10ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales
Declaratoria
Con la asistencia de 905 personas, provenientes de 62 organizaciones de 17 estados del país,1 además de 68 comunidades y 11 organizaciones del estado de Hidalgo, así como personas invitadas de Argentina y Brasil, nos reunimos en la ciudad de Tula, Hidalgo, cobijados por la generosa hospitalidad de nuestros hermanos de la Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (FIOAC-CNPA-MLN) para celebrar nuestra décima Asamblea Nacional y la audiencia complementaria sobre Devastación socioambiental y resistencia popular en el centro de México, en medio de la mayor crisis que haya vivido México como Nación.
En esta región hemos escuchado los testimonios y evidencias presentadas por distintos pueblos que nos han hablado de las innumerables muertes por todo tipo de cánceres y otras enfermedades degenerativas; de las omisiones, vejaciones y humillaciones que deben soportar los habitantes de pueblos enteros afectados por las actividades de empresas como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, ATC (Velsimex), Zigma Alimentos, Cargill, Lafarge, Holcim, Cementos Mexicanos, Cementos Fortaleza, Cruz Azul y Clarimex, entre muchas otras, cada vez que exigen justicia para sus muertos y sus enfermos; hemos sido testigos de que los habitantes del valle del Mezquital deben sufrir las consecuencias de un manejo irracional del agua en la Zona Metropolitana del Valle de México al arrojar sus aguas residuales tóxicas en las presas Requena y Endhó, responsabilidad compartida del gobierno federal y los gobiernos de los estados de Hidalgo, México y el Distrito Federal que actúan en este caso como una cadena de negligencia e impunidad ante el derecho de los pueblos a la salud y a un medio ambiente sano; nos hemos conmovido con los relatos de las familias afectadas por la explosión de la fábrica de agroquímicos ATC, propiedad de la empresa Velsimex, el 7 de abril de 2013, cuyas consecuencias seguirán sintiéndose en toda la región por muchos años más. No obstante, sobre todo hemos sentido la fuerza de las comunidades y organizaciones que luchan por la defensa de sus tierras, aguas, aire y salud en una entidad federativa gobernada con la más absoluta insensibilidad frente a la catástrofe humanitaria.
Desde que el PRI retornó al poder mediante la compra de la presidencia para colocar en ella a Enrique Peña Nieto, se agudizó el proceso de guerra social contra el pueblo de México que inició hace más de tres décadas y se intensificó con la aprobación y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre 1992 y 1994. Esta guerra desgraciadamente no tocó fondo con los más de cien mil asesinados y más de 25 mil desaparecidos que dejó tras de sí el criminal régimen de Felipe Calderón Hinojosa. Más bien, los doce años de panismo sólo sirvieron para sentar las bases de lo que en estos dos últimos años se ha cocinado como proyecto para la destrucción completa de lo que queda de México y que se evidencia en la cauda de reformas jurídicas e institucionales que el Congreso ha aprobado para entregar a poderes extranjeros la gestión de nuestra soberanía económica, política, social, cultural y ambiental.
El criminal asesinato de 6 personas y la desaparición forzada y probable ejecución extrajudicial de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, a manos de la policía municipal de Iguala, Guerrero, exhibe la complicidad entre el crimen organizado y el gobierno mexicano. Al margen de las responsabilidades políticas del PRD —partido que postuló, mantuvo y apoyó al presidente municipal asesino de estudiantes en Iguala incluso después de la masacre—, sostenemos que la responsabilidad recae en todo el aparato de Estado mexicano, en sus tres niveles y en sus tres poderes. En México, vivimos bajo el régimen de un gobierno asesino que, lo mismo coordina directamente la destrucción y/o desaparición de personas, que genera condiciones para que agentes privados (sean éstos miembros de bandas criminales, militares o paramilitares, bandas empresariales o políticas), lo hagan mediante el despojo de tierras, aguas y la salud de comunidades enteras. Ningún premio como “estadista” puede ocultar ya el talante asesino de Enrique Peña Nieto y su gobierno y toda inversión de capital, extranjera o nacional, en cualquiera de los sectores económicos que el gobierno mexicano ha despojado a la Nación, debe ser considerada un respaldo a la destrucción de los pueblos de México.
El Estado mexicano continúa hoy desviando el poder político y económico que detenta (pero que no obtuvo legítimamente) para favorecer y proteger los intereses de grupos particulares de poder bien identificados y, al mismo tiempo, violentar de manera sistemática todos los derechos individuales y colectivos de los pueblos de México, mediante la aprobación legislativa y la ejecución autoritaria de las reformas constitucionales en materia laboral, educativa, fiscal, de telecomunicaciones y energética, entre muchas otras. Cada una de esas reformas representa una clara amenaza que apunta hacia la intensificación de los despojos territoriales de numerosos pueblos indígenas, campesinos y urbano-populares, pero también la persecución política, judicial y criminal contra las organizaciones sociales creadas por los pueblos para la defensa de sus derechos.
Frente a estas y otras muchas destrucciones administradas por el Estado mexicano, las luchas de resistencia de pueblos, comunidades, barrios y organizaciones sociales han estado sometidas a intensas campañas de aislamiento, fragmentación, sectarismo, invisibilización, persecución y exterminio. La violencia asesina contra las mujeres, los jóvenes y niños, migrantes e indígenas, estudiantes y luchadores comunitarios representan ejemplos extremos de la barbarie a la que nos conduce el Estado mexicano. Entretanto, los medios masivos buscan incrustar en la opinión pública la idea de que las luchas populares están subordinadas a algún partido político, cuando la mayor parte de las luchas populares, como las nuestras, son completamente apartidistas., mientras que el gobierno aparece en esos mismos medios como promotor de los derechos humanos, protector del medio ambiente y respetuoso de los pueblos, con quienes simula estar en “diálogo permanente y abierto”. Hoy más que nunca, el discurso productor de la imagen autoconstruida del Estado mexicano contradice radicalmente sus acciones que son en realidad una amenaza continua de violencia que se manifiesta en cada una de las declaraciones de los integrantes de la clase política (sin importar su color), en los anuncios de obras y proyectos y en las “ofertas” de diálogo con las organizaciones populares.
Sin embargo, a pesar de los discursos huecos, hoy debemos condenar, una vez más, la acción criminal que ayer, 11 de octubre, destruyó la vida de Atilano Román, defensor de las comunidades afectadas por la presa Picachos a manos de un comando armado en Mazatlán, Sinaloa. Con acciones como esta, es claro para nuestra Asamblea que el Estado mexicano ha abandonado ya toda simulación y se ha convertido en el principal factor de descomposición en el país. La acción homicida contra Atilano refrenda nuestra convicción de seguir resistiendo contra los proyectos de muerte y continuar articulando luchas comunitarias en alianza con otros movimientos sociales.
Durante los últimos tres años, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, junto con otras más de 500 organizaciones de todo el país hemos trabajado en la documentación puntual de cada uno de los agravios que el Estado mexicano ha cometido (y aún comete) contra los pueblos de México, al imponer, por medio de la violencia sistemática, repetida e impune, políticas públicas y modelos de gestión política, económica, cultural y ambiental que favorecen el libre comercio, la privatización y desnacionalización de los recursos, las infraestructuras y los servicios públicos del país. Todos esos agravios han sido expuestos ante el más antiguo e importante Tribunal de conciencia creado por la humanidad para el juzgamiento de los crímenes de Estado: el Tribunal Permanente de los Pueblos. El trabajo colectivo de todas las organizaciones integrantes de la Plataforma Social del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ha acopiado el mayor expediente de violaciones a los derechos humanos y colectivos que se haya integrado en toda la historia del país y abre paso para que los pueblos de México, sus organizaciones sociales y la comunidad internacional exijamos juntos, además de una condena pública contra el Estado mexicano por crímenes de lesa humanidad, un juicio penal contra los individuos, empresas, grupos e instituciones responsables de la catástrofe humanitaria que se vive hoy en México, así como para demandar la abrogación de las reformas constitucionales neoliberales que aprobó el Estado mexicano a espaldas del pueblo, así como de los 14 Tratados de Libre Comercio que el gobierno mexicano firmó con más de 40 países, en especial el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En particular, nuestra Asamblea está por concluir un proceso de formación, documentación, argumentación, acopio, integración, sistematización y difusión de los 160 casos de devastación ambiental y violación de los derechos de los pueblos que conjuntamos en 15 audiencias (preliminares y complementarias) del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. El expediente final de esta catástrofe social constituye el don que la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales ofrece a los pueblos del mundo para evidenciar las consecuencias destructivas del libre comercio y para consignar, ante las generaciones futuras que no nos rendimos, que seguimos luchando juntos para alcanzar un mundo más justo para todos.
Por lo anterior, esta 10ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales anuncia que:
1) Hemos llegado al consenso de acudir y participar, en la medida de nuestras fuerzas, en la audiencia final del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, en la ciudad de México, los próximos días 12 a 15 de noviembre de 2014.
2) Iniciaremos un proceso intenso de visibilización y difusión de los resultados del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, dentro y fuera del país, con todas aquellas organizaciones hermanas que se solidaricen con nuestras luchas.
3) Continuaremos nuestro trabajo cotidiano de acompañamiento mutuo entre las luchas, de autoformación para mejor resistir las agresiones de gobierno y empresas, de vinculación con otros movimientos, dentro y fuera de México y de preservación de nuestros principios organizativos: independencia de las luchas, no dependencia del dinero, máxima autoridad de la asamblea y buscar todo el tiempo acuerdos de consenso, porque estos principios básicos nos han posibilitado mantenernos como un espacio autónomo, apartidista, independiente, solidario y congruente.
4) Nos llena de alegría y esperanza el que, como resultado del trabajo de esta 10ª Asamblea Nacional, nuestros hermanos de lucha en distintas comunidades y regiones del estado de Hidalgo anuncien la creación de una Asamblea Estatal de Afectados Ambientales, que buscará fortalecer cada una de las luchas y reivindicaciones de los pueblos frente al desprecio y violencia del Estado y las empresas públicas y privadas que destruyen el territorio y la vida.
5) Saludamos a nuestros hermanos de la recientemente creada Asamblea Popular por el Rescate Socioambiental en Mexicali, Baja California, a quienes extendemos nuestro abrazo solidario.
6) Participaremos en el proceso organizativo de la Constituyente Ciudadana, iniciativa de articulación de las resistencias sociales de todo el país en dirección hacia la reconstrucción del país. Saludamos a las organizaciones que se sumen a este esfuerzo y ofrecemos nuestra colaboración, en la medida de nuestras posibilidades.
7) Nos sumaremos, también en la medida de nuestras posibilidades, a la comisión organizadora de la movilización convocada el próximo 6 de diciembre de 2014, en conmemoración del centenario de la entrada de los ejércitos villista y zapatista a la ciudad de México. Repudiamos la usurpación que de esta conmemoración pretende hacer el gobierno del Distrito Federal.
8) Saludamos a nuestra organización hermana Jóvenes ante la Emergencia Nacional, la cual organiza la Audiencia temática sobre Destrucción de la juventud y generaciones futuras, que se llevará a cabo del 8 al 10 de noviembre próximos, en el Museo de la Ciudad de México como parte de los trabajos conclusivos del Tribunal Permanente de los Pueblos en México.
Todas las comunidades, pueblos, organizaciones y colectivos que participamos en la 10ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales deseamos expresar nuestra solidaridad con:
1) Los defensores ambientales comunitarios que son hoy presos políticos y perseguidos por el Estado mexicano, cuya libertad inmediata e incondicional exigimos: Mario Luna y Fernando Jiménez, del pueblo Yaqui de Sonora; Marco Antonio Suástegui, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), de Guerrero; Néstora Salgado, de la Policía Comunitaria, de Guerrero; los detenidos opositores al Proyecto Integral Morelos y aquellos que, en el estado de Puebla o cualquier otro del país, enfrentan la represión y el terrorismo del Estado mexicano. Seguimos, después de más de dos años, demandando, con San José del Progreso, Oaxaca, justicia para Bernardo Vásquez Sánchez, asesinado el 15 de marzo de 2012.
2) Las comunidades afectadas por el crimen industrial perpetrado por el Grupo México —propiedad del impune empresario criminal Germán Larrea (responsable último de la tragedia de 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila)—, después de haber derramado 40 millones de litros de sulfato de cobre en el cauce del arroyo Tinajas, en el estado de Sonora, afectando además los ríos Bacanuchi y Sonora, el cual tendrá consecuencias graves en la salud y la economía de los pobladores de estas cuencas, en una entidad federativa en la que la destrucción industrial negligente de las muy limitadas reservas de agua dulce debería ser penada severamente. Nuestra solidaridad con los afectados del río Sonora y con el pueblo Yaqui que defienden su territorio de la voracidad empresarial y gubernamental.
2) La lucha de los pueblos de Tepoztlán, Morelos y del valle de Lerma, en el Estado de México, contra los proyectos de ampliación de la autopista La Pera-Cuautla y Naucalpan-Toluca, respectivamente, los cuales se ha demostrado jurídicamente que son ilegales, pero que los gobiernos de Graco Ramírez y Eruviel Ávila pretenden imponer a cualquier precio, incluso el de la violencia contra los pueblos.
3) La lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, que no ha cejado en su defensa de la soberanía energética del país y de los derechos de los más de 44 mil trabajadores ilegalmente despedidos por el criminal gobierno de Felipe Calderón. Esta Asamblea demanda solución inmediata y respeto a los derechos de los más de 16 mil trabajadores electricistas que continúan en lucha.
4) La lucha de San Salvador Atenco y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, contra el renovado proyecto ilegal del aeropuerto de la Ciudad de México, que el gobierno de Enrique Peña Nieto, junto con los gobiernos del Estado de México, el Distrito Federal y numerosas empresas trasnacionales, pretende reactivar en el sitio del antiguo lago de Texcoco.
5) La lucha del pueblo ikoot y binnizá, agrupada en la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, contra los proyectos de granjas eólicas que, mediante el despojo y la violencia quieren imponer el gobierno federal y el estatal para beneficio de empresas trasnacionales, principalmente españolas.
6) Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que han salido a las calles de la ciudad de México a protestar por la imposición autoritaria de reformas que apuntan al desmantelamiento de esa estratégica institución de educación superior. A ellos les decimos que estamos con ustedes y nos solidarizamos con su lucha.
7) Finalmente, refrendamos una vez más nuestra exigencia de siempre. Ni hoy, ni nunca, aceptaremos sumisa o calladamente la siembra experimental, piloto o comercial de semillas transgénicas en todo el territorio de México, ni en cualquier otro lugar del mundo. ¡Fuera Monsanto y sus semillas asesinas!
¡Que viva la vida!
Tula de Allende, Hidalgo, a 12 de octubre de 2014, día de la raza.
1 Baja California, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.
