Consideraciones finales

IX. Sumario de agravios

Con base en los casos que dan cuerpo a la presente acusación transtemática sobre destrucción de la juventud y las generaciones futuras, podemos señalar que el Estado mexicano, a partir de su ingreso al neoliberalismo, especialmente desde la firma del TLCAN -aparentando una reducción o desaparición- se ha reconfigurado y fortalecido con el fin de servir únicamente a los intereses de las transnacionales y las grandes potencias extranjeras, en especial Estados Unidos. En este sentido, la modificación y creación de leyes para la reconfiguración del Estado, absolutamente subsumido al capital transnacional, es parte de una guerra general y permanente contra nuestros pueblos, nuestra madre tierra, nuestra nación. Una guerra que para sostenerse requiere de aniquilar a la juventud y cerrarle el paso a las generaciones futuras.

Al denunciar la destrucción de la juventud estamos denunciando la destrucción del país a través de una guerra terrorista, generalizada contra toda la población que le da cuerpo a México como una nación. Las expresiones de esta guerra, denunciadas desde nuestras propias voces, desde las palabras de las y los jóvenes de México, de manera general, son las siguientes: homicidio, encarcelamiento y desaparición de jóvenes, tanto por cuestiones políticas (dirigida hacia jóvenes con actividad política en oposición al Estado) como por la “guerra contra el narco”, que ha desatado, generalizado y naturalizado la violencia en nuestra contra; desempleo, estigmatización como “ninis”, imposición de un sistema basado en la competencia; desplazamiento forzado por precarización de las condiciones de vida tanto en el campo como en la ciudad; liquidación de nuestra integridad física y psicológica a través de procesos de trabajo inhumanos; así como la incorporación forzada a la economía criminal o la prostitución.

Con la evidencia aquí reunida denunciamos que esta guerra es también una guerra juvenicida. El juvenicidio en este sentido es más que el homicidio de un joven; es el exterminio de la población jóven del país, en especial de las clases nacionales, los indígenas e indígenas mestizos, las y los trabajadores y las capas medias. Este crimen se centra en arrebatarnos nuestra fuerza vital, nuestra humanidad y nuestra potencialidad para transformar la realidad, es decir, centra su ataque con nuestra juventud toda, contra nuestra existencia.

El crimen se agrava porque nos lleva a convertirnos en agentes reproductores de la deshumanización, en hacernos juvenicidas. Al negar a las y los otros, al asesinarlos, explotarlos, prostituirlos, violarlos, nos estamos negando a nosotros mismos perpetuando la opresión. De la misma manera, somos nosotras y nosotros los jóvenes, quienes potencialmente hemos de procrear a las generaciones futuras, así que cuando nos agravian están atacando también a los que aún no están aquí, a las y los herederos de esta nación.

X. Crímenes contra la juventud, crímenes anticipados hacia el futuro

La juventud es sujeto fundamental de la reconstrucción de nuestra patria. En la juventud está inmersa no sólo la base biológica de la reproducción de la sociedad, sino las potencialidades de la refundación de la nación. Destruir a la juventud significa aniquilar el acumulado histórico de luchas de las generaciones pasadas. Destruir a la juventud significa negar una patria digna para las generaciones futuras. Destruir a la juventud significa hoy, la negación de la vida y la afirmación del proyecto de muerte.

El proyecto de muerte que opera hoy en México con una dictadura cívico militar, es parte del neoliberalismo más destructivo que haya existido en el planeta y el Estado mexicano en su conjunto uno de sus más salvajes ejecutores en el mundo entero.

Bajo un crimen general, el desvío de poder, las y los jóvenes de hoy hemos heredado un país destrozado. Con las bases materiales y humanas entregadas a los intereses más criminales que operan en la tierra, se nos trata de cerrar las posibilidades de darle una salida liberadora a esta situación.

Como denunciamos ya en esta Acusación el exterminio de la juventud se sostiene como la decisión del Estado por sacrificar, de manera reiterada, sistemática y creciente, a una parte de la sociedad, para acrecentar la lógica de la ganancia a la cual sirve. Este sacrificio ha sido gestionado, trans-sexenalmente, haciendo un uso perverso de los distintos instrumentos de medición y cálculo de población, para ofertar a la juventud como “bono demográfico” en el momento en que nuestro país entra en su pico de población joven.

La entrega de la juventud como “bono demográfico” es parte de la entrega de la soberanía nacional. No es sólo la negación de las posibilidades de futuro, sino la destrucción del pasado, sobre la base del presente. Se intenta liquidar el núcleo político básico posibilitador de la rebeldía y el alzamiento nacional. Destruir el núcleo fundamental de la patria, las fuerzas productivas humanas capaces de rehacer la personalidad histórica de los pueblos y asumir una acción política mayor: la refundación constituyente del país.

Hasta ahora el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México ha denunciado que es el desvío de poder el mecanismo base de la destrucción de la nación. Nosotras y nosotros, sostenemos que este crimen general sólo puede desarrollarse mediante el juvenicidio, el cual consideramos debe tipificarse entre los crímenes de lesa humanidad y de guerra y la comunidad internacional debe pronunciarse en ese sentido y buscar las distintas instancias en que este crimen pueda sancionarse como medida que garantice su no repetición. Apelamos para ello a:

El Artículo 6 del Estatuto de Roma, en el que se define al genocidio como los diversos actos que son perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, entre los que están: “a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

Al Artículo 7 del mismo Estatuto se define como crímenes de lesa humanidad a: “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género (…) u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o salud mental o física.”

XI. Los responsables

Por todos los agravios denunciados y sus móviles acusamos por el desvío de poder y el juvenicidio:

Al Estado mexicano en su conjunto. En el nivel legislativo, a las cámaras locales y federales.

A los ejecutivos de los gobiernos locales, estatales y federales. A las autoridades judiciales.

A los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), José López Portillo (1976-1982), Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012 a la fecha).

A los gobiernos firmantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Al gobierno de los Estados Unidos de América y en especial a sus organismos de seguridad y de intervención, como lo son el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la Agencia Federal de Investigación (FBI), la Administración para el control de Drogas (DEA), la Agencia de Alimentos y Drogas (FDA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

A los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las instancias de la Organización de las Naciones Unidas que han colaborado de distintas maneras con la comisión de los crímenes denunciados.

A las empresas trasnacionales y nacionales que saquean y devastan al país.

A los medios de comunicación que sistemáticamente ocultan y tergiversan la realidad de la nación ocupada. A los intelectuales, organizaciones no gubernamentales e institutos al servicio de la injerencia extranjera.

A las universidades y centros de investigación impulsoras del proyecto neoliberal.

A las instancias y grupos criminales extra-estatales, los narcotraficantes, paramilitares y otros.

XII. Peticiones al Tribunal

Que el TPP se pronuncie porque la justicia en México esté encima de todos los tratados y acuerdos internacionales de comercio que imposibilitan una salida humana y digna a la emergencia y el desastre nacional que vivimos.

Que exija que se reconozca a nivel internacional que vivimos una dictadura cívico militar, que vivimos un proceso de colonialismo o protectorado y que en ese sentido se dirija a la ONU y a otras instancias para que así sea reconocido el Estado Mexicano en su conjunto.

Que exija que se reconozca y condene el terrorismo de Estado en el que vivimos las y los jóvenes de México.

Que se pronuncie y condene la falta de democracia y la permanente violación a todos los derechos políticos, sociales y económicos de la juventud y las y los mexicanos en general.

Que se pronuncie para que se tipifique el juvenicidio como delito de guerra y de lesa humanidad , en todas las jurisdicciones internacionales y nacionales, y contribuyan a que este crimen pueda sancionarse como medida que garantice su no repetición.

Que se pronuncie por el cese de las agresiones materiales bajo todas las formas contra las y los jóvenes, porque impiden el desarrollo soberano de nuestro país.

Que exija que se someta a juicio político y judicial a todos los responsables del desmantelamiento de la Nación.

Que acompañe y recomiende las instancias internacionales a las cuales debemos de recurrir para denunciar el intervencionismo e injerencia de Estados Unidos.

Que acompañe y asesore sobre el debido proceso de denuncia que hay que realizar ante instancias internacionales para juzgar al Estado mexicano por el exterminio de una de las culturas más importantes del mundo, la nación de los hombres y mujeres del maíz.

Que se pronuncie por la reparación integral del daño en todos los ámbitos de la sociedad, para así poder tener como niños, jóvenes y generaciones venideras un futuro digno donde podamos desarrollarnos plenamente y así autodeterminarnos.

Que exija que se castigue a todos los responsables intelectuales y materiales del juvenicidio.

Que se pronuncie por la presentación con vida de todos los desaparecidos del país durante la guerra contra la juventud.

Que se pronuncie y condene el etnocidio en contra de las culturas y pueblos originarios.

Que se pronuncie por el respeto a la cultura e historia nacional.

Que se pronuncie por la reparación de los daños en la salud y en el ambiente, para así en la medida de todas las posibilidades regresar a un equilibrio ecológico y un ambiente sano.

Que se pronuncie por el respecto del carácter político, espiritual y de organización social comunal que el campo y la agricultura ha venido ofreciendo a México y que puede ofrecer en cualquier parte del mundo.

Que el TPP se pronuncie por la cancelación de todos los tratados de libre comercio que el gobierno mexicano a firmado con otros países y en especial el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Que el TPP exija que se cancelen las negociaciones del Acuerdo Transpacífico (ATP) y la Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (ATCI).

Que exija al Estado mexicano el respeto a los derechos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos de Argel.

Que se pronuncie por la libre determinación de los pueblos y naciones, así como el respeto a las formas de autogobierno basados en usos y costumbres.

Que se pronuncie por el cumplimiento y respeto de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Que se pronuncie por el respeto e implementación de la Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras.

Que se pronuncie porque en México se promuevan, defiendan y garanticen los derechos humanos y que se garantice el acceso a una vida plena, digna y libre para las y los jóvenes de México y para toda la población en general.

Que, bajo el amparo de los siguientes artículos de la Declaración de Argel:

Artículo 29.

Los movimientos de liberación deben tener acceso a las organizaciones internacionales y sus combatientes tienen derecho a ser protegidos por el derecho humanitario de la guerra.

Artículo 30.

El restablecimiento de los derechos fundamentales de un pueblo, cuando son gravemente ignorados, es un deber que se impone a todos los miembros de la comunidad internacional.

se reconozca y apoye al reconocimiento internacional de los pueblos de México para emprender la lucha por la liberación del país y en ese mismo sentido Que acompañe y aporte al proceso necesario de desarrollo de una Constituyente que recupere la nación y la refunde desde las necesidades de sus pueblos y habitantes.

XIII. De cara al viento (o a la tormenta), el camino luego del tribunal

Conscientes de que para reedificar es necesario destruir lo antiguo1 apelamos a los sentimientos de una nación que necesita levantarse y a su propia voluntad para trastocar desde lo más profundo el suelo ocupado y volver andar sobre los escombros del destrozo y reconstruir la nación.

Sólo tenemos dos opciones, las mismas que se tuvieron ayer: sucumbir ante el ataque de violencia y despojo de la libertad o levantar la voz y luchar por una transformación profunda. No estamos hablando de una lucha eterna, sino de una pelea que es hoy y es ya. Si no paramos el juvenicidio todo estará perdido. Sabemos que la reconstrucción de nuestro país sólo podrá darse librando batallas que destruyan la sociedad actual, pero también, a los individuos emanados de ésta. Pero una sociedad futura sólo se puede desarrollar desde el presente, por eso nuestro responsabilidad para con las generaciones futuras es actuar hoy. Sólo así lograremos desarrollar y hacer que crezcan las fuerzas creadoras que dormitan como posibles. Esta audiencia de la juventud es un puente hacia las generaciones futuras, con ellas y con el pasado es nuestro compromiso. Por eso hemos emprendido este camino. Por eso acudimos a este Tribunal. Nos ha movido la indignación y la rabia, pero sobre todo la certeza de que es posible cambiar el rumbo de la historia. Esta acusación es ahora para nosotras y nosotros una especie de programa, la hoja de ruta que habremos de seguir para desmontar los agravios y refundar estas tierras; una contribución a la tarea emancipatoria que coloca en una encrucijada hoy a la humanidad.

Ciudad de México, México

8, 9 y 10 de noviembre de 2014

1

 José María Morelos y Pavón (1812). “Medidas políticas que deben tomar los jefes de los ejércitos americanos para lograr su fin por medios llanos y seguros, evitando la efusión de sangre de una y otra parte”. Fuente: Archivo General de la Nación. Operaciones de Guerra, vol. IV, f. 79