C. ¿A quiénes acusamos?

Al Estado mexicano en su conjunto. En el nivel legislativo, a las cámaras locales y federales. A los ejecutivos de los gobiernos locales, estatales y federales. A las autoridades judiciales. A los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), José López Portillo (1976-1982), Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012 a la fecha).

A los gobiernos firmantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Al gobierno de los Estados Unidos de América y en especial a sus organismos de seguridad y de intervención, como lo son el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la Agencia Federal de Investigación (FBI), la Administración para el control de Drogas (DEA), la Agencia de Alimentos y Drogas (FDA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

A los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las instancias de la Organización de las Naciones Unidas que han colaborado de distintas maneras con la comisión de los crímenes denunciados.

A las empresas trasnacionales y nacionales que saquean y devastan al país.

A los medios de comunicación que sistemáticamente ocultan y tergiversan la realidad de la nación ocupada. A los intelectuales, organizaciones no gubernamentales e institutos al servicio de la injerencia extranjera.

A las universidades y centros de investigación impulsoras del proyecto neoliberal.

A las instancias y grupos criminales extra-estatales, los narcotraficantes,  paramilitares y otros.