D. 50 años de historia de violencia contra la juventud

D.I. Preámbulo

Al acudir al Tribunal no lo hacemos tan sólo pensando en quienes hoy somos jóvenes. Cuando hablamos de juventud nos estamos refiriendo a esa parte de los pueblos de México dominados, explotados y oprimidos que de distintas formas han impugnado la violencia de Estado a lo largo de los últimos 50 o 60 años. No sólo somos los jóvenes nacidos en el neoliberalismo, ni tras el TLCAN, pues si nos sujetáramos a las cifras del Estado mexicano tendríamos que estar hablando tan sólo de quienes nacieron entre 1985 y 2002, pero también, somos los jóvenes masacrados en Madera Chihuahua, los masacrados en Tlatelolco en 1968, los jóvenes asesinados el 10 de junio de 1971 y durante toda la “Guerra Sucia” (misma que se extiende hasta ahora), los caídos con Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, los jóvenes muertos para imponer un presidente en 1988, los jóvenes indígenas asesinados en el alzamiento en Chiapas de 1994, los asesinados en las masacres de Salinas y Zedillo, los asesinados en Tlatlaya, Estado de México y los muertos y desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Somos las y los desaparecidos y asesinados en este país. También somos parte importante de lo que algunos llaman la reserva moral del país. Porque somos los y las jóvenes a los que se les ha negado disputar la conducción del país por cualquier medio, somos producto de los fraudes y las imposiciones, pero también de la rebeldía impugnadora. Somos los hijos e hijas del alzamiento indígena del 94. Somos los y las jóvenes que gritamos #YoSoy132 para intentar cerrarle el paso a lo que ya se anunciaba como una nueva dictadura cívico-militar.

La respuesta constante del Estado y de los intereses norteamericanos en México para enfrentar la crisis histórica que empezó a gestarse en los últimos cincuenta años ha sido la destrucción de la población, en especial de la población joven. No se trata de hechos aislados, que tengan que ver con políticas de gobiernos de segundo nivel o por el exceso de la fuerza pública o por el uso del ejército en contadas ocasiones, por el contrario, la política de exterminio a la juventud es histórica y recurrente en todos los casos de “la vida pública” del país. A continuación haremos un recuento de masacres a la población desde las primeras incursiones del ejército en poblaciones rurales contra los campesinos; en las ciudades el uso del ejército contra la población, como fue el caso del movimiento estudiantil de 1968; la policía política integrada por militares de la década de los 70’s; el uso de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), como fue el uso del ejército vestido con uniformes de policías y en labores de policía, un ejemplo de esto fue la entrada de la PFP a Ciudad Universitaria para detener a los jóvenes de la huelga de la UNAM en 1999.

Podemos denunciar que en estos años el pueblo mexicano ha vivido bajo los intereses de un grupo reducido oligárquico del país, facilitador de los intereses norteamericanos y de las grandes corporaciones instaladas en el territorio, que no sólo determinan la vida política y social del país, sino también garantizan la sobreexplotación y el saqueo de los bienes nacionales. La historia de estos años recientes ha sido la de cómo las pugnas de la oligarquía del país —que se debatían entre la posibilidad de Estado capitalista de bienestar contra uno plenamente subordinado a los dictados de EE. UU.— fueron resolviéndose a partir de sacrificar por la vía del genocidio a las clases trabajadoras e indígenas del país, con énfasis en su sector joven. Así, la burguesía imperial1 impuso la continuación de la historia del “México independiente” como la historia de dependencia a las grandes potencias.2

En este panorama histórico de violencia hacia la juventud el Estado mexicano es el principal responsable y ejecutor. El escenario general en el que debe ubicarse esta actitud anómala del Estado mexicano es un escenario de desviación de poder, merced al cual los gobiernos han convertido intereses particulares específicos en contenido del interés general, imponiéndolos como objetivos de su gestión, bloqueando de esta manera la participación política de amplios sectores de la población y sirviéndose para ello del derecho y del uso de la fuerza pública.

La magnitud y diversidad de los hechos de violencia en México ha alcanzado cifras muy altas y además, una indeterminación de qué tipo de violencia es la que se presenta en cada caso concreto. El reconocimiento público y oficial de la magnitud de la violencia se registra en los medios de comunicación y también es considerado en las diversas iniciativas institucionales, sin embargo, sólo ofrece soluciones de interés particular para las víctimas reconocidas de la violencia.

En esas condiciones hemos trabajado con una orientación que busca identificar de manera precisa la violencia de inspiración y carácter político, por esta razón nos hemos ocupado de documentar con el mayor rigor posible los fenómenos que inequívocamente son atribuibles a la violencia de Estado.3

D.II. Los crímenes de Estado

Los principales tipos de violencia y sectores afectados por la violencia de Estado son los siguientes:

D.II.I. Masacres

El término masacre será utilizado para referirse a un tipo de asesinato, de varias personas, caracterizado por la indefensión de las víctimas. Aunque el término es impreciso en sus alcances, se aplicará también a situaciones en las que existe una gran desigualdad de poder entre víctimas y victimarios y los asesinatos se presentan como crueles, alevosos e innecesarios.

El gobierno mexicano, a lo largo de la historia, ha utilizado este tipo de violencia para exterminar o aniquilar a todos aquellos grupos que representan una amenaza para el régimen. Es la forma más cruel de acabar con sus opositores o con aquellos que intenten cambiar la realidad nacional.

En México tenemos varios ejemplos de masacres: La masacre en Acteal, Chiapas el 22 de diciembre de 1997; la masacre en Aguas Blancas, Guerrero el 28 de julio de 1995; la masacre en el Bosque, Chiapas el 10 junio de 1998; la masacre en el Charco, Guerrero el 7 de junio de 1998; la masacre de la Unión Cívica Leonesa en León, Guanajuato el 2 de enero de 1946; la masacre de los campesino Copreros en Acapulco, Guerrero el 20 de agosto de 1967; la masacre a la Familia Jaramillo el 23 de mayo de 1962 en Tlaquiltenango, Morelos; las masacres estudiantiles del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971 y la de Tlatlaya y Ayotzinapa en 2014, entre muchas más masacres que ha cometido el Estado mexicano.

D.II.II. Ejecuciones extrajudiciales

Las ejecuciones extrajudiciales han sido practicadas por elementos de las fuerzas de seguridad pública como mecanismos de intimidación hacia los integrantes de los grupos a los que pertenecía la víctima. En su mayoría las ejecuciones cometidas por las fuerzas de seguridad, fueron antecedidas de interrogatorios en los cuales se ejercía la tortura. Varios sectores de la sociedad fueron víctimas de esta forma de violencia entre ellos campesinos, comunistas, estudiantes, obreros, militantes de partidos opuestos al régimen entre muchos ciudadanos más.

La tortura que es “todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal como medio incriminatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. También la entenderemos como la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.”4

De conformidad con la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura (Artículo 21) serán responsables del delito de Tortura:

Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, introduzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan. Las personas que a instigación de los funcionarios públicos o empleados públicos —a que se refiere el inciso a) de este artículo— ordenen, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.

En el caso de apremios ilegítimos, el primer objetivo es el sometimiento y el quebrantamiento de la autoestima y la resistencia moral del detenido, con el fin de que el torturado acceda más fácilmente a los deseos del torturador o verdugo, sean estos cuales sean. El objetivo puede ser variado: obtener una confesión o información de la víctima o de una tercera persona, como venganza por un hecho cometido por la víctima o por una tercera persona o como preludio de una ejecución.

D.II.III. La desaparición forzada

La desaparición forzada, en cuanto a práctica represiva, es una manifestación particularmente atemorizante del Terrorismo de Estado, ya que pone al descubierto la sordidez de quienes la ejecutan. Los organismos represivos cuentan con la desaparición como un instrumento para ejercer un terror paralizante que retarde la reacción de los afectados indirectos y así poder seguir actuando.5

Una desaparición forzada ocurre cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre o con su autorización, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

Frecuentemente las personas desaparecidas no son liberadas y su muerte nunca llega a esclarecerse. En muchos casos jamás se llega a saber qué les sucedió. Sin embargo, esas personas no se desvanecen sin más, alguien, en algún lugar, sabe qué fue de ellas. Alguien es responsable. La desaparición forzada es un delito según el derecho internacional, pero a menudo los responsables eluden la acción de la justicia.

Cada desaparición forzada viola una serie de derechos humanos, entre ellos:

  • el derecho a la seguridad y la dignidad de la persona,

  • el derecho a no sufrir tortura, trato o pena cruel, inhumano o degradante,

  • el derecho a unas condiciones humanas de reclusión,

  • el derecho a una personalidad jurídica,

  • el derecho a un juicio justo,

  • el derecho a la vida familiar,

  • cuando la persona desaparecida es asesinada, el derecho a la vida.

La desaparición forzada, crimen de lesa humanidad, es tan aberrante que extiende una tortura continuada no sólo al directamente agraviado, sino a su familia y a su entorno. Los desaparecidos son a menudo torturados y viven en un constante temor por su vida, apartados de la protección de la ley, privados de todos sus derechos y a merced de sus captores. Es una violación constante que con frecuencia persiste durante muchos años después del secuestro inicial.

Si la persona no muere y finalmente es puesta en libertad, puede seguir sufriendo el resto de su vida las secuelas físicas y psicológicas de esta forma de deshumanización y de brutalidad y tortura que a menudo la acompañan.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha enfatizado reiteradamente que los Estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), tienen la obligación de investigar y esclarecer los paraderos de las víctimas de desaparición forzada. Además, la negativa de esclarecer la suerte de las víctimas de la desaparición es la causa principal de que estos delitos de lesa humanidad se continúen cometiendo. En el periodo investigado se pudo constatar que las comunidades más afectadas por este agravio se encuentran en el estado de Guerrero.

D.II.IV. Persecución política

Son tres las formas que el Estado mexicano ha utilizado para perseguir a los grupos nacionales opositores: a) Penalizar los derechos civiles y políticos; b) La invención de delitos utilizando la legalidad como mascarada y c) La de combatirlos ilegalmente incurriendo en crímenes de Estado.

Así pues, el Estado mexicano ha adoptado leyes con un articulado que, en lugar de objetivar el presunto delito a perseguir, abre la interpretación subjetiva de los hechos que a juicio de la autoridad encuadran en el delito que se persigue. Es el caso del ‘delito de disolución social’ que ha servido para encarcelar a opositores al régimen cuando han recurrido a su legítimo derecho de huelga, de asociación independiente y de protesta pública pacífica.

Para darle un tinte de delito común a la reclusión carcelaria de gente cuya rebeldía se expresa dentro de los cauces legales, se les imponen delitos culpándolos de las agresiones que la propia autoridad realiza en su agravio, criminalizándolos cuando de inicio fueron las víctimas. De esta forma, los presos de conciencia son expuestos a la opinión pública como delincuentes comunes.

Una tercera manera de combatir la oposición, particularmente cuando ésta recurre a la violencia, es la de actuar criminalmente y en plena violación a los derechos humanos, en la forma en cómo son perseguidos, les conculca sus derechos procesales y como detenidos. Estas violaciones se hacen extensivas a familiares, amigos y gente totalmente ajena a ellos pero que, circunstancialmente, tienen algún tipo de contacto o cercanía con ellos.

D.II.V. Los feminicidios

Este agravio está enfocado en la violencia de género, en términos generales lo referimos al asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo. Los feminicidios son consecuencia de una sociedad donde prevalece la misoginia: el desprecio y el odio hacia las mujeres. Expresan situaciones extremas de violencia y son el límite de un continuo terror ejercido hacia nosotras.

En México el feminicidio es entendido como un fenómeno social, cultural y político que atenta contra la vida de las mujeres, adquiriendo una forma continua de violencia sexual donde prevalecen los actos violentos y el desequilibrio de poder entre los sexos en las esferas económicas, políticas y sociales.

La permisibilidad del Estado puede estar presente en cualquier ámbito y dirigirse a cualquier grupo vulnerable, pero con respecto a los derechos humanos de las mujeres y el feminicidio, ésta es latente y grave y, a pesar de que en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incluye el término de violencia feminicida, el feminicidio no ha sido reconocido por las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia.

Los crímenes que hemos caracterizado y de los cuales haremos un recuento constituyen crímenes graves según el derecho internacional.6

D.III. El recuento

Hay un viraje del Estado que empieza a desarrollarse tan sólo después del gobierno de Lázaro Cárdena. Su sucesor, Manuel Ávila Camacho, responde reaccionariamente a lo impulsado por Cárdenas. Con la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos fortalece aún más la doctrina Monroe tanto para abaratar los costos que sostenían la guerra, pero también y sobre todo, para perfilar las nuevas características de la dominación del mundo. En ese momento México firma con Estados Unidos el Tratado general para saquear materiales para la guerra, se hace un ajuste de monedas y se inicia la siembra de narcóticos para desarrollar la morfina.7 Como resultado de este proceso salta a la vista el acelerado crecimiento de la Inversión Extranjera Directa, ya que para 1940 era del 64% mientras que para 1945 llegaba ya al 71%.8

La masacre de la Unión Cívica Leonesa. Cerca de diez mil leoneses se dieron cita frente a Palacio Municipal para demandar que se reconociera el triunfo de su candidato Carlos Obregón. Argumentaban que en las elecciones del 16 de diciembre de 1945, el Partido de la Revolución Mexicana (PRM, hoy PRI) habría recurrido a trampas para obtener la victoria. “Fraude, fraude” eran los gritos de quienes simpatizaban con la Unión Cívica Leonesa y que no aceptaban que un día antes hubiera tomado posesión como Presidente Municipal el candidato del PRM.

El mitin al que se convocó aquel 2 de enero de 1946 desembocó en una cruel y cobarde matanza. “Alguien” ordenó que se prendiera fuego en contra de los manifestantes. Existe una cifra oficial: 26 muertos y 37 heridos graves. La tragedia tuvo consecuencias: El Gobernador de Guanajuato Ernesto Hidalgo renunció a su cargo. Ignacio Quiroz duró solamente dos días en su encargo pues también renunció. El PRM se cambió de nombre y se constituyó como Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Un año más tarde se crea la Dirección Federal de Seguridad (DFS), en el contexto de la Guerra Fría. Ésta, junto al Ejército Mexicano, fue el principal instrumento ejecutor de las labores de inteligencia y represión política del Estado mexicano.

Ya para la década de los 50 se perfila de modo más claro la ofensiva de las empresas norteamericanas más importantes para dominar el país. Las necesidades y reclamos sociales se niegan, avanza el desmantelamiento del país, resolviendo en un sentido de traición a la patria las contradicciones del periodo posrevolucionario. Esto se expresa de manera muy clara con la especial violencia con que enfrenta el Estado a las demandas obreras:

Represión contra el movimiento ferrocarrilero, junio y julio de 1958.

Represión al movimiento de telegrafistas, 4 de agosto de 1958.

Represión al movimiento de trabajadores petroleros, 26 de agosto de 1958.


Represión al movimiento magisterial, septiembre de 1958. 


Represión al movimiento de los ferrocarrileros, 29 de marzo de 1959. Más de 10 mil trabajadores reprimidos. Despido de más de 9 mil ferrocarrileros; muchos fueron detenidos y los locales sindicales fueron asaltados y ocupados por la policía y el ejército. Demetrio y Valentín Campa, dirigentes del Sindicato Ferrocarrilero, pasarán 10 años en prisión.

Con la asesoría norteamericana se buscó eliminar y contrarrestar a las diferentes expresiones juveniles de descontento. En la década de los 60 en México existió un programa de reclutamiento de altos funcionarios por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) llamado Litempo. Los principales colaboradores fueron Díaz Ordaz, presidente de México en el periodo de 1964-1970 y Luis Echeverría Álvarez, Secretario de Gobernación en el mismo periodo y presidente de México en el periodo 1970-1976.9 La Brigada Especial que más adelante cambio a Brigada Blanca, formada en 1972 a propuesta del Subsecretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, fue la sección dentro de la Dirección Federal de Seguridad, que se hizo cargo del combate a la “subversión de izquierda, encargada de la persecución y exterminio de todo tipo de lucha social y desaparición de miles de jóvenes que tuvieran alguna relación política o social con organizaciones o grupos disidentes de la política oficial.”10

Represión al movimiento de la Asociación Cívica Guerrerense y de la población en Chilpancingo, el 30 de diciembre de 1960.

Masacre de Xochicalco Morelos, 23 de mayo de 1962. Rubén Jaramillo, su esposa y sus tres hijos fueron asesinados, por un grupo de policías judiciales y militares. Se presume que el asesinato fue ordenado por el propio presidente Adolfo López Mateos. La lucha de Jaramillo comenzó en 1942, a raíz de una huelga en el ingenio azucarero de Zacatepec donde obreros y campesinos se unieron para exigir respeto a sus derechos. Jaramillo, uno de los principales líderes de la huelga, fue perseguido por los pistoleros del gerente. Esta lucha campesina duró casi dos décadas y media a pesar de la persecución sufrida por los líderes del movimiento.

Represión en contra el movimiento de la Asociación Cívica Guerrerense en Iguala Guerrero, 30 de diciembre de 1962 y principios de 1963.

Represión al movimiento médico, 2 de diciembre de 1964. Para el año 1964, los jóvenes de la posrevolución, reclamaban participación activa en los procesos de la política en el país, este fue el caso de los jóvenes médicos que demandaban pagos y prestaciones adecuadas a su profesión, también demandaban su participación en la elaboración de los planes de estudio. El gobierno del reciente electo presidente Gustavo Díaz Ordaz respondió a sus demandas reprimiendo sus mítines y manifestaciones, como sucedió el 20 de abril cuando grupos de choque de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) atacó una manifestación pacifica. El 26 de agosto hay otra gran manifestación, pero esa noche la policía tomó los hospitales 20 de Noviembre, Rubén Leñero y Colonia, sustituyendo a los paristas con médicos militares. Al día siguiente las enfermeras del 20 de Noviembre fueron secuestradas por los grupos de choque de la FSTSE. Cientos de médicos, los más activos en el movimiento, fueron despedidos y sus líderes encarcelados.

Masacre de Madera Chihuahua, 23 de septiembre de 1965. Trece jóvenes campesinos, maestros y estudiantes atacan el Cuartel del Ejército localizado en Madera, Chihuahua, motivados por los abusos, agravios y despojos de los caciques, ganaderos y compañías madereras y algodoneras cobijadas por el gobernador del Estado. Con este ataque el grupo buscaba sentar las bases de una transformación del país. Son asesinados ocho de ellos y mueren también seis militares. El presidente Díaz Ordaz, por un lado, mandará tropas apoyadas por la aviación para cercar a los sobrevivientes; por el otro, ordenará el auxilio inmediato a las familias  de la región mediante despensas de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO); creará como una nueva unidad especializada en la lucha antiguerrillera y antisubversiva, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), dirigida por el capitán Fernando Gutiérrez Barrios; y expresará en su siguiente informe: “nos decepcionaría una juventud conformista o resignada, pero México tampoco quiere una juventud que abrace con incauta pasión todas las causas o que se deje tomar como instrumento dócil al servicio de intereses bastardos o como caja de resonancia de estériles desahogos.”11

Represión al movimiento estudiantil de Sonora, febrero de 1967.

Masacre de Atoyac, 18 de mayo de 1967.

Masacre de copreros en Acapulco, 20 de agosto de 1967. El 20 de agosto de 1967 en la ciudad de Acapulco, Guerrero, al pretender congregarse en la sede de la Unión de Productores de Copra de Guerrero, más de 800 personas fueron recibidas a tiros por la policía y pistoleros profesionales para masacrar a los inconformes. El conflicto se debió al resquemor de los empresarios dada la fuerza adquirida por la Unión, pues ésta pagaba a 3.50 pesos el kilo de la pulpa del coco y los acaparadores lo pagaban a 50 centavos. Empresarios, políticos y acaparadores le tenían miedo, pues ya integraba a 1 800 socios, principalmente de la Costa Grande. Como preámbulo de la matanza, los caciques, encabezados por Rosendo Ríos Rodríguez, tomaron la sede de la unión, sacaron a los administradores de la sede y saquearon las instalaciones y las cuentas bancarias y así llegó el 20 de agosto. Se pretendía evitar que los campesinos democratizaran sus organizaciones y protestaran por los altos impuestos a la producción de copra.

Represión al movimiento de estudiantes de la Universidad Benito Juárez en Tabasco,
29 de julio de 1968.

Masacre de Tezopaco Sonora, 9 de septiembre de 1968.

Masacre en la plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, 2 de octubre de 1968. La tarde del 2 de octubre de 1968, un día después de la salida del ejército de los campus de la UNAM y del IPN, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Mientras tanto, el ejército vigilaba, como en todas las manifestaciones anteriores, que no hubiera disturbios, principalmente porque el gobierno tenía temor de que fuera asaltada la Torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, contaban con el apoyo de dos helicópteros: uno de la policía y otro del ejército.

Por su parte, miembros del Batallón Olimpia (cuyos integrantes iban vestidos de civiles con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda) se infiltraban en la manifestación hasta llegar al edificio “Chihuahua” donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas.

Cerca de las 5:55 de la tarde, dos bengalas rojas fueron disparadas desde la torre de Tlatelolco. A las 6:10, un helicóptero sobrevoló la plaza, desde él se dispararon bengalas (la primera verde y la segunda roja), presumiblemente, como señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia apostados en los edificios “Chihuahua”, “2 de Abril”, “15 de Septiembre”, “I.S.S.S.T.E. 11”, “Revolución de 1910” y la Iglesia de Santiago, así como varios miembros del Batallón Olimpia, parapetados en los departamentos del “Chihuahua” y en el corredor del tercer piso, abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar, para hacerles creer a estos últimos, que los estudiantes eran los agresores. Los militares en su intento de defenderse, repelieron “la agresión de los estudiantes”, pero ante la confusión, los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco.

Muchos manifestantes que lograron escapar del tiroteo se escondieron en algunos departamentos de los edificios aledaños, pero esto no detuvo al ejército, que sin orden judicial, irrumpieron en cada uno de los departamentos de todos los edificios que conforman la Unidad Tlatelolco para capturar a los manifestantes. Horas después, la plaza estaba llena de zapatos y los estudiantes fueron llevados a culatazos a dos lugares: las puertas de los elevadores del edificio Chihuahua, donde fueron desnudados y golpeados, y al ex-convento situado al lado de la Iglesia de Santiago-Tlatelolco, donde reunieron a aproximadamente 3000 detenidos. Otros fueron desnudados en las paredes del convento y a un mes después, podían ser vistas manchas de sangre en los muros (entonces) blancos de la construcción. Los periodistas fueron registrados y confiscados sus rollos (usados y vírgenes), algunos incluso fueron desvestidos y otros, como Oriana Fallaci, resultaron heridos. La Plaza fue limpiada por el cuerpo de bomberos y la tropa de soldados se mantuvo ahí hasta el 9 de octubre. Varios testigos aseguran que durante este lapso, el Batallón Olimpia se disfrazó de empleados de luz y agua para poder buscar estudiantes fácilmente. Los detenidos, por su parte, fueron enviados a distintas cárceles de la ciudad de México, los lideres estudiantiles fueron enviados a la penitenciaría o el “Palacio Negro” de Lecumberri, así como al Campo Militar N° 1.

Aún se desconoce la cifra exacta de los muertos y heridos. El gobierno mexicano manifestó en 1968 que fueron únicamente 20 muertos, tres años más tarde, la escritora Elena Poniatowska, en su libro La noche de Tlatelolco publicó la entrevista de una madre que buscó entre los cadáveres a su hijo y reveló que por lo menos había contado 65 cadáveres en un solo lugar. El periodista inglés John Rodda, en sus investigaciones independientes, en los que entrevistó sobrevivientes y testigos de los sucesos en los hospitales, calculó que el saldo fue de 325. Sin embargo, la BBC de Londres, en una acotación hecha en el 2005 al despacho informativo original del 2 de octubre de 1968, y luego de conocerse las implicaciones de la CIA en los hechos, sostiene que el número de víctimas oscila entre 200 y 300, y que los cuerpos rápidamente fueron retirados en camiones de transporte de basura.

En general las estimaciones calculan el número de muertos en un rango que va de los 200 hasta los 1 500. Testigos afirman que hubo grúas recogiendo centenares de cadáveres que había a su paso para luego ser arrojados en fosas comunes y después incinerados.

El no esclarecimiento de la verdad y castigo a los responsables, es una constante en nuestro país, pues a pesar de ser un hecho tan violento, no hay ningún responsable directo que hasta ahora haya sido juzgado por semejante crimen.

Esta masacre se da en el viraje de las décadas 60-70, ya con funcionarios públicos bajo las órdenes de los servicios de inteligencia norteamericanos, en un contexto de una intensa guerra contra la fuerza de trabajo, como respuesta a los primeros indicios de disminución en la tasa de ganancia y el fin del boom de la pax americana.12 Esta crisis económica mundial que empieza a aparecer y de la cual el neoliberalismo será, una década después, la respuesta de los capitales para resolverla.13

Para entonces el papel de las empresas trasnacionales norteamericanas en el país era enorme. En 1969 se otorgaron créditos del gobierno de EE. UU. a través de la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID), Exinbank, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), creando dependencia no sólo financiera sino también tecnológica.14 El crédito exterior llegó entre los años 1964-1970 a suministrar el 35% de fondos de la inversión del sector estatal; fuera de las grandes empresas no existían sectores estatales y gran parte de los “inversionistas nacionales” eran prestanombres. En Nacional Financiera el capital privado era de 49%, en Altos Hornos del 40%. En la industria de transformación tenía enorme peso la Inversión Extrajera Directa (IED).

Además de la inversión están las patentes, marcas y el control técnico. Así lo deja ver que en la industria automotriz la participación de la IED era de 52.6% mientras que la del estado sólo del 26.3% y del capital privado el 31.1%. En otros rubros, el porcentaje de la inversión extranjera directa era de: 64.5% en maquinara, aparatos y productos eléctricos; 37.1% en cobre, aluminio y sus productos; 81.7% en computadoras y equipos de oficina; 88% en llantas y productos de hule; 87.4% en industria química; 94% en la industria farmacéutica y 48% en industria alimentaria.15

En ese contexto ocurre la Masacre del Jueves de Corpus, 10 de junio de 1971. Llamado así por la participación de un grupo paramilitar conocido como: “Los halcones”. Los hechos ocurrieron cuando una manifestación estudiantil en apoyo a los estudiantes de Monterrey, fue violentamente reprimida por “Los Halcones”, un grupo paramilitar al servicio del Estado. Aunque la situación nunca se aclaró y fue siempre negada oficialmente, la hemos incluido dentro este recuento, pues las víctimas categorizadas aquí no sólo son del día de la marcha, sino de la represión y persecución del Estado en ese mismo año.

La marcha comenzaría en el Casco de Santo Tomás y recorrería las avenidas Carpio y de los Maestros para salir a la Calzada México-Tacuba, para finalmente dirigirse al Zócalo capitalino. Las calles que desembocan a la Avenida de los Maestros estaban bloqueadas por granaderos y agentes policiacos, los cuales impidieron el paso de los estudiantes. Asimismo, también había tanquetas antimotines a lo largo de Melchor Ocampo junto con transportes del ejército, los cuales se ubicaban cerca del colegio militar y transportes de granaderos en un enorme contingente policíaco en el cruce de las avenidas Melchor Ocampo y San Cosme. Un grupo de choque entrenado por la Dirección Federal de Seguridad y la C.I.A., conocido como “Los Halcones”, avanzaron en camiones y camionetas grises y transportes de granaderos y atacó brutalmente a los estudiantes desde las calles aledañas a la Avenida de los Maestros, después de que los granaderos abrieran sus filas. Los paramilitares venían armados con varas de bambú, palos de kendo y porras, por lo que en un principio fueron fácilmente repelidos por los estudiantes. En un contraataque, “Los Halcones” agredieron a los manifestantes una vez más, esta vez, no sólo con sus garrotes, sino con armas de fuego de alto calibre. Los estudiantes, por su parte, intentaron inútilmente esconderse de los jóvenes armados. La policía no intervino porque no tenía órdenes de hacerlo y permaneció como espectadora permitiendo la masacre. El tiroteo se prolongó por varios minutos, durante los cuales algunos transportes daban apoyo logístico al grupo paramilitar, dotándolo con armas y transportes improvisados, como lo fueron automóviles privados, camionetas, patrullas policíacas e incluso una ambulancia de la Cruz Verde. Los heridos fueron llevados al hospital general Rubén Leñero, pero fue inútil, pues “Los Halcones” llegaron al nosocomio y allí dieron remate a los jóvenes, aun en el quirófano, además de intimidar a los internos.

El gobierno en turno negó a toda costa los hechos ocurridos aquel día, el Coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa declaró el 18 de Junio de 1971 en relación con los acontecimientos de ese 10 de Junio que el de la voz ha tenido conocimiento a través de la prensa y como cualquier ciudadano de la existencia de personas a quienes la imaginación popular, los ha denominado Halcones, pero que éstas personas en caso de existir no tienen que ver nada con la oficina a mi cargo.” Su rechazo es categórico respecto a su injerencia en la creación, formación y dirección del grupo paramilitar.

Por su parte “Los Halcones” lo identifican como su principal líder, “El Maestro”, quien comandó todas las operaciones encargadas al grupo paramilitar. Fue quien les dijo que la manifestación del 10 de Junio tenía que disolverse a como diera lugar.”

En el imaginario de muchos estudiantes, las vías pacíficas para la transformación social se habían agotado. En este escenario hay sectores del movimiento que se radicalizan y comienzan a organizarse para una transformación social por vía de las armas. Un grupo numeroso de estudiantes eran simpatizantes o militaban en alguna de las tres corrientes de izquierda de las universidades: la Juventud comunista de México, ligada al Partido Comunista (PCM); la Liga Leninista Espartaco y la Obra Cultural Universitaria instituida por jesuitas. Estas tres corrientes nutrieron de guerrilleros al movimiento armado.

Tan sólo tres meses después del “Halconazo”, el 11 de septiembre la organización “la onda” –que sostenía ambiguamente la necesidad de un cambio en el país y de dejar que la juventud fuera libre- organizó un concierto masivo llamado “Festival de Avándaro”, a dos horas del Distrito Federal. El festival fue un espacio para promover la drogadicción entre las y los jóvenes. Durante el festival el Ejército Mexicano repartió mariguana y vigiló el concierto, asimismo el Festival fue co organizado por Telesistema Mexicano, antecedente de Televisa, que en sus programas televisivos llamaba asistir al festival. No hay que olvidar que años antes, como se fundamentará más adelante, fue el gobierno de Estados Unidos el principal promotor de drogas en ese país como un medio de control de la juventud y para neutralizar las expresiones de rebeldía organizadas. Echeverría, como agente del programa de la CIA Litempo, probablemente obedeció a los dictados norteamericanos para la promoción de la droga contra la juventud.

Esta política de promoción de la droga en México se inspiró exactamente con los mismos objetivos que en los Estados Unidos, la desmovilización, utilización, sometimiento y destrucción de la juventud, para en pocos años desatar una de las guerras mas prolongadas y destructivitas en el país, la llamada “guerra contra el narcotráfico” que hoy a mas de 8 años le podemos llamar “guerra contra la juventud”, por el número de muertos jóvenes, desplazados y utilizados en esta absurda guerra.

Para los Estados Unidos el nuevo objetivo para generar guerras internas fuera de su territorio fue el narcotráfico, una estrategia diseñada en los años setenta por el ex Presidente Richard Nixon y profundizada por Reagan, que tuvo desde sus orígenes el objetivo de reprimir a la juventud rebelde. En este periodo histórico, el presidente llegó al poder con muchos flancos débiles, con protestas sociales masivas, sobre todo en las ciudades. La guerra en Vietnam había generado un movimiento estudiantil radical y fuerte, una contracultura florecía entre la juventud que rechazaba la cultura dominante, la población Afro-Americana se levantaba en defensa de sus derechos civiles y se gestionaron movimientos revolucionarios. El modelo de “guerra contra el narcotráfico” de 1971 tuvo como fin criminalizar a la juventud que representara una problemática para el gobierno, especialmente a las poblaciones que más desafiaban el sistema -Afros, Latinos y pobres en general-. También fue un intento de distraer la atención de los problemas internos y presentar el uso y tráfico de sustancias prohibidas como la amenaza número uno para la sociedad.

Asesinato del dirigente guerrillero Genaro Vázquez Rojas, 2 de febrero de 1972.

Masacre de Nepantla, Estado de México, 14 de febrero de 1974. En 1973 la muerte del empresario Eugenio Garza en circunstancias poco claras y tras la demanda de la clase empresarial, se desata una casería de guerrilleros a lo largo y ancho del país. El 13 de febrero de 1974, irrumpen la policía judicial en la casa de seguridad que las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) tenían en Monterrey. El hecho se publicó en el periódico La Prensa, más tarde la policía judicial detuvo a Napoleón Glockner y Nora Rivera, quienes fueron torturados con el fin de obtener información sobre sus compañeros. De la información adquirida por la tortura devino el plan para atacar Nepantla.

En San Miguel Nepantla, Estado de México, se encontraba un sitio de abastecimiento de las FLN y su punto de contacto entre los militantes y los diferentes estados. Era llamado “La Casa grande”, en este lugar se entrenaban los militantes de la organización y se realizaba el acopio de medicinas enviadas principalmente al núcleo de Chiapas. En este recinto se realizaban las tareas de la organización y comunicación, por lo que se contaba con instrumentos de radiotransmisión.

El  14 de febrero de 1974 el Ejército mexicano decidió que serían ellos quienes coordinarían el ataque. A las 23:00 horas cercaron la casa ubicada en la calle de Jacarandas, trayendo consigo tanques, helicópteros y granadas de triple acción. El primer batallón de la policía militar bombardeó la casa con granadas y gases lacrimógenos para que los ocupantes salieran; la policía gastó casi 700 cartuchos de M2 contra solo 7 guerrilleros que ahí se encontraban. El saldo fue de cinco guerrilleros asesinados: Alfredo Zárate, Mario Sánchez, Carmen Ponce, Anselmo Ríos, Deni Prieto y dos detenidos, mientras que las fuerzas del orden no registraron ninguna baja. En los operativos fueron encontrados los documentos de aproximadamente 50 militantes y simpatizantes de las FLN, fue así que desde la madrugada del 14 de febrero se procedió a su captura y detención, a raíz de esto iniciaron los primeros operativos de la Brigada Blanca.

La masacre adquirió una importante carga simbólica, al punto en que se le puede considerar como uno de los hitos que explican la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1983. Por ello, el órgano oficial interno de las FLN entre 1979 y 1993 se denominaba “Nepantla” y el 14 de febrero es el día en que los zapatistas celebran a todos sus caídos.

Asesinato Lucio Cabañas Barrientos, 2 de diciembre de 1974. Cuando tenía 29 años, Lucio presenció la masacre de Atoyac (antes citada). De ahí se inició una lucha de resistencia contra el gobierno a través del Partido de los Pobres.

Masacre de San Ignacio Río Muerto Sonora, 23 de octubre de 1975.

Represión y destrucción de la Tendencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas, 1975-1977.

Desde fines de los años 70 la importancia geopolítica del sector energético mexicano fue central para la política de Estados Unidos en el marco de la recesión mundial, marcada por la continua elevación de los precios internacionales del petróleo auspiciada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el descubrimiento de que este país había alcanzado ya su pico petrolero.16 John Saxe-Fernández sostiene que es ese el momento en que EE. UU. emprenderá una “guerra de autosuficiencia anticipatoria”, comparable a la desintegración forzada generada por los nazis (Zersetzung).17

Como parte de los esfuerzos de reposicionamiento mundial de los Estados Unidos, además de “dolarizar” varias economías del continente, forzó a México a la adquisición de una deuda internacional impagable, precisamente contraída para “mejorar” el sector energético. A partir de esto, se le forzó al gobierno mexicano a adoptar una serie de condiciones que incluían: a) el desmantelamiento del campo; b) entrar al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT); c) abrir el mercado mexicano a la competencia internacional; d) promover las exportaciones vía la industria maquiladora en la frontera; f) eliminar las restricciones existentes a la inversión extranjera directa y reducir en más del 40% el número de empresas públicas bajo control del gobierno18 para privatizar las 1150 empresas que el gobierno de México poseía hacia 1984.19 Además de lo ya mencionado, en materia energética se impusieron, junto con la conversión a mero exportador de crudo 1) contratos de riesgo; 2) inversión extranjera mayoritaria en petroquímica; 3) la división de Pemex en filiales separadas; 4) la competencia interna e internacional frente a Pemex y 5) la privatización de Pemex (de distintas formas, casi siempre veladas).20

La entrada de México al neoliberalismo internacional representó la claudicación del Estado por regular las formas de dominación y dependencia. Después de treinta años de violencia, finalmente se logró imponer el neoliberalismo, no sin grandes combates, en los que los sectores populares intentaron impugnar con derecho propio esa imposición. De este periodo el más significativo e importante fue el triunfo electoral de 1988, mismo que se concretó por una serie de fraudes y golpes de estado técnicos, donde la violencia directa fue secundada por la renuncia de quienes dirigían la rebelión pacífica que se había expresado en las urnas. De ahí que, de 1988 a 1989, se tenga el registro de al menos 500 militantes asesinados pertenecientes al movimiento político de Cuauhtémoc Cárdenas. También destaca la violenta represión contra los trabajadores de la educación y contra trabajadores de la Ford, Metro, Modelo, Sicartsa durante 1989 y 1990, años inmediatamente posteriores al proceso electoral. El golpe de estado técnico representó el asenso al poder de una generación de políticos preparados en universidades norteamericanas.

Levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 1 de enero de 1994. Justo el día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, miles de indígenas se levantaron en armas en el estado de Chiapas y le declararon la guerra al Estado bajo el mando del EZLN. En los primeros combates murieron decenas de campesinos indígenas —en su mayoría jóvenes— y otras decenas siguen en calidad de desaparecidos desde entonces.21 Además de que en Chiapas han ocurrido otra serie de masacres que no aparecen contabilizadas, como la del 10 de enero de 1995 en la comunidad de Chicomuselo donde cayeron a manos de “guardias blancas” al menos siete campesinos.

La masacre de Aguas Blancas, 1995. Fue un crimen de Estado cometido por la policía del estado de Guerrero y cuidadosamente planeado por Rubén Figueroa Alcocer, en el vado de Aguas Blancas municipio de Coyuca de Benítez. En este lugar, agentes del agrupamiento motorizado de la policía guerrerense dispararon en contra de un grupo de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se dirigían a un mitin político en la población de Atoyac de Álvarez, matando a 17 campesinos.

En primera instancia, el gobierno estatal encabezado por Rubén Figueroa Alcocer negó los hechos, pero más tarde se dieron a conocer las imágenes videograbadas por los mismos manifestantes en el momento en que fueron atacados. El crimen provocó protestas y el surgimiento de grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Caso Buenos Aires-Ajusco, 8 de septiembre de 1997. Durante un operativo policiaco en la colonia Buenos Aires, Distrito Federal, seis jóvenes fueron detenidos por diversos grupos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública (el grupo “Zorros” y “Jaguares”). Días después, aparecieron sus cuerpos sin vida. Los cadáveres de tres de ellos fueron localizados en el kilómetro 20 de la carretera panorámica al Ajusco. En tanto que los otros fueron descubiertos en un terreno baldío en el perímetro de la delegación Tláhuac, encontrados con huellas de haber sido ejecutados con disparos en la boca.

La masacre de Acteal, 22 de diciembre de 1997. Fue una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, ubicado en la región de Los Altos de Chiapas al sureste de México,. Durante dicha incursión, fueron atacados indígenas tzotziles de la organización “Las Abejas”, que se encontraban en el interior de una pequeña iglesia de la localidad. En el lugar se encontraba parte de la comunidad de Acteal junto con los desplazados de las otras comunidades en la ermita católica orando para pedir por la paz. Durante ese periodo, según datos extraoficiales se cree que en Chiapas, operaban más de diez grupos paramilitares que combatían al EZLN, por tanto el objetivo era desarticular la base social de la localidad de Acteal.

La masacre de El Charco, 1998. La madrugada del 7 de junio de 1998, militares rodearon la escuela Caritino Maldonado Pérez, ubicada en la comunidad na’saavi de El Charco, municipio de Ayutla, de la Costa Chica de Guerrero. En el lugar se había llevado a cabo un taller de proyectos productivos en el que participaron indígenas de diversas comunidades. Según testimonios, el Ejército Mexicano bajo la justificación de que al interior de la escuela se encontraba gente armada perteneciente al Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), comenzó a proferir amenazas y posteriormente abrieron fuego en contra de los ocupantes de la escuela durante 30 minutos, teniendo como resultado las ejecuciones de indígenas mixtecos y tlapanecos.

Hasta después de 2 días, el Ejército Mexicano permitió la entrada de periodistas a la zona. Murieron 11 personas, cinco resultaron heridas —entre ellas un niño de 13 años de edad— y 22 detenidas.

La masacre de El Bosque, 1998. El día 10 de junio se efectuó un operativo conjunto entre el Ejército Nacional Mexicano, policía de Seguridad Pública, policía Judicial del Estado y policía Judicial Federal, con la presencia de varios agentes del ministerio público, tres notarios y agentes del Centro de Información y Seguridad Nacional, dependiente de la Secretaría de Gobernación. El operativo tenía el objeto de reinstalar en sus funciones al Ciudadano Presidente Municipal Constitucional del lugar y cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de un grupo de delincuentes organizados, que habían emboscado a un grupo de indígenas no simpatizantes de los activistas. Habiendo herido a cuatro y matado a uno.

El operativo se hizo simultáneamente en cuatro comunidades indígenas tzotziles de dicho municipio, el cual desembocó en la matanza en el municipio de El Bosque, con un saldo de 8 civiles y 1 policía muertos, 53 detenidos (2 menores de edad), robo con violencia y tortura.

Ocupación de la Normal del Mexe, Hidalgo, 6 de febrero 2000 por la policía estatal, como antesala del cierre de esta escuela.

Toma de las instalaciones de la UNAM por la Policía Federal Preventiva, 6 de febrero de 2000, para terminar con la huelga y reprimir al Consejo General de Huelga. Detienen a 999 estudiantes y maestros, varios menores de edad.

Tras los atentados del 11 septiembre de 2001, la ofensiva imperial se recrudece, con la decisión del NorthCom de tomar a México como su frontera interna en 2002 —base para lanzar luego la guerra “contra el narcotráfico y el terrorismo”22—, así como la “integración energética de América del Norte” bajo la premisa de borrar “las diferencias nacionales entre Canadá, EU y México” y satisfacer las “necesidades de energía de los tres países”.23

Represión contra pobladores de Atenco que se oponían a un aeropuerto, 24 de julio -2002. Muere producto de los golpes José Enrique Espinoza Juárez.

Represión contra opositores a Costco en el Casino de la Selva, 21 de agosto de 2002.

Represión al movimiento de Tlalnepantla Morelos, 14 de enero de 2003.

Represión al movimiento altermundista en Cancún, 2003.

Represión al movimiento altermundista en Monterrey, enero de 2004.

Represión al movimiento altermundista en Guadalajara, 28 de mayo de 2004.

Represión al movimiento contra la instalación de un Wall Mart en Teotihuacan, 2005.

Represión al Pueblo de Tlahuac, Distrito Federal, 2005.

Represión al movimiento contra la crueldad a los animales, en la Plaza de Toros México, Distrito Federal, 6 de febrero del 2006.

Represión a la huelga de Sicartsa en Lázaro Cárdenas, Michoacán, abril de 2006.

Represión al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco,
3 y 4 de mayo de 2006. Asesinato de Javier Cortés de 14 años y luego, el 7 de junio muere el joven Alexis Benhumea después de haber sido herido y dejado en coma por una bala de goma que disparó la policía en el salvaje enfrentamiento que incluyen decenas de mujeres violadas, especialmente jóvenes.

Represión al movimiento magisterial en Oaxaca y luego en contra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, del 14 de junio al 3 de noviembre de 2006. Más de 30 asesinados.

Represión al movimiento en repudio a la visita de George Bush, Yucatán 2007.

Represión al movimiento contra la Minera San Javier en San Luis Potosí, 1 de mayo de 2007.

Huelga de Cananea y represiones, 2007-2012.

Incursión militar y de la Policía Federal para terminar con protesta de maestros y padres de familia en Xoxocotla, Tres Marías y Temoac, Morelos, octubre de 2008.

Ocupación policiaco-militar de las instalaciones de Luz y Fuerza, 11 de octubre 2009.

Represión y asesinato de Mariano Abarca, opositor a la minera Blackfire, Chicomuselo Chiapas, noviembre de 2009.

Represión a los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero 12 de diciembre de 2012. 2 asesinados.

Represión contra las comunidades indígenas de Cherán y Ostula, Michoacán, 2011-2012. Más de 10 asesinados.

Represión a la lucha contra minera canadiense, San José del Progreso, 2011-2012. Al menos tres víctimas por asesinos a sueldo de la minera Fortuna Silver.

Provocación y represión contra manifestantes en contra de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de México, 1 de diciembre de 2012. Detienen a 69 protestantes y civiles. Muere después Francisco Kuykendall y luego es desaparecido su compañero Teodulfo Torres Soriano.

Detención arbitraria de 22 manifestantes tras conmemorativa del “halconazo”, 10 de junio de 2013.

Desalojo de maestros del zócalo de la Ciudad de México por la Policía Federal, 13 de septiembre de 2013.

Más de cien detenidos en la marcha conmemorativa de la masacre de Tlatelolco, 2 de octubre de 2013. La mayoría salen libre días después. A siete se les dicta auto de formal prisión.

Cientos de muertos en Michoacán por enfrentamientos entre pobladores, grupos de autodefensa, narcotraficantes y fuerzas federales y militares, enero de 2014. Luego de que la policía federal y el ejército fomentara la creación de grupos civiles-policiacos para enfrentar a grupos antagónicos.24

Represión contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, 9 de julio de 2014. Tras diez días de estar en coma muere por el impacto de una bala de goma un joven de 13 años de edad. Tan sólo unos días antes se había autorizado una nueva ley en ese estado que permite dispersar protestas con armas no letales.

El ejército masacra a 21 jóvenes en Tlatlaya, Guerrero, 30 de junio de 2014.

Matanza y desaparición de Ayotzinapa, 26 y 27 de septiembre de 2014. En Iguala, Guerrero la policía municipal y el ejército dispersa manifestación de estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Asesinan a 6 personas, entre ellos tres normalistas. 43 estudiantes siguen desaparecidos a la fecha.

El pasado 10 de octubre de 2014, a trece días de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, William Brownfield, secretario asistente de Estado de EE. UU. recomendó a México “… mantener las políticas antinarcóticos actuales… el camino es largo, cosa de décadas, generaciones.”25 Las palabras de Brownfield recuerdan que tras los ataques a las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001 el North-Com del Ejército norteamericano se declaró en estado de guerra sin límites temporales ni espaciales. En el caso de México plantean una guerra de ocupación encubierta con el pretexto de la “guerra contra el narcotráfico y el terrorismo”. Y, basados en la experiencia (contrainsurgente) adquirida en Afganistán e Irak, el NorthCom dice “ […] trabajamos con las fuerzas armadas de México enfrentándolos con la idea de que el enemigo vive entre civiles y no es un enemigo externo al país, como tradicionalmente se ha formado al ejército y armada.” La meta central consiste en “adiestrar las fuerzas armadas de México en áreas específicas, necesarias […] para transformar a los militares (mexicanos) de una fuerza convencional diseñada para combatir amenazas externas, a un ejército que tiene que enfrentar una guerra irregular donde el enemigo vive entre civiles”.26

Luego de un recuento de más de 50 años de violencia contra la juventud en que las contradicciones del Estado del periodo posterior a la revolución se fueron resolviendo a partir de la sumisión total al imperio norteamericano, estamos ahora frente a una guerra irregular repleta de operativos clandestinos, terrestres, aéreos, navales y de ataques con drones, que según los voceros de la Casa Blanca, carece de límite geográfico y que promete seguir al menos unos 30 años más —en lo que se agotan los recursos del país y exterminan, según John Saxe-Fernández— explotando a niveles inéditos la fuerza de trabajo joven que tenemos en este país, “víctima de su geografía” como declaran las palabras de Brownfield.27

1 “el imperialismo pasa inexorablemente por estructuras nacional-estatales de mediación, no es un factor “externo”, sino que opera a través de una articulación entre las clase dominantes a escala global, lo que se denomina la “burguesía imperial”, la cual dicta sus condiciones a las clases dominantes locales en la periferia del sistema.” Gilberto López y Rivas. “América Latina en la geopolítica del imperialismo” (2014). México: La Jornada, 6 de septiembre.

2 La tesis original de este planteamiento es de José Luis Ceceña expuesta en México en la órbita imperial (1970). México: Ed. El Caballito. El problema histórico de México ha sido su dependencia a grandes potencias imperialistas. Ahí refiere que las historia del “México independiente” en su relación con la dominación imperial puede comprenderse a partir de cuatro periodos: 1) 1821 hasta el triunfo del a República sobre el imperio. 2) Cuatro décadas posteriores, en especial los gobiernos de Porfirio Díaz. 3) La revolución mexicana hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. 4) De la segunda Guerra Mundial hasta los años 70. Nosotros mas adelante plantearemos un re conceptualización de estas fases.

3 Entregamos como un anexo la investigación que ha trabajado el Comité 68 y que ya se entregó antes al TPP en el marco de la Audiencia Transtemática de Represión contra Movimientos Sociales realizada en noviembre de 2013. En ella están contenidos los nombres de mas de 5000 personas que a lo largo de los últimos cincuenta años han sufrido la violencia del Estado o que han sufrido violencia de parte de otros actores, con la evidente complicidad de la autoridad por incapacidad o por comisión o por omisión. La Base de Datos está organizada por sectores sociales en lucha y por tipo de agresión. En ella se reportan casos de asesinatos políticos; masacres contra obreros, campesinos, estudiantes y otros sectores; desapariciones forzadas por motivos políticos; persecución política; persecución laboral; amenazas; asesinatos por razón de género, como los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua y en todo el territorio nacional; persecución o asesinatos por razón de la militancia en partidos políticos de oposición, como el caso de cientos de militantes del PRD; de militantes del movimiento sinarquista en León, Gto. O el Movimiento Ciudadano encabezado por el Dr. Nava en San Luis Potosí. La construcción de la base de datos de víctimas de la violencia del Estado sumó un total de 5 mil registros individuales, sin embargo, resultó evidente que varias personas estaban incluidas en diversos documentos de las fuentes documentales, por esta razón se procedió a consolidar la información neta es decir el registro individual único y utilizando la información de las diversas fuentes para completar el contenido del registro.

4 Art. 1.1, Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. ONU: Resolución 3452 (XXX), 1975.

5 Artículo 2, Proyecto de Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas elaborado, por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Desaparecidos y presentado ante la ONU.

6 Los crímenes graves son: los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y las infracciones graves en el sentido de la Convención de Ginebra relativa al derecho humanitario del 12 de agosto de 1949 y de sus protocolos I y II del 8 de junio de 1977. Cfr. “Principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad” (2005). Documento de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 8 de febrero. Documento E/CN.4/2005/102/Add.1

7José Luis Ceceña (1970). México en la órbita imperial. México: Ed. El Caballito, p. 125.

8Ibíd, p. 135.

9 Gracias a la desclasificación de Archivos de la CIA es que el programa Litempo fue conocido públicamente en 2006. Ver al respecto de Jefferson Morleu (18 de octubre de 2006), “LITEMPO: Los ojos de la CIA en Tlatelolco. En: [http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB204/index2.htm]. Adjuntos al artículo pueden consultarse diversos informes del programa que corroboran lo denunciado.

10 Entre 1960 y 1980 la DFS acumuló en la Organización de Naciones Unidas (ONU) 374 denuncias por crímenes de estado; aunque el Comité Eureka encabezado por Rosario Ibarra de Piedra integró 557 expedientes de personas desaparecidas entre 1969 y 2001, de los cuales más de 530 corresponden al periodo previo a 1980. Jorge Carrillo Olea (2011). México En Riesgo. México: Grijalbo, p. 116.

11 Laura Castellanos (2007). México Armado. México: Ed. ERA.

12 John Saxe-Fernández y Juan Fal (2012). Crisis e imperialismo. México: UNAM-CEIICH, p. 32.

13István Mészáros (2012). “Structural Crisis Needs Structural Change”. Estados Unidos: Monthly Review, Volume 63, Issue 10. Disponible en: [monthlyreview.org/2012/03/01/structural-crisis-needs-structural-change]. IstvánMészáros también advirtió que la inevitabilidad de la debacle norteamericana afectaría a todo el planeta y que la preponderancia hegemónica de Estados Unidos terminarían por hacer pagar a todo el mundo la crisis por ellos originada [Cfr. IstvánMészaros (1995). “ThePresent Crisis”, Beyond Capital. London: MerlinPress, pp. 962-963.]

14José Luis Ceceña, Op.cit., p. 255 y ss.

15Ibidem.

16 Según el geólogo de Shell Oil, M. King Hubbert y John Saxe-Fernández (2012). Crisis e imperialismo. México: UNAM-CEIICH, p. 45.

17 John Saxe-Fernández (2009). “América Latina: ¿Reserva estratégica de EUA?”. Buenos Aires: Revista Osal, N.25, abril.

18 De 1982 a 1988 la “desincorporación” de empresas del Estado (como eufemísticamente se llama desde entonces a las privatizaciones en México) implicó 294 liquidaciones y extinciones, 72 fusiones y 25 transferencias. “El despojo y depredación de México. Libre comercio y desviación de poder como causas de la violencia estructural, la impunidad y la guerra sucia contra los pueblos de México” (2012). México: Acusación General de la sociedad civil ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, mayo, p.11.

19Ibíd. véase también Arturo Ortiz Wadgymar (2010). México en Ruinas. El impacto del libre comercio. México: UNAM‐IIEC.

20 “A fines del sexenio de Felipe Calderón se calculaba que el 80% de la industria petrolera y el 55% de la industria eléctrica se encontraban en manos de empresas privadas”. México: Acusación General de la sociedad civil ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, mayo.

21Isaín Mandujano (1994). “Los zapatistas muertos en 1994 y sus tumbas abandonadas en el panteón de Tuxtla”. México: Chiapas Paralelo, 6 de enero. Disponible en: http://goo.gl/xFQzia

22 El nombre de la estrategia de guerra trazada por la SEDENA evidencia la matriz norteamericana de la misma. Aún cuando públicamente se evitó mencionar el término “terrorismo”. Cfr. Gilberto López y Rivas “Viejas y nuevas guerras sucias”. Revista El Cotidiano. núm. 172, marzo-abril México, , 2012, p. 116-123, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.

23 John Saxe-Fernández, “Hoja de ruta”, La Jornada, México, 5 de junio de 2008. Momento en que Estados Unidos se posiciona antes de que, entre 2004 y 2008, se alcance el pico petrolero a nivel mundial [cfr. John Saxe-Fernández; Juan Fal (2012) en Crisis e imperialismo. John Saxe-Fernández (editor). México, UNAM-CEIICH, p. 45]

24 Sobre estos sucesos y los móviles geopolíticos y de ocupación del país se puede consultar “Elementos sobre la situación de Michoacán en México” (2014). México: Investigación de la comisión de mapeo y formación de Jóvenes ante la Emergencia Nacional. Disponible en:

[http://www.jovenesemergencia.org/mapas/michoacan_analisis_situacion/]

25 “Paciencia, pide frente a la creciente violencia en el país” (2014). México: La Jornada, 10 de octubre, p. 16.

26 John Saxe- Fernández (2014). “México en riesgo”. México: La jornada, 16 de octubre.

27 Redacción (2014). “Paciencia, pide frente a la creciente violencia en el país”. México: La Jornada, 10 de octubre, p. 16.