millones, de la ruptura de la relación entre comunidades y pueblos indígenas y la tierra, es innegable que también allí la juventud integra el sector victimizado; el desmantelamiento de la educación en todos sus niveles, así como la desinformación, la censura y el desarrollo de contenidos mediáticos, que apuntan a moldear y manipular subjetividades individuales y colectivas, tienen como blanco privilegiado a los jóvenes; las agresiones a los movimientos sociales, en cuya composición es notable la presencia de jóvenes no escapa a la característica que venimos señalando.

En esta dirección de exploración-investigación de caminos necesarios y posibles para no limitarse a documentar violaciones impunes por razones de poder, esta Audiencia se constituye transtemática para subrayar el peso y la especificidad de la implicaciones de la destrucción del futuro implícitas en la represión de la juventud. Con esta perspectiva, no se pretende hacer de la juventud un pueblo separado. “Juventud” no es solo un rango etario, sino una relación social, y es desde ese enfoque que “juventud” desempeña el rol de indicador sobresaliente de lo que está pasando, y elemento de comunicación e integración con los demás mecanismos y hechos de violaciones documentados en las otras audiencias.

Este Tribunal verifica que lo expuesto en esta Audiencia se propone como producto de investigación, testimonio, propuesta de redes de jóvenes que con sus lenguajes y opciones de prioridad, representan, concreta y simbólicamente, un desafío de futuro para el derecho internacional y un compromiso de continuidad de lucha para este cambio. Y tal como lo han expresado, es una señal muy clara de la necesidad y la decisión de pasar de ser objetos de derecho a ser sujetos de derecho y actores en la exigencia de justicia, de transformación de una realidad que les condena a ser un “bono demográfico”; protagonistas en la generación de un futuro para sí y las generaciones que vendrán, y desde ya, de todas las personas y pueblos que habitan México.

Hay que subrayar que la característica transtemática de esta Audiencia es también una vía de puesta en diálogo de los distintos colectivos que han trabajado a lo largo de estos tres años, puesta en diálogo que permite comprender de forma aun más abarcadora la raíz estructural de los agravios expuestos en los distintos ejes temáticos. Ratificar que estos agravios no responden a fallas del sistema, sino a una política de Estado diseñada, sostenida y sistematizada a lo largo de décadas, pero con mayor profundidad desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y otros tratados de libre comercio. Y que se profundiza a diario.

3. PROCEDIMIENTO

1.1. Composición del jurado

Carlos Martín Beristain (España), quién actuó como Presidente del Jurado Médico y doctor en psicología social. Profesor del Máster universitario europeo en ayuda humanitaria internacional. Ha sido coordinador del Informe Guatemala: Nunca Más, y asesor de las Comisiones de la verdad del Perú, Paraguay y Ecuador. Ha trabajado como asesor de salud mental de Brigadas Internacionales de Paz en El Salvador, Guatemala y Colombia. Trabaja desde hace 25 años con víctimas de la violencia y la guerra en diferentes países en conflicto. Ha sido perito de evaluación médica y psicosocial en 6 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consultor de la Corte Penal Internacional, sobre trabajo con víctimas.

Graciela Daleo (Argentina)
Miembro de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires desde 1996. Sobreviviente del campo de concentración clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura cívico-militar (1976-1983). Integra un grupo jurídico-político de militantes que actúan en varios procesos judiciales que se llevan adelante en Argentina por violaciones masivas a los derechos humanos.

Marcelo Dias Carcanholo (Brasil)
Doctor en economía por la Universidad federal de Rio de Janeiro. Asesor permanente y colaborador en temas de formación con movimientos sociales, entre ellos el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Es profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad Federal Fluminense. Miembro del Núcleo interdisciplinario de estudios e investigaciones sobre Marx y marxismo. Presidente de la Sociedad latinoamericana de economía política y pensamiento crítico.

Daniel Giménez Cacho (México)
Es actor, director de cine y productor teatral. Su trabajo artístico ha sido ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional. Se ha comprometido apoyando distintas luchas sociales en México: el alzamiento zapatista en Chiapas, la Campaña por la Libertad de los Presos de San Salvador Atenco, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Creó el grupo El Grito Más Fuerte y hoy encabeza una importante lucha para una Consulta constitucional que pueda revertir el despojo a la nación que fue la reforma energética.

Gianni Tognoni (Italia)
Colaborador del Tribunal Russell II (antecedentes del TPP), desde entonces ha realizado un trabajo activo en el campo de los derechos humanos y de los pueblos. Es Secretario General del TPP desde su fundación, en 1979. Doctor en Medicina y Cirugía, ha llevado a cabo actividades de investigación básica, clínica, epidemiológica y de salud pública en diversos sectores de la medicina. Consultor de la OMS, miembro fundador de la sociedad internacional para la información independiente de medicamento, coordinador de proyectos de epidemiología comunitaria en países de América Latina y África.

1.2. Desarrollo del programa

La Audiencia transtemática se ha desarrollado en los días 8, 9, 10 de noviembre 2014 en el Museo de la Ciudad de México, calle José María Pino Suárez 30, Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Distrito Federal, según el programa detallado en el Anexo 1. Las actividades se han articulado en dos días de Audiencias públicas, un día de trabajo del Jurado, y la presentación del Dictamen en la noche del día 10 de Noviembre.

La documentación que se ha presentado al Jurado, con testimonios e informes orales, escritos y audiovisuales, ha sido el resultado de un largo y muy intenso trabajo colaborativo de investigación coordinado por la organización Jóvenes ante la Emergencia Nacional (JEN), con la colaboración de más de 30 organizaciones solidarias, como el Comité 68, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), el Consejo Coordinador Obrero Popular (COCOPO), el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-MLN), entre otras.

La recolección de los casos y la selección de los testigos se realizó a través de una amplia red de jóvenes en 22 estados de la República, integrándose en un total de 74 casos específicos y una bibliografía documental que se encuentra en el acto de Acusación, y proporciona detalladamente los criterios de análisis y de evaluación de las diferentes tipologías de los escenarios de violaciones que han interesado específicamente – a nivel individual y colectivo – las poblaciones jóvenes del País. El material ha sido organizado y presentado en forma de tres grandes bloques que agrupan ochos ejes temáticos.

En el primer bloque se plantea la dimensión de una totalidad nacional donde se enmarcan los agravios, así como el análisis del entramado general que describe las formas específicas de dominación criminal. Dicho bloque incluye los ejes de:

I. Negación y exclusión de la juventud en la política, la democracia y libertades democráticas
II. Violencia económica y material contra la juventud
III. Exclusión, destrucción e imposición

En el segundo bloque se visibilizan las especificidades territoriales en las que se expresan y chocan las contradicciones agrupadas en el primer bloque y que se desarrollan en los espacios básicos donde opera la vida social de la juventud y la sociedad en general. Incluye los ejes de:

IV. Expulsión de las y los jóvenes del campo y destrucción del campo y de la identidad indígena para las generaciones futuras
V. Urbanización y libre comercio contra la juventud y las generaciones
futuras

Finalmente, en el tercer bloque se exponen las problemáticas más evidentes y cruentas del choque que se da entre campo y ciudad (segundo bloque), bajo el entramado de lo político, económico y cultural (primer bloque). Este bloque lo integran lo ejes:

VI. Crisis de la salud de la juventud mexicana y destrucción del ambiente para las generaciones futuras
VII.Juventud, feminicidio y violencia de género
VIII.Juvenicidio y guerra contra la juventud

4. CONTEXTO ECONÓMICO INTERNACIONAL/NACIONAL

En los medios y ámbitos internacionales, donde se negocian, justifican y deliberan los acuerdos internacionales de libre comercio, normalmente se presenta como uno de los “bonos” más importantes que una economía tiene para ofrecer en la negociación de los acuerdos es lo que se llama activo demográfico. El hecho de una economía a presentar abundantemente mano de obra con relativa calificación, apta para trabajar en procesos modernos de producción, es presentado en estos discursos pretendidamente técnicos como una de las ventajas más importantes para negociar el acceso a otros mercados. Lo que deliberadamente no se menciona es que ese “bono” demográfico solo tiene sentido dentro de una dinámica de producción y reproducción económica inherentemente excluyente. Economías subordinadas a la lógica de la economía mundial, esto es, que poseen poco margen de maniobra para determinar las características estructurantes de esa lógica, suelen presentar problemas económicos y sociales vinculados a esa subordinación. Normalmente presentan baja competitividad de sus productos en el comercio mundial y son importadoras de capital externo, lo que implica el pago sistemático de rentas para ese capital externo, sean ellos préstamos directos, que constituyen la deuda externa, sea en forma de inversiones extranjeras directas. Estos dos aspectos definen una elevada vulnerabilidad externa de esas economías frente a las modificaciones estructurales y coyunturales de la economía mundial.

Para generar una dinámica interna económica, esas economías subordinadas, a fin de construir alguna competitividad, se ven obligadas a reducir los costos de su mano de obra, lo que implica reducciones salariales, concentración de renta y riqueza, y todos los problemas sociales derivados de esa dinámica.

Esta dinámica estructural de subordinación se ve agravada por la implementación de acuerdos de libre comercio, que empeoran las condiciones de competitividad de la producción doméstica, toda vez que las coloca en libre competencia con productos con mayor productividad, y a facilitar la entrada de capital externo, profundizando las condiciones estructurales de vulnerabilidad extrema de las economías subordinadas.

El caso de la economía mexicana es paradigmático en ese sentido. Aunque tenga en su formación socio-histórica la característica de una economía subordinada, los mecanismos de su subordinación fueron profundizados después de la puesta en vigencia del TLCAN en 1994. Su industria fue siendo destruida hace treinta años, mas con la implementación del TLCAN ese proceso se intensificó. Así como en el resto de América Latina, llega a caracterizarse el proceso como de desindustrialización. En el caso de México, ese proceso significó un cambio de forma.

En un primer momento, con base en las industrias maquiladoras, que llegaron a asumir un liderazgo mundial desde el punto de vista de otras regiones de la economía mundial. Entre sus características, se encuentra el hecho de que utilizaba mano de obra joven, en virtud de la elevada intensidad, extensión y desgaste en el proceso de trabajo. Eso significó la destrucción del mercado interno de la economía mexicana, asociada a fuertes y destructivos efectos sociales y ambientales. En este siglo se inicia una fuerte crisis de la industria maquiladora, promoviendo un fuerte desempleo, con todas sus consecuencias sociales. Pese al discurso oficial en contrario, la relativa recuperación industrial no compensa el desempleo creado por esta crisis. Eso ocurre por la alta productividad de ese nuevo momento de la industria, que requiere para su proceso productivo, relativamente menos mano de obra.

El sector agrícola también sufre un proceso de destrucción intensificado por los acuerdos de libre comercio: amplio proceso de privatización, destrucción de soberanía alimentaria del país, que lo obliga hoy a importar gran parte de los alimentos que consume; fuerte reducción de la producción familiar y de subsistencia, consecuente aumento de la desocupación y de quienes no pueden subsistir con su propia producción agrícola.

Esta dinámica económica subordinada, profundizada por el TLCAN, produce una gran cantidad de mano de obra desocupada, que precisa encontrar nuevas formas de garantizar su subsistencia. En función de esa dinámica excluyente, esa gran parte de la población se ve obligada a vivir en la informalidad, marginalidad, a migrar, o a entrar en la economía criminal. Igualmente, cuando consigue algún empleo, éste es de baja calidad, los salarios son bajos, muchas veces ni siquiera alcanzan para satisfacer las necesidades de sobrevivencia. Hoy en día la economía mexicana presenta uno de los menores niveles salariales de toda la economía mundial. Esa población sobrante, producto de esa dinámica excluidora, que se caracteriza por una estructura productiva volcada a las exportaciones, con reducido papel del mercado interno, bajos salarios y condiciones de trabajo que, en algunos casos, se caracteriza como de esclavitud, es el principal producto de esa lógica económica subordinada.

Que los defensores del libre comercio presenten esa población sobrante como un “bono demográfico”, como un beneficio al momento de negociar los acuerdos de libre comercio que, a su vez amplifican esa dinámica, sólo demuestran cuánto la lógica y el discurso económico-mercantil trata al ser humano como un objeto, variable de ajuste para la dinámica de los negocios y de la economía.

Como parte de los elementos de acusación presentada al TPP, quedó demostrado que gran parte de esa población sobrante, indefensa, está compuesta por jóvenes, que por estar en exclusión de la dinámica económica subordinada, no encuentran empleos. La importancia de esto se verifica en el hecho de que la cifra total de desempleo, que suma 2.6 millones de personas, 1.5 millones se encuentran en la franja entre los 14 y 29 años de edad, es decir, el 56% son jóvenes. Además, no acceden a una educación de calidad, pues ésta también sigue el curso de mercantilización; no tienen donde vivir a raíz de la especulación inmobiliaria que encarece la vivienda y los alquileres.

Por lo tanto, se debe destacar que el “bono demográfico” ofrecido como algo a ser negociado en los tratados de libre comercio: es uno más de los elementos de expropiación que la economía mexicana viene sufriendo históricamente, y se acentuó en los últimos tiempos. está compuesto, en gran parte, por la juventud mexicana, que es ofrecida como mano de obra barata, para ser superexplotada por los capitales nacionales y transnacionales que se benefician de esa dinámica, llegando a situaciones de verdadera esclavitud.

¿Cuál sería la especificidad de la juventud en esta dinámica excluyente y excluidora? No se trata apenas de formar parte de la población sobrante que, cuando no migra, es obligada a someterse a las peores condiciones de trabajo, con ajas remuneraciones, sino también una parte de la población que presenta la posibilidad de varios años de trabajo en el futuro y, por lo tanto, potencialidad de riqueza futura que pueda ser explotada y expropiada por esa dinámica.

Antes que un beneficio que la economía mexicana tiene para ofrecer en los acuerdos de libre comercio, el llamado “bono demográfico”, no es ni más ni menos que la entrega de la población, en gran parte de su juventud, para ser explotada y expropiada, con bajos salarios y en condiciones de trabajo degradantes y cada vez más precarizadas. LOS BENEFICIOS EXISTEN, Y LA RIQUEZA ES CREADA, PERO NO SON PARA LA POBLACIÓN QUE LOS PRODUCE.

El patrón de comportamiento mercantil, agravado por los tratados de libre comercio, prescinde del ser humano. En una economía neoliberal mercantilizada un ser humano que no compra ni vende, o que no es comprado ni vendido, es como SI NO EXISTIESE. Pero, cuando compra o vende, es comprado o vendido, la existencia del ser humano es reconocida por estar subordinada a la lógica mercantil. Y el ser humano, de sujeto se transforma en objeto. Aun más en un momento de crisis de la economía mundial, en que el capital financiero especulativo, que buscaba sus ganancias en función de la expectativa en el futuro, requiere la reducción de ese tiempo al mínimo posible. Generaciones futuras y reducción del tiempo es una contradicción de los tiempos actuales: al tiempo que se requiere de los jóvenes para la reproducción de la riqueza, el tiempo en que se vuelven “descartables” es cada vez más breve.

5. HECHOS DENUNCIADOS

Los casos denunciados ante este Tribunal se han articulado bajo ocho ejes temáticos reproducidos como sigue en este Dictamen:

I. Negación y exclusión de la juventud en la política, democracia y libertades democráticas

Desde la entrada en vigor del TLCAN, México vive una profunda dependencia política y económica hacia Estados Unidos, su marco legislativo ha sido desmantelado para favorecer intereses extranjeros y transnacionales mediante la instauración de un régimen cívico-militar. Para sostener este régimen y profundizar en el proceso de entrega de los recursos, ha sido determinante la negación de participación política como medio para transformar el rumbo del país, en especial en momentos en que empiezan a darse protestas de cientos de miles de jóvenes, la tergiversación, la criminalización, la provocación y la violencia son empleadas para anular las protestas.

En este eje, se han destacado los casos presentados por las naciones Tenek y Xi-Uyi que, ante la constante persecución y violencia ejercida por grupos criminales y fuerzas federales, han decidido organizarse según sus usos y costumbres creando instancias propias de autogobierno y seguridad. A la fecha no han sido reconocidas por el Estado (mismo que los ha perseguido, por un lado, y fallado en su función como garante de la seguridad, por el otro), negando las juventudes indígenas sus derechos políticos y la posibilidad de garantizar a las generaciones futuras una vida libre de violencia.

También se ha presentado el caso de los jóvenes de San Luis Potosí, a los cuales se niega la posibilidad de participar en el acceso y aplicación de las leyes para la juventud. Los agravios presentados están relacionados al incumplimiento de las atribuciones que la ley asigna que imposibilita el mejoramiento de la calidad de vida de las personas jóvenes en el Estado, ya que no se reconoce ni se responde a las problemáticas prioritarias de la población juvenil.

Las voces de los familiares de los nueve jóvenes muertos por asfixia por un operativo policiaco en el bar News Divine el 20 de junio de 2008, también se hicieron presentes en esta Audiencia. Denunciaron la impunidad en el caso, la criminalización de la juventud y la violación a derechos humanos fundamentales.

El Tribunal ha escuchado también las denuncias de los normalistas de Michoacán respecto a la represión de sus manifestaciones por una mejor educación del 15 de octubre de 2012 por parte del gobierno federal y estatal. Su denuncia también reclama por las razones de manifestarse, el incumplimiento del Estado para satisfacer una educación extensiva y apropiada para todos y cada uno de los integrantes del país. Asimismo, esta y la siguiente demanda dejan ver la criminalización que el gobierno y los medios de comunicación han hecho a las Escuelas Normales Rurales de México.

Para finalizar este bloque, se escuchó sobre la masacre de Ayotzinapa ocurrida en la noche entre el 26 y 27 de octubre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde el ejército mexicano, policías municipales e integrantes de un comando armado no identificado, dispararon en contra de estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”. El resultado fueron 6 muertos, 25 heridos y 43 estudiantes desaparecidos forzosamente, todos de entre 18 y 21 años de edad.

II. Violencia económica y material contra la juventud

El Tribunal ha escuchado seis casos pertenecientes a este eje temático.

El primero se refiere a la trata de niños y niñas y adolescentes con fines de explotación sexual: la ausencia de un sistema fiable de información sobre las la violencia contra la infancia y sus consecuencias, dificulta la posibilidad de lograr respuestas adecuadas de política pública para su prevención y erradicación.

El segundo y tercer caso se refieren a la violencia contra jóvenes migrantes, tanto del “Albergue Hermanos en el Camino” Ixtepec, Oaxaca, como del “Albergue 72”, de Tenosique, Tabasco, donde se ha denunciado la criminalización por parte del Estado, y la violencia que a menudo se traduce en persecuciones y desapariciones ejecutadas por grupos criminales. A pesar de ello se sigue buscando defender los derechos humanos de las y los migrantes centroamericanos que llegan a la frontera sur del país.

Como se dijo en los testimonios del Albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, Oaxaca, y el albergue 72 de Tenosique, Tabasco, la entrega de la juventud como bono demográfico es la reducción de su humanidad a mero elemento económico. Es la entrega de la fuerza de trabajo más amplia y productiva del país para servir a las ganancias de las grandes multinacionales y no para el desarrollo del país. Es la expulsión masiva de jóvenes como fuerza de trabajo ilegal en Estados Unidos y como empleados con trabajos precarios en el campo o en las ciudades.

El siguiente caso presentado, sobre desalojos, negación del derecho a la vivienda y especulación inmobiliaria contra jóvenes en Durango, refleja el modelo de política económica errada en dicho estado, que ha generado que muchas familias pierdan su vivienda, sin posibilidad de garantizar el derecho a la vivienda y la prohibición de los desalojos forzados, dejando a la población joven y sus familias en una condición de grave precariedad.

El caso jóvenes en situación de calle en el Distrito Federal (D.F.), de la asociación civil El Caracol ha denunciado los abusos y la violencia sufridos por esta población, en particular el grupo denominado “Artículo 123” que, a partir del año 2000, han sufrido operativos de limpieza social por el gobierno del Distrito Federal y el proyecto de “recuperación del espacio público” del centro histórico de la ciudad. Los testimonios han referido hechos como detenciones arbitrarias, golpes, tratos crueles, robos y amenazas.

El Tribunal también ha escuchado el terrible caso de la “Guardería ABC”, ubicada en la ciudad de Hermosillo Sonora. En ese lugar, 5 de Junio de 2009 se provocó un incendio que terminó con la vida de 49 niños y niñas, 76 más resultaron heridos. Hasta la fecha no hay ningún responsable bajo proceso, ya que por tráfico de influencias todos las y los funcionarios públicos responsables del caso han sido exonerados del delito.

III. Exclusión, destrucción e imposición cultural, educativa y comunicacional contra la juventud

En el marco de este eje se presentaron 9 casos sobre destrucción e imposición cultural contra la juventud. Los casos que se refieren a la Escuela Autónoma Emiliano Zapata (EAEZ), a los Purhépecha en Cheranatzícurin, Michoacán, a los Tenek y Xi-uiy en San Luis Potosí, a los jóvenes en Chiapas (Radio Proletaria), han denunciado el modus operandi de la destrucción cultural impuesta por políticas educativas y prácticas de despojo territorial, que afectan la lengua, la identidad y las organizaciones de vida de las comunidades indígenas. En el caso de la Radio Proletaria, los testimonios han denunciado la violación al derecho de libertad de expresión y libre asociación política, así como la privación ilegal de la libertad de jóvenes que participan en el medio alternativo del estado de Chiapas.

El Tribunal ha escuchado también el caso Huelga 99-2000 de la UNAM, presentado por estudiantes, profesores y trabajadores de la UNAM organizados en el Consejo General de Huelga, víctima de criminalización de la protesta por parte de los medios de comunicación, el gobierno y las mismas autoridades universitarias, por haber protestado en contra de la llamadas “Reformas del año 1997”, las cuales representan un agravio al derecho constitucional a la educación. Derivó esto en huelgas masivas, como la del mes de febrero del 2000, durante la cual la policía federal preventiva agredió y encarceló jóvenes, padres de familia y menores de edad.

En Tribunal escuchó también los casos presentados por el Movimiento de Alumnos Excluidos de Educación Superior (MAES) y por Miembros de la Federación de Estudiantes de Nayarit (FEN): sobre la exclusión de la juventud a la educación superior y la falta de transparencia en los procesos de admisión, dando cuenta de cómo la juventud pelea por un acceso a la educación y una cultura que se les están negando.

Finalmente, Francisco Garduño, profesor jubilado de educación básica en el D.F. ha denunciado las consecuencias de la modificación de los planes y programas de estudio en educación básica que impiden el conocimiento, la creatividad y el espíritu crítico de la niñez, favoreciendo solamente habilidades técnicas.

IV. Expulsión de las y los jóvenes del campo y destrucción del campo y de la identidad indígena para las generaciones futuras

Las y los políticos mexicanos usan a la juventud como un elemento de competitividad mundial, reduciendo los sueños y modos de vida de la juventud sólo a los elementos mínimos que les permitan sobrevivir para ir a emplearse en las empresas que han sido atraídas a México por la ventaja comparativa de ofrecer una mano de obra altamente calificada a muy bajo precio. Es en ese mismo sentido, la negación de una vida digna en la ciudad y en el campo, es el detrimento de la salud de la juventud y es la imposición de alimentos y formas culturales que se adecuen a lo que el mercado necesita.

El Tribunal ha escuchado siete casos que se refieren a este eje temático, que demuestran la condiciones de vida tan difíciles que sufre la juventud en el campo.

Las estrategias de desarrollo implementada por el Estado mexicano ha obligado a muchos jóvenes a abandonar sus lugares de origen por diferentes razones, que van de la falta de oportunidades asociadas al trabajo a la destrucción de la vida campesina, comunitaria e indígena por la realización de megaproyectos. Es lo que ha sido denunciado ante el Tribunal por jóvenes de Palos Altos, Ixtlahuacán del Río, ambos en el estado de Jalisco; los de la región Grullo, Autlán, Municipio de Limón, estado de Jalisco, cuyas comunidades de pertenencia se ven afectadas por concesiones mineras y deforestación; los de Chicomuselo, Chiapas, que han sufrido intimidaciones, amenazas, persecuciones y hostigamiento de parte de la empresa minera El caracol y del gobierno, además de contaminación ambiental.

Los jóvenes de Nayarit han denunciado despojo, expulsión y violación del principio de consulta previa, ante el proyecto de construcción de las presas “Las cruces”, impulsada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual afectará 30 mil hectáreas de manglar. En este mismo sentido, las y los jóvenes de la Comunidad indígena San Francisco Xochicuautla, Lerma, estado de México, han referido sobre la construcción del proyecto carretero privado “Toluca-Naucalpan”, que provocará la devastación de sus bosques ancestrales, como el bosque Otomí Mexica.

Proyectos turísticos, mineros, carreteros y de mega-infraestructura amenazan la existencia de los pueblos del superponiente de Morelos y cualquier perspectiva futura a sus jóvenes. Sufren las mismas amenazas las comunidades de San Francisco Ixhuatán, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, cuyas problemáticas relativas al otorgamiento de concesiones por parte del gobierno mexicano para empresas trasnacionales de diferentes sectores ha sido denunciada por parte de jóvenes del Colectivo Utopía.

Todos las y los jóvenes han dado cuenta de la resistencia contra la expulsión de sus territorios nativos ejecutada por el Estado mexicano.

V. Urbanización y libre comercio contra la juventud y las generaciones futuras

En este bloque, el Tribunal ha escuchado cuatro casos sobre la degradación de la vida de las y los jóvenes en la ciudad y la imposibilidad de conducir una vida digna para los que viven en áreas particularmente afectadas por la urbanización, la industrialización y la degradación ambiental. Jóvenes de la ciudad de Mexicali sufren la grave contaminación atmosférica debida a las emisiones producidas por los corredores maquiladores y por la falta de áreas verdes debida a la urbanización salvaje.

En Durango la población joven es limitada y amenazada por la privatización de espacios públicos urbanos, es así como lo han denunciado los estudiantes de “José Revuelta”, proyecto educativo alternativo de la organización COCOPO. Estos espacios públicos son utilizados para realizar centros comerciales y otros lugares de acceso principalmente para la gente de altos recursos.

El cambio del panorama de la vida de las ciudades ha reducido también la circulación de las personas, así como se evidencia en el caso de la zona metropolitana de San Luis Potosí, cuyas infraestructuras viales no contemplan pistas ciclables, dejando a los ciclistas en peligro de vida. De hecho muchos ciclistas urbanos mueren recorriendo estas carreteras. Estos hechos dan cuenta a su vez de la omisión y negligencia reiterada por parte de las autoridades en los casos de accidentes viales resultado de la falta de legislación y regulación en torno a la movilidad urbana.

Finalmente, las juventudes de la Ciudad de México han presentado su caso de resistencia a distintos proyectos inmobiliarios, carreteros y de megainfrestructuras.

VI. Crisis de la salud de la juventud mexicana y destrucción del ambiente para las generaciones futuras

El Tribunal ha escuchado ocho casos sobre la vulneración de la salud de la juventud mexicana, empezando por el caso del doctor Abraham Mendoza, integrante de la Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (FIOAC-MLN) quien ha presentado una denuncia sobre la violación sistemática al derecho a la salud de la niñez en México.

Las y los jóvenes de la Coordinadora en Defensa del Rio Atoyac han denunciado los impactos sobre la salud de las y los laboradores agrícolas por el utilizo excesivo y desregulado de pesticidas. A lado de esto, jóvenes de los municipios de Santa Ana, Tlaxcala, Tepetitla de Lardizábal y Natividad, estado de Tlaxcala, han denunciado la contaminación del espacio comunitario que se suman a las condiciones inhumanas de trabajo, afectado la posibilidad de conducir una vida digna.

El Tribunal ha escuchado también los efectos sobre la salud de la promoción de la alimentación industrializada, como el el caso de la marginación de la lactancia materna en México en la distintas áreas de la salud pública y privada del país, y el caso de las y los jóvenes que viven en la ciudad, que consuman alimentos procesados y mantienen un estilo de vida que los expone a enfermedades como diabetes juvenil y obesidad. También se han denunciado que el uso de envases y contenedores de alimentos tienen impactos sobre la salud por contener substancias químicas que interfieren el desarrollo hormonal de la niñez y juventud.

Otro caso de afectación grave de la salud se refiere a la violencia obstétrica en contra de mujeres, especialmente jóvenes. Un grupo de parteras han denunciado este tipo de violencia de nivel estatal en Jalisco, evidenciando la negación del derecho a un parto humanizado.

Finalmente, el Tribunal ha escuchado el caso de afectación de cáncer ocasionado por antenas de celular de la empresa MATC Digital S. De R.L. Rafael Delgado instaladas en 2008 en Veracruz y Puebla.

VII. Eje Feminicidio y violencias de género

En el marco de este eje el Tribunal ha escuchado muchos casos de feminicidio y violencia de género en contra de jóvenes mujeres, que se suman a los que ya han sido documentados a lo largo de las preaudiencias y Audiencia final dedicada a este tema. Los casos aquí resumidos son una evidencia de la violencia generalizada y sistemática que sufren las mujeres a lo largo del país. La expresión más aguda de esta negación estructural de la plenitud humana de la juventud se encuentra en el feminicidio, las desapariciones y homicidios homicidios por alguna fobia derivada del género y la sexualidad humana.

Sólo en el estado de Veracruz, el colectivo Xalapa por la paz denuncia centenares de mujeres desaparecidas, luego encontradas con el cuerpo mutilado y sin vida. Los casos presentados en la Audiencia son testimonios diversos de la desaparición y secuestro con fines de explotación sexual y el posterior feminicidio de las mujeres.

Del estado de Michoacán el Tribunal ha escuchado el caso de Mallinali Saucedo Valdez, cuya desaparición y asesinato en 2014 no ha sido aclarada a través de investigaciones adecuadas sobre los asesinos que siguen en libertad. El Tribunal ha escuchado también el caso de Pamela Leticia Portillo Hernández, quien desapareció en 2010 en la ciudad de Chihuahua junto con un militar. Como en el caso de Mallinali, la Fiscalía competente no ha realizado las investigaciones adecuadas para localizarla.

El caso de Yakiri Rubio ocurrido en el Distrito Federal es un ejemplo contundente de re-victimización de las propias víctimas: la joven sufrió secuestro, violencia sexual, tortura e intento de feminicidio pero fue acusada y encarcelada por haber matado a su agresor en el ejercicio de su legítima defensa.

El Tribunal ha escuchado también casos de crímenes de odio que se han manifestado en contra de Jazz Bustamante, mujer transexual de Veracruz, defensora de los Derechos Humanos de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual, Intersexual (LGBTTTI), quien sufre discriminación por parte de las instituciones, y en contra del Maestro Filo de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata en la comunidad indígena de Santa Clara Huitziltepec, quien ha sido agredido física y verbalmente por pobladores de su comunidad por su preferencia sexual. Tal como lo expusieron los dos testigos, la juventud debe gozar en libertad de todas las expresiones para el ejercicio del amor, la familia, la sexualidad, el matrimonio y la felicidad.

VIII. Juvenicidio y guerra contra la juventud

En el marco de este eje temático han sido presentado a través de documentos visuales y testimonios orales diferentes modalidades de ataques directos e indirectos en contra de la juventud, como en los casos del exilio forzado para las y los jóvenes amenazados por la violencia; de los jóvenes civiles asesinados como resultado de la militarización del País (“Caso Caleta”); de Víctor Castro Santillán, estudiante de la UNAM, asesinato por encargo de otro estudiante, en el contexto de la delincuencia organizada al servicio de personas vinculadas a la política; de jóvenes civiles desaparecidos a causa de la criminalización de la drogadicción, en donde los grupos delincuentes juegan un papel fundamental en los secuestros, que a menudo se verifican en los centros de rehabilitación no oportunamente regulados por el Estado mexicano.

El Tribunal ha escuchado también los casos de jóvenes desaparecidos por la delincuencia en donde es nulo el acceso a la justicia por el temor que las autoridades tienen hacia los grupos de delincuencia organizada. Los procesos de investigación se llevan adelante a través de la simulación en la búsqueda y en la entrega de resultados falsos. Son numerosos los casos de cuerpos al servicio de la delincuencia, como lo demostrado con la desaparición de Melchor Flores y Gustavo Puentes en el mes de febrero de 2009. A pesar de que los familiares han logrado ubicar a los responsables directos de la desaparición y de haber cumplido todas las denuncias a nivel municipal, estatal y federal no se les ha dado respuesta.

Dos testigos han presentado los casos de jóvenes integrantes de los cuerpos de seguridad del estado desaparecidos y asesinados por la colusión y omisión de sus mismas instituciones de pertenencia. Estos jóvenes son presentados por el gobierno federal como héroes muertos en el cumplimiento de su deber y resultados positivos de la lucha contra el narcotráfico.

Finalmente el Tribunal ha escuchado el caso de la muerte de Juan Francisco Sicilia Ortega ocurrido el 28 de marzo de 2011, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en un vehículo con seis cadáveres en Temixco, Morelos.

Las madres y padres de los jóvenes hoy ausentes que conforman el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad han denunciado que estos crímenes contra la juventud se han cometido desde hace varios años. Su caminar en búsqueda de la justicia les ha llevado a encontrarse con el horror que vive el país desde hace muchos años.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES

Tras escuchar en estos dos días los testimonios de 74 historias y casos graves de violaciones de derechos humanos que afectan a la juventud y las nuevas generaciones, el Tribunal quiere manifestar lo siguiente:

I. El nivel de horror e impacto escuchado en esta Audiencia produce una conmoción, que no nos deja pegados al horror sino que nos pone más cerca de las víctimas. El TPP quiere ofrecer el reconocimiento hacia las víctimas y sobrevivientes, y a quienes han planteado el análisis de las situaciones vividas por los jóvenes en el hoy y que comprometen de forma grave su futuro y el de la sociedad.

II. El enfoque en la juventud y las nuevas generaciones hace ver que la sociedad mexicana no puede verse solo desde el hoy. Mientras los Estados y agencias internacionales compran y venden los recursos del futuro en la bolsa poniendo precios e hipotecas para las próximas décadas al maíz o el arroz, también el futuro se vende cuando se toman decisiones limitando o mercantilizando los derechos a la salud o la educación, se privatizan los servicios, se hacen más precarias las condiciones de vida y de trabajo. Las condiciones de exclusión y precariedad afectan especialmente a las posibilidades de futuro en un presente que ahoga sus vidas y esperanzas. También aumentan las condiciones estresantes de vida en los procesos de socialización, la educación o la cultura. Una educación que se mercantiliza se centra en las habilidades adecuadas al sistema, dejando la perspectiva humana individual y colectiva fuera del curriculum y por tanto de la formación de valores y prácticas sociales de cooperación.

III. Estas condiciones de exclusión han llevado a un fenómeno de migración colectiva que afecta especialmente a los jóvenes que son los que tienen más posibilidades de inserción en los mercados laborales del norte y a la vez expropia a México de una humanidad convertida en capital de inversión para las economías desarrolladas. Mientras las juventudes son agredidas y convertidas en mercancía, en la cual se desprecian sus derechos, pasan a manos de redes de un tráfico de personas a gran escala que no puede darse sin la colaboración de agentes del Estado y autoridades de diferentes territorios. Numerosos testimonios escuchados por este TPP muestran la colaboración, la permisividad o la acción directa de muchos agentes e instancias estatales en dicho fenómeno.

IV. La práctica de la violencia contra la población civil en México supone un enorme desafío para poder entender su dinámica, a la vez que se reduce a una lógica tan conocida en diferentes países que han vivido conflictos armados o guerras. La lógica de control de la población y del territorio. Las historias y casos escuchados por este Tribunal muestran lógicas distintas de control del territorio que ha convertido México en un gran terreno de frontera con Estados Unidos, que es a la vez la frontera Norte/Sur. En esa gran frontera que empieza en Chiapas y termina en Baja California, el territorio se ha convertido en corredores controlados o Estados fallidos en los que la implicación del Estado es evidente. El nivel de horror y sofisticación de la violencia vivida en México no puede darse sin una colaboración de distintas instancias o niveles del Estado. El Estado tiene que mirarse en el espejo de esa violencia para poder transformarse, si no se quiere seguir el camino de la degradación y la masividad del desprecio por la vida, del que la población joven es una parte fundamental. Mientras a los lados de la frontera, el desarrollo de la industria de quita y pon supuso una estrategia para maximizar el beneficio precarizando a mansalva las condiciones de vida de las trabajadoras, las mercancías y la gente se fueron convirtiendo en parte de lo mismo. Por otra parte, la frontera también hace que los indicadores se conviertan en invisibles si no se miran en la relación del control del territorio: a una línea de distancia, durante años Ciudad Juárez haya sido la ciudad más violenta del planeta, mientras El Paso era la ciudad más segura de Estados Unidos. Y esos niveles de violencia afectaban especialmente a la población joven y a las mujeres que han vivido la tragedia de dar a conocer la práctica del feminicidio y la emblemática historia de lucha por la vida, al visibilizar esos hechos por parte las víctimas de Chihuahua y Juárez, las organizaciones de mujeres y grupos de derechos humanos.

V. Los Estados y gobiernos se basan en una política y economía de control del tiempo. El tiempo de las comunidades e individuos es considerado como parte de la mercancía. Así, el control del tiempo del hoy se convierte en una dictadura en la toma de decisiones sobre la política y la economía que expropia la capacidad de decisión a la gente, y especialmente a la población joven y sus sueños. Lo que este Tribunal ha escuchado en esta Audiencia muestra que se necesita un análisis de los impactos en las nuevas generaciones cuando se discuten las políticas del Estado. Frente a esto, lo que hemos encontrado, de forma generalizada en los testimonios y casos presentados, es la ausencia de mecanismos de consulta y participación. Las decisiones políticas que comprometen el futuro son tomadas por autoridades elegidas pero muchas veces corruptas, o que obedecen a criterios e intereses de su propio beneficio o son parte de las políticas de empresas transnacionales que buscan maximizar sus beneficios a costa de las nuevas generaciones.

VI. En la última década México ha vivido una aceleración del impacto de la violencia, concentrada especialmente en la población joven y que hipoteca el futuro de la sociedad. Mientras los gobiernos se terminan cada seis años, los impactos de la violencia son acumulativos en el tiempo. Las decenas de miles de personas desaparecidas no son hechos del pasado, son violaciones que siguen cometiéndose en el presente, en una concepción del derecho de los derechos humanos que se centra no solo en la responsabilidad de los perpetradores o la necesaria investigación y justicia por parte del Estado que no se cancela con el tiempo, sino también un reconocimiento del maltrato psicológico y tortura que la desaparición supone para sus familiares. En México muchos de esos dolores son aún muy frescos y se han convertido ya en parte del paisaje crónico de las víctimas que han venido a hablar de su dolor permanente, del plato que espera aún al desaparecido, del dolor que no puede dejar de serlo, y a la vez de la rabia de los familiares que no pueden con la sinrazón y la crueldad de los perpetradores y de la ausencia de respuesta del Estado. De forma sistemática hemos escuchado de las víctimas historias de desprecio que tienen un hilo común en la respuesta de numerosos funcionarios y agentes del Estado, que muchas veces minimizan el problema, aconsejan a los familiares no seguir adelante o dejar las cosas como están, cuando no se escudan en las gestiones giratorias que dan vueltas a las cosas sin ningún avance.O en algunos casos lanzan mensajes que son parte de la amenaza. Mientras, crece la indignación y la desconfianza. Un Estado en el que la desconfianza es un abismo entre la población y el mismo Estado, pierde su legitimidad y socava su compromiso fundacional de responder a las necesidades de la gente y ser garante de sus derechos.

VII. La discusión de la violencia en México se centra en los últimos años en las pequeñas variaciones estadísticas del sufrimiento, en una epidemiología del dolor que habla de 50.000 víctimas o 20.000 desparecidos como si de números se tratara, y que deja fuera de la historias las identidades de las víctimas, la profundidad del sufrimiento y las implicaciones en una gran parte de la sociedad. Mientras en épocas pasadas ACNUR registró de forma oficial 50.000 refugiados guatemaltecos en el sur del país, las estadísticas hablan de más de un millón de desplazados internos en México que nunca han sido registrados. La dimensión de la fractura de la violencia es frecuentemente definida como una crisis humanitaria, como para dar una dimensión de su profundidad, pero incluye una crisis global de la situación de derechos humanos, puesto que no se trata de desastres naturales sino de fenómenos intencionales de violencia. Frente a ello México ha vivido estas atrocidades como un problema de otros, diferido a ciertas regiones marginadas históricamente o de la responsabilidad de ciertas élites regionales fuera de control. Aunque las historias contadas por las víctimas muestran lo que la gente sí sabe, el Estado no puede decir que no tiene conocimiento de lo que pasa. En los últimos años, la población mexicana se ha despertado con nuevos grupos ilegales que controlan Estados enteros, nuevas autoridades coludidas con dichos grupos o parte de ellas que son detenidas, y una vuelta más a la tuerca del volver a empezar con la militarización y las políticas de control de un territorio que termina siempre estando en manos de otros.

VIII. Mientras todo esto ha ido pasando en México, la violencia y violaciones de derechos humanos no se han llamado por su nombre. La descripción se convierte en coloquial y minimiza el problema. El secuestro se llama levantón. La desaparición se convierte en extravío. El asesinato es parte de la crónica roja y de una criminalidad que siempre aparece en manos de redes desconocidas y capos que campan en sus dominios con toda una parafernalia del horror. El Estado tiene que llamar a las cosas por su nombre, no minimizar la gravedad de los hechos y poner en marcha mecanismos eficaces de investigación y reconocimiento de la problemática que vive el país. Sin un lenguaje que les reconozca, la experiencia de las víctimas queda en la cuneta de la historia, y deja de ser parte de una conciencia colectiva que movilice hacia la acción. Los casos que hemos escuchado en este Tribunal son una llamada a la conciencia de la humanidad, pero solo en algunos casos han generado una movilización social en sectores sociales que muchas veces han visto esos problemas como cosas de otros.

IX. El Tribunal es testigo y condena cómo el miedo se ha convertido en parte de una estrategia de control de la población. La lógica de control de territorio para el tráfico o la explotación de recursos naturales conlleva también un control de la población. El miedo es el instrumento fundamental de dicha estrategia, y se ha difundido en amplias capas de la población. Lo vivido en otros países de América Latina, el “algo habrán hecho”, el “no te metas” o el silencio, se han ido extendiendo en muy diferentes lugares del país como parte de los mecanismos que condicionan el comportamiento.

X. El Tribunal hace un llamado a la sociedad para hacer frente a esta situación, que es de emergencia, y a la vez tiene impactos crónicos graves. Las secuelas de la violencia se extienden directamente a amplias capas de la sociedad, especialmente de diferentes sectores de la población joven que son las víctimas directas. Pero son además sus familiares los que sufren los impactos del trauma y duelo, de la incertidumbre sobre su destino o de la ausencia de una política de atención y reparación. Nada de eso se ha puesto en marcha aún en el país, más allá de algunas iniciativas legales o ciertas medidas parciales. Por otra parte, las políticas institucionales de destrucción del futuro no podrían traducirse en prácticas sistemáticas y en una impunidad social, política o jurídica, sin la connivencia implícita o explícita de gremios profesionales que tienen la responsabilidad de analizar y trabajar con los datos y experiencias como los que se han presentado en esta Audiencia, de forma que se puedan visibilizar los mecanismos y las causas que están tras los procesos de largo plazo que los sustentan así como las violaciones que se han presentado. Las áreas de medio ambiente, salud y epidemiología, las transversalidades que determinan las variables entre el derecho, la economía y los derechos humanos individuales y colectivos, no incluyen las vidas e historias de las personas como variables de referencia, sino como factores de corrección o confusión en los cálculos de profesionales vistos en muchos casos como ausentes o partes contrarias a los grupos o pueblos más en riesgo. Este Tribunal hace un llamado a dichos sectores sociales a condolerse con esta problemática y hacerla suya, a escuchar a las víctimas y comprometerse con un derecho, una medicina, una psicología, una investigación que se tome en serio la formación de profesionales con una perspectiva ética y habilidades para el trabajo en contextos de violencia y la atención a víctimas y sobrevivientes.

XI. La historia de la última década ha supuesto un proceso progresivo de saturación del horror. Las masacres y los hechos de violencia masivos aunque silenciados como casos aislados, cancelan lo vivido con un nuevo horror siempre de actualidad, mientras las fosas comunes, las explicaciones sobre lo ocurrido o los nombres de las víctimas se van quedando en el olvido. Se necesita una Comisión de la Verdad en México que se convierta en un mecanismo para hacer frente a esta suma de casos y verdades que van quedándose en los archivos de la Procuraduría o los relatos de los medios de comunicación. Una verdad que abra el espacio para las víctimas, a la vez de que ponga el foco en los mecanismos que están haciendo posible el horror a gran escala en México, y suponga un mecanismo fundacional de la política en el país. La necesaria reforma del sistema político en México no pasa por un ciclo siempre creciente de relevo de autoridades o cargos, sino de transformaciones profundas que aborden las dinámicas de la desigualdad, el papel del Estado y su control de las redes de criminalidad enclavadas tantas veces en o entre las autoridades.

XII. El terror tiene un carácter icónico, similar a lo vivido en las guerras contrainsurgentes en Centroamérica. Las masacres y la tortura tienen una dimensión pública. Los relatos sobre el ocultamiento de los desaparecidos han hecho en México que la niebla del silencio que se teje sobre los desaparecidos se convierta en los relatos de los perpetradores que cierran cualquier horizonte de búsqueda. Mientras el Estado no tome el esclarecimiento de la verdad como una obligación jurídica y moral que dé respuesta a los familiares desde la honestidad y el compromiso de las investigaciones, las versiones siguen acumulándose sobre casos y nuevos casos, generando más descrédito cuanto más se trata de decirles a los familiares: la búsqueda no es posible.

XIII. La búsqueda de la justicia es un anhelo universal y la demanda central de las víctimas y sobrevivientes en México, y de la sociedad. La inmensa mayoría de los casos escuchados en esta Audiencia no han tenido resultados de una investigación efectiva, y se encuentran en la impunidad. Las autoridades mexicanas tienen un triste récord de ausencia o mala investigación que empieza muchas veces desde la escena de los hechos, y sigue en un camino muy parecido que los familiares nos han descrito. Para este Tribunal la impunidad no es solo una ausencia de castigo sino un mecanismo que trata de evitar reconocer y asumir las responsabilidades, en el caso de México que trata de diluirlas entre las instancias municipal, estatal o federal, y donde los mecanismos de rendición de cuentas como comisiones de derechos humanos oficiales resultan inefectivos. La impunidad está tejida también de caminos que van hacia ninguna parte como hemos escuchado en los casos presentados, a la vez que un mecanismo educativo que impone un sentido de impotencia a la sociedad. Las víctimas y sobrevivientes de los diferentes casos presentados en esta Audiencia, y más allá en todo el proceso de este TPP, así como sus organizaciones de referencia, son la energía fundamental de esta lucha contra la impunidad y necesitan apoyo y reconocimiento. Este dictamen quiere ser una forma de respaldar sus demandas, desde esta conciencia que representa el sentir de los pueblos.

XIV. Las diferentes acusaciones presentadas han pedido que el TPP se manifieste sobre conceptos que tratan de acercarse y definir el tamaño del impacto sufrido o la intencionalidad de las estrategias que lo promueven. Los conceptos sobre el ataque a la juventud que globalmente muestran los casos y los datos aportados en los dictámenes preliminares, tales como juvenicidio u futuricidio, son a juicio de este Tribunal una manera de llamar la atención sobre la dimensión del horror que se concentra en las y los jóvenes y globalmente en el futuro, más que categorías que den otro estatus a dichas violaciones sufridas que tienen entidad por sí misma. Su carácter generalizado, y no ocasional en muy diferentes sectores sociales, comunitarios o étnicos, ha quedado demostrado en esta Audiencia.

7. JUICIO Y RECOMENDACIONES

Coherentemente con los objetivos declarados y asignados a esta Audiencia transtemática y a la interpretación que asumimos para el pueblo-juventud como un indicador sobresaliente de una sociedad más que como un sector separable de la misma, el jurado no encuentra razones específicas para formular un nuevo listado de personas, instituciones y actores responsables de los crímenes de los cuales hemos escuchado testimonios, dado que han sido ya mencionados en cada uno de los ejes temáticos, así como se trata de las mismas leyes, normas y calificaciones jurídicas.

Los hechos documentados en esta Audiencia tienen ciertamente una gravedad concreta y simbólica particulares, dado que afectan más explícitamente a un sector social a la vez que a un imaginario y realidad del futuro del pueblo de México. La especificidad de un juicio del TPP sobre la destrucción de la juventud y las generaciones futuras supone un reconocimiento y confianza en la generación joven que ha presentado con tanta riqueza el dolor, la resistencia y lucidez desde su ser, con sus compromisos y su actuar conjuntamente con todas y todos los protagonistas de las audiencias temáticas.

Este Tribunal quiere manifestar que todos los crímenes presentados en esta Audiencia reflejan la situación de crisis, no sólo contra las víctimas individuales y colectivas, sino que son un reflejo claro de la violencia sistemática y premeditada del Estado contra todos los pueblos de México. Es por ello que este dictamen sirve de denuncia al tiempo que se pronuncia para que las víctimas, sus familiares y todas las personas preocupadas por mejorar su México generen alternativas de resistencia entre los pueblos, a la vez que identifiquen la voluntad popular del modelo de país que anhelan ser y construir.

Este es un juicio vivo y visible que no se cansa de buscar, de afirmar y de promover la justicia contra la impunidad de los violadores del futuro. Con el juicio pronunciado en esta Audiencia, en nombre y a la vez como hilo conductor de todas y todos los protagonistas de las audiencias temáticas, se termina un camino. Como señalan los mayas, los caminos son de ida y vuelta. El significado y sus contenidos están representados en las palabras de clausura de la Audiencia que en Ciudad Juárez que lo había trazado:

El TPP subraya la significación de los testimonios expuestos en cada jornada. Cada uno implicó ponerle cuerpo y humanidad, rostro individual y colectivo a quienes exigen y quieren vivir con y en dignidad, frente a tantas acciones y omisiones de crímenes de lesa sociedad, de lesa humanidad dado que ofenden a un sentido de humanidad compartida, no se trata de acciones aisladas sin motivo, sino hechos intencionales y una política de Estado. El testimonio tiene un poder multiplicador, de una identidad personal y colectiva: yo, nosotros, nosotras, somos, y exigimos justicia. Somos esa memoria del dolor que reivindica la dignidad de las personas y somos la memoria de las solidaridades que en ella trenzan su camino. Una memoria que, como en el caso de esta última Audiencia, habla de la memoria del futuro.

Finalmente, el Tribunal Permanente de los Pueblos quiere hacer un llamado a que la juventud y la sociedad civil mexicana asuman las necesaria refundación del país. Esa tarea es parte del compromiso de la juventud en tanto pueblo presente que ha logrado rescatar la memoria histórica de las generaciones anteriores y que busca ser consecuente con las generaciones que están por venir.